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El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) interrumpió los pagos a las gremiales empresariales y al PIT-CNT por concepto de formación e investigación en materia de negociación colectiva, tras recibir el informe preliminar de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) que advirtió “debilidades significativas” en el control de esas partidas (Búsqueda Nº 2.094).
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En los últimos días, además, esa agencia discutió y aprobó los mecanismos y el “plan de acción” que se presentará esta semana a la AIN para corregir los problemas de gestión del denominado “literal Ñ” de la ley que prevé esos desembolsos en apoyo a las organizaciones sociales. En ese marco, sus autoridades negociarán una reducción del “tope” del beneficio, que actualmente se ubica en US$ 1,6 millones. Desde el Poder Ejecutivo se pretende que ese monto sea “menor al actual”, dijo a Búsqueda una fuente oficial. “Se va a acotar el monto”, si bien se espera que eso se resuelva luego de un intercambio con los actores sociales que tienen representación en la conducción tripartita del Inefop.
El informante agregó que todavía no se está en esa etapa, porque el Poder Ejecutivo considera que el “mecanismo es más importante que el tope”, ya que este último era algo que se cumplía.
Indicó que la publicación de las conclusiones del informe preliminar de la AIN causó, entre algunos actores, “mucho miedo de perder el relajo que hasta ahora” había con los fondos.
La AIN todavía tiene en proceso el informe final sobre el “literal Ñ”, a la espera de analizar el plan de acción que presente el Inefop e incorporar los descargos que ya realizaron las organizaciones involucradas, explicó la fuente.
Consultados por Búsqueda, los titulares de la Cámara de Industrias (Gabriel Murara) y de Comercio y Servicios (Julio Lestido) prefirieron no hacer comentarios hasta que finalice la auditoría.
Esta semana el diputado Daniel Peña (Partido de la Gente) remitió un pedido de informe al Inefop para conocer el uso de los recursos del “literal Ñ” entre 2015 y 2020; los destinados a préstamos y fondos rotatorios; el salario y partidas a disposición de los ocho miembros del Consejo Directivo; los convenios con organismos relacionados con el PIT-CNT,la Cámara de Industrias (CIU) y la de Comercio (CCSU); y los recientes cambios en la secretaría ejecutiva y la gerencia de recusos humanos del instituto, entre otras cosas.
Reliquidación
El análisis de la AIN sobre el uso del “literal Ñ” entre 2017 y 2019 concluyó que la “mayoría” de los fondos se emplearon para “diversos fines ajenos” a lo previsto, desde pagos por “cenas en local nocturno en la madrugada” hasta reiteradas “compras en supermercados”, “service de vehículos”, en catering y “clínica odontológica” y médicos, por ejemplo. La auditoría recomendó “pausar los pagos” a las organizaciones sociales y “realizar una completa reingeniería” en el control de rendiciones” del “literal Ñ”.
A fines de setiembre, el consejo directivo del instituto acordó contratar un auditor externo para que revise las rendiciones de cuenta ya aprobadas entre el 2017 y el 2020 por ese concepto, observe aquellos gastos que no correspondan y realice la “reliquidación” de dichos gastos teniendo en cuenta los usos para los que están previstos en la normativa. En algunos casos, se prevé que del análisis de las rendiciones (con la documentación y la información adicional que eventualmente se pueda requerir a las instituciones involucradas) se genere un crédito a favor del Inefop por los montos que originalmente se liberaron y no estén justificados correctamente.
En el caso de aquellas rendiciones correspondientes al 2020 que aún no estén aprobadas por el consejo directivo, serán examinadas por la consultora externa de modo de “asegurar la independencia y consistencia” en el análisis, según un documento interno.
Por otro lado, el Inefop prevé crear su propia “Unidad de Auditoría Interna”.
Nuevo régimen
En los últimos días, el consejo directivo del instituto discutió parte del plan de acción para corregir los hallazgos señalados por la AIN. Y el martes 27 consensuó un “nuevo régimen” de aplicación del “literal Ñ” que regirá a partir de 2021.
La discusión giró en torno a algunas propuestas del Poder Ejecutivo, por ejemplo, de definir mediante un decreto —luego de consultar a los actores sociales— cuáles son las organizaciones habilitadas a solicitar la partida y explicitar el alcance de la redacción dada al “literal Ñ” (“formación”, “investigación” y “negociación colectiva”). Además, sobre si los pedidos de las partidas deben ser acompañados por un “proyecto detallado” de capacitación, a evaluar antes de asignarle recursos.
El Ejecutivo también sugirió la creación de un “comité técnico honorario sobre formación e investigación en negociación colectiva” con el rol de asesorar al consejo directivo del Inefop en los criterios de asignación de fondos, evaluación, etc. Además, propuso la creación de un “Fondo Concursable para la Formación e Investigación en Negociación Colectiva” en el instituto para el 2021, de cuyo reglamento operativo se encargaría el comité honorario mencionado.
