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Algunos legisladores del oficialismo esperaban escuchar de la ministra de Economía que el proyecto de Rendición de Cuentas podría contener un poco más de gasto para 2024, en las puertas de una campaña electoral en la que las encuestas no le son auspiciosas. Pero el mensaje de Azucena Arbeleche fue claro desarticulando esas expectativas: el texto que entrará al Parlamento mañana, viernes 30, contendrá, básicamente, el ya anunciado presupuesto para atender la problemática de la salud mental y las adicciones.
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Una economía que estuvo en recesión —tras el golpe más duro de una sequía que todavía no se acaba—, una recaudación resentida y algunas rebajas de impuestos decididos políticamente le dieron argumentos a Arbeleche.
El marco sobre el cual se discutirá el proyecto presupuestal —el último del período en el que es posible ampliar el gasto antes del año electoral— es el de un deterioro en las finanzas públicas que, para algunos analistas, genera presión si bien tiene carácter transitorio. Responde a una desaceleración de la actividad económica ante la sequía, al aumento de gasto circunstancial al acelerarse el programa de obras públicas y a la pérdida de recaudación del IVA a causa del “desvío de comercio” de los uruguayos hacia Argentina, enumeró Alfonso Capurro, socio de CPA/Ferrere e integrante del Comité Fiscal Asesor del Ministerio de Economía (MEF) creado como parte de la nueva regla fiscal y su institucionalidad asociada.
“Nos preocupa un poco. Pero esta evolución tiene un componente transitorio y cíclico” que “se va a revertir. No es algo que vaya a poner en riesgo la calificación crediticia o la sostenibilidad fiscal, pero sí va a hacer que el cumplimiento de las metas de la regla fiscal esté un poquito más apretado de lo que venía estando en los últimos dos años. Probablemente el resultado fiscal efectivo va a empeorar respecto al año pasado y los pilares de la regla se van a estar cumpliendo seguramente con menos margen de maniobra que antes. Esto ya lo sabíamos antes, que en 2023 y 2024 iba a estar más acotado, pero este evento transitorio acota más”, reflexionó en una reciente charla para clientes del Banco Itaú Uruguay.
Capurro y otros economistas de CPA volvieron a plantear esa visión el martes 27 en una charla sobre la coyuntura. Allí hablaron de una Rendición de Cuentas que “tendrá margen acotado para introducir aumentos de gasto” ante la caída de la recaudación y las “presiones adicionales sobre el resultado” fiscal dada la sequía, las reducciones en el IRPF y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y por el “ciclo electoral”. Con todo eso, según esa consultora, la regla fiscal estará “bajo presión: alguno de los tres pilares podría registrar desvíos en 2023-2024”.
En la anterior Rendición de Cuentas “el gobierno tenía proyectado un déficit de 2,7%, pero dadas las circunstancias de la sequía, es posible que se flexibilice la meta fiscal para este año”, afirmó por su parte Adriana Haring, analista de BBVA Research en una presentación efectuada ayer, miércoles 28.
Deterioro
Tratar de achicar la brecha entre ingresos y egresos del sector público fue una de las prioridades para la ministra de Economía, y varias medidas de recorte y reordenamiento dieron sus frutos en los primeros años del período, incluso cuando hubo gastos extraordinarios por el Covid. El déficit llegó a bajar al equivalente a 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en los 12 meses terminados en setiembre pasado —sin considerar los ingresos excepcionales por los llamados “cincuentones” desafiliados de las AFAP—, pero en los meses siguientes se produjo un deterioro. En el año terminado en abril pasado, el desequilibrio fue de 3,7% del PBI; mañana se informará el resultado a mayo.
En este contexto, Arbeleche llevará mañana al Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas del ejercicio 2022.
La ministra ratificó el viernes 23, en una reunión con legisladores del oficialismo, que el único incremento especial será de US$ 20 millones para reforzar la atención de la salud mental y el combate a las adicciones, informó El Observador. Esa partida ya había sido definida y anunciada en un Consejo de Ministros efectuado en mayo.
Esos US$ 20 millones se agregan a los US$ 337 millones incrementales que ya habían sido votados para 2024 en la anterior Rendición; se usarán para cumplir con el compromiso de recuperación salarial con los funcionarios estatales y para reforzar áreas como la educación y la seguridad.
