República Oriental de Inefop

La historia, en este caso, es que el gobierno difundió una docena de auditorías en distintas áreas estatales, a partir de las cuales acusó de “desidia” y “poco apego” a la pasada administración del Frente Amplio. Lo hizo el lunes 19, luego de un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou. El mensaje transmitido entre líneas fue que se estaba ante un hecho de primer nivel, trascendente y grave, que ameritaba una atención especial. Pero no logró colmar las expectativas de casi nadie. Fue, probablemente, el primer error importante de comunicación del actual Poder Ejecutivo, que se ha caracterizado por ser muy bueno en esa área.

El primero de esos factores es que el dinero que distribuye el Inefop, mediante el Fondo de Reconversión Laboral, no es suyo. Surge de un impuesto que pagan todos los empresarios y trabajadores privados. No es demasiado elevado, pero sí un monto que mes a mes la inmensa masa de empleados privados y de dueños de grandes, medianas o pequeñas empresas destinan de sus bolsillos para financiar programas de capacitación y “cooperar y brindar asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores” para la formación e investigación en negociación colectiva, según establece el denominado “literal Ñ” del artículo 2 de la Ley 18.406.

No es poco lo que se recauda para ese fondo. Más de US$ 4,5 millones entre 2017 y 2019, lo que equivale a cerca de US$ 4.000 por día. Es el dinero que reciben algunas gremiales empresariales y el PIT-CNT. Se les saca a todos para que unos pocos se hagan cargo de intentar mejorar la situación colectiva. Algo así como un Estado uruguayo pero privado y en miniatura.

El segundo factor es qué se hace con ese dinero. Lo que mostró la auditoría difundida por Búsqueda es que una parte importante se malgasta, al igual que lo que ocurre con los recursos públicos. La investigación revela que la “mayoría” del dinero que Inefop entregó a dirigentes empresariales y sindicales fue destinado a gastos que en principio nada tenían que ver con el destino que debieron recibir. Excesos de todo tipo.

“No se realizó ningún seguimiento ni evaluación del destino final de esos fondos”, señala el informe de la Auditoría Interna de la Nación. Dentro de los gastos dudosos, detalla la existencia de pagos por “cenas en local nocturno en la madrugada”; honorarios a abogados por litigios “ajenos al instituto” y otras tasas; reiteradas “compras en supermercados”; “service de vehículos”; catering y almuerzos; selección de personal, “clínica odontológica” y médicos; suscripciones a medios de prensa; sueldos de funcionarios no docentes de la plantilla de las instituciones (por el 100% de su nominal); mantenimiento edilicio; y cursos que no tienen vinculación con la negociación colectiva. La lista es larga y no sorprende demasiado. Es muy frecuente encontrar este tipo de dislates en la administración pública, así que tampoco es raro que se repitan entre dirigentes empresariales y gremiales. Son un fiel reflejo del país en el que viven.

El tercer factor es que también en este caso quedaron de manifiesto el doble discurso que adoptan y el cuidado con el que se tratan los que tienen vínculos con el poder. La viveza criolla mal entendida no solo campea en el Estado. También reina en la actividad privada, tanto del lado de los empresarios como de los sindicalistas. Los primeros piden recortar el gasto estatal y los segundos fortalecerlo pero redistribuirlo. Ahora, cuando tienen el dinero en la mano, los dos lo dilapidan, según demuestra la auditoría.

A su vez, el caso generó un revuelo importante el mismo jueves en el que fue difundida la información, pero luego todo volvió al silencio. En esa oscuridad lo quisieron mantener antes y allí retornó. Una posible explicación puede ser que algunos de los dirigentes empresariales involucrados tienen un vínculo cercano con integrantes de primera línea de la coalición multicolor gobernante y los sindicalistas mantienen una relación casi familiar con el opositor Frente Amplio. A nadie del sistema político le sirve que este tipo de situación explote y por eso prefieren que el episodio pase sin pena ni gloria, otro aspecto que lo llena de uruguayez.

Es cierto que, a partir de la auditoría al Inefop, se están discutiendo cambios al fondo de reconversión que se distribuye a las cámaras empresariales y el PIT-CNT, como se informa en esta edición de Búsqueda. La idea es acotarlo y hacerlo un poco más transparente. Sería importante que así fuera, pero igual o más importante sería cambiar la cabeza de los que lo reciben. Sin eso, serán otros los organismos que en el futuro tendrán los mismos problemas. Es solo cuestión de tiempo. Y no demasiado.