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La reafirmación del presidente Luis Lacalle Pou de que está resuelto a bajar el IRPF y el IASS si este año la economía crece más de lo proyectado inicialmente dio lugar, otra vez, a críticas: que el alivio no llegará a los sectores más humildes —al estar exentos de esos tributos—, que puede generar más inflación, que produce un impacto fiscal permanente.
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El 2 de marzo, al empezar su tercer año de gobierno, Lacalle Pou informó ante la Asamblea General que el alivio ocurrirá solo si se confirma que en 2022 el Producto Bruto Interno (PBI) se expande más de 3,8% en 2022. Eso es casi seguro: aun si en estos últimos meses la economía se estancara, el crecimiento sería superior a 5% en el promedio del año en curso (por el “arrastre estadístico” de los trimestres previos).
Sin avanzar en nuevos detalles, Lacalle Pou repitió que esa es una decisión tomada cuando le preguntaron al respecto en la conferencia de prensa del jueves 20, después de firmar el proyecto de reforma previsional. Algunos medios consignaron eso como un “anuncio” y le dieron un carácter noticioso.
“No estoy viendo un plan coherente”, tuiteó Facundo Márquez, novel presidente de la Unión de Exportadores (UEU). Alegó que el Banco Central (BCU) lleva adelante una política monetaria contractiva y eso se contrapone a la anunciada disminución del IASS y del IRPF como “política expansiva” por el lado del consumo. “Por donde se mire, pérdida de competitividad que terminará afectando el empleo y crecimiento”, señaló el empresario.
También en Twitter, varios analistas, consultores y contadores —algunos de izquierda o vinculados al Frente Amplio— agregaron comentarios en una dirección similar.
“En los 90, plan de estabilización con ancla cambiaria, insuficiente esfuerzo fiscal y salarios indexados con inflación cayendo provocaron presiones extraordinarias sobre el TCR (tipo de cambio real). La historia no terminó bien”, señaló Gabriel Oddone, socio de CPA/Ferrere. Añadió que el “lío fue varios años después” por “fragilidades que hoy no hay” y hubo algo de “mala suerte”. Pero “preferiría no depender de la suerte”.
En otro hilo, Oddone conectó la decisión de Lacalle Pou —una promesa electoral— con la reciente dimisión de la primera ministra de Reino Unido, quien quedó sin apoyo tras plantear un paquete de rebaja fiscal: “Bajo elevada incertidumbre externa y perspectivas de desaceleración en Uruguay, no afectar la credibilidad de la política económica es clave para no comprometer el crecimiento a largo plazo. Por eso, tomar nota del fracaso del plan de Liz Truss es útil”.
“A efectos fiscales, la consistencia de la política se debería leer en función de si afecta o no el resultado fiscal estructural. Acá es mucho más importante el rol de la reforma a la seguridad social anunciada que la reducción puntual” del IASS y el IRPF, opinó el economista Juan Manuel Patiño. El IASS recaudó US$ 311 millones el año pasado y el gravámen a las rentas de los activos casi siete veces más; sumados, aportaron el 20% de los ingresos totales de la DGI, calculó Búsqueda.
“Coincido totalmente” con el titular de la UEU y el “anuncio” del mandatario es “francamente inconsistente, respaldó Martín Vallcorba, un exasesor del Ministerio de Economía en gobiernos del Frente Amplio. Desde la perspectiva fiscal, cuestionó: “Parecería que la preocupación por el resultado” estructural de la regla “quedó por el camino o en el discurso. Es de suponer (y esperar) que una medida de este tipo (…) debería tener una opinión previa del Comité Fiscal Asesor” (CFA).
Para Marcos Soto, socio de CSC Uruguay, una “economía deficitaria, con deuda creciente”, un PBI que aumenta en parte “vía arrastre estadístico”, “frente externo en deterioro y pobreza infantil en el mejor de los casos estancada, no tiene ningún espacio para reducir impuestos a los sectores de mayores ingresos”.
Opinión del Consejo
Alfonso Capurro, otro socio de CPA/Ferrere que además es uno de los tres miembros de ese comité creado como parte de la nueva institucionalidad fiscal, hizo algunas puntualizaciones al comentario de Vallcorba. El CFA puede pronunciarse y asesorar al Ministerio de Economía solo a su solicitud y carece de atribuciones para evaluar impactos de política en términos de equidad o distribución del ingreso, señaló. Sin perjuicio de eso, recordó que en julio el comité se pronunció “sobre la importancia de mantener el enfoque estructural de las finanzas públicas.
“Coincido 100%” con la “valoración, rol y recomendación” del consejo señalada por Capurro, escribió el consultor Aldo Lema, otro miembro del consejo. Gerardo Licandro suscribió: “Totalmente de acuerdo. De nuestra parte, desde el ejercicio de la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de exigir el cumplimiento de esta regla” fiscal, afirmó en su cuenta personal el economista, que es gerente de Investigaciones Económicas del BCU.
“Un día preocupa que no hay derrame, otro día preocupa la pobreza infantil, otro día anunciamos que, si la economía vuela, vamos a tomar medidas que no colaboran con lo primero o lo segundo. Ya sé que es por elecciones (…), pero la forma también importa”, escribió Matías Brum, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas estatal.
