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El shock causado por la pandemia del Covid-19 está sacudiendo los cimientos de la economía mundial y provocará consecuencias que se sentirán por muchos años. Habrá que adaptarse tarde o temprano, y cuanto antes, mejor.
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El mundo del trabajo, los sistemas de seguridad social, la solvencia de los Estados, el comercio internacional y la globalización, el ritmo de crecimiento potencial a futuro, los niveles de pobreza y desigualdad, entre otros, deberán absorber el impacto del gigantesco shock que representa la crisis sanitaria. Para lograrlo, es necesario adaptarse a la nueva realidad, lo que no va a ser nada fácil ni placentero.
Dentro de lo trágica que resulta la situación, Uruguay cuenta con algunas ventajas relevantes que debe aprovechar. En primer lugar, el éxito obtenido hasta ahora en el combate contra el Covid-19 ha permitido que el país no haya tenido que tomar medidas extremas en términos de cierre de la economía. La mayoría de los “motores” ha continuado funcionando, con diferente intensidad, pero marchando al fin. Frente a los derrumbes de dos dígitos que se proyectan para la actividad económica en los países vecinos, y en casos como los de Italia, España y Francia, entre otros, Uruguay aparece muy bien posicionado.
Pero quizás la ventaja más relevante es que hace poco más de cuatro meses se procesó un cambio de gobierno, donde la coalición que resultó triunfante en las elecciones del año pasado había presentado a la ciudadanía un programa de cambios, que parecían ir en la dirección adecuada para intentar despertar al país del letargo en que había caído en el período 2015-2019. Para Uruguay, el Covid-19 profundizó los problemas que ya se arrastraban de mucho tiempo atrás, volviendo en consecuencia mucho más urgente la implementación de las reformas estructurales de las que siempre se habla pero nunca se concretan.
El Covid-19 hace que sea mucho más urgente todavía reducir el “costo país”, mejorar la rentabilidad empresarial para que pueda darse un repunte de la inversión y del empleo, y aumentar fuertemente la productividad de la mano de obra para sostener los niveles de salario real y empleo en el corto plazo, y mejorarlos sustancialmente en el mediano y largo plazo.
La crisis sanitaria hace que sea mucho más urgente conseguir accesos preferenciales a la mayor cantidad de mercados posibles, por más que ello será ahora seguramente más difícil ante el aumento de las tendencias proteccionistas que se vienen observando.
El coronavirus vuelve mucho más urgente el cambiar la gobernanza, la gestión y los objetivos de las empresas públicas, para que efectivamente se puedan reducir los costos de los combustibles, de la energía y de las comunicaciones.
La imprescindible austeridad que se había anunciado cuando el déficit consolidado orillaba el 5% del PBI antes del Covid-19, se vuelve ahora mucho más necesaria teniendo en cuenta que la economía será “más chica” por un buen tiempo, y por ende serán menores los ingresos del Estado. Desde el rol de las Fuerzas Armadas hasta el servicio exterior, el presupuesto de seguridad interior, el de salud y el de educación: todo debería ser sujeto a revisión a los efectos de detectar ineficiencias de gestión y poder reasignar recursos reduciendo el peso global del gasto sobre la economía.
Un capítulo aparte merece el sistema de seguridad social en su globalidad, imposible de sostener en las condiciones presentes. Dadas las actuales tendencias demográficas, los cambios que se están dando en el mercado de trabajo, los niveles de tasas de interés y las tendencias razonablemente previsibles de crecimiento de la productividad y de la economía, será imposible una reforma del sistema de seguridad social que le dé sustentabilidad financiera sin un recorte drástico de las prestaciones para los futuros usuarios. Eso pondrá a prueba la voluntad política de quienes deberán aprobar la reforma.
En estas y en muchas otras áreas, habrá que dejar de lado los discursos y mostrar con hechos concretos que el gobierno va a cumplir con lo que prometió durante la campaña electoral. Lejos de ser una eventual excusa para enlentecer la marcha de las reformas, la crisis sanitaria hace que el cambio prometido sea más necesario y urgente que nunca.
