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El cambio de base del índice de producción industrial presentado el lunes 22 por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) trajo como novedad algunas modificaciones en la estructura del sector fabril uruguayo respecto a comienzos de este siglo. “Se concentra más en alimentos y bebidas, naturalmente en papel y madera, y en algo que puede llamar la atención: la química y farmacéutica”, resumió el director del organismo, Diego Aboal.
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Desde la Cámara de Industrias (CIU) interpretan estos datos como una cierta reprimarización de la economía uruguaya que, aunque no es un problema “en sí mismo”, sí plantea desafíos en materia de desarrollo. Según dijo a Búsqueda el director del área de estudios económicos de esa gremial empresarial, Sebastián Pérez, “los países de bajo nivel de desarrollo” suelen tener un grado de “especialización” mayor y, en general, con menos contenido tecnológico. Sin embargo, a medida que estas economías crecen, también diversifican su producción y “amplían su portafolio de bienes de mayor complejidad”. Finalmente, alcanzando niveles de Producto Bruto Interno per cápita relativamente altos, vuelven a especializarse pero en productos “de elevado nivel tecnológico, de mucha innovación” y que requieren “personal mucho más calificado. ¿Qué le pasó a Uruguay? En materia industrial no logró transitar ese camino hacia bienes más complejos” y mantiene así su “modelo de producción de bienes primarios o agroindustriales”, afirmó.
El Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera (Ivfim) es publicado por el INE mensualmente, a partir de una encuesta que ahora abarca a unas 800 empresas fabriles privadas y públicas que aporta información sobre la producción (también releva datos de ocupación y horas trabajadas). Su nueva base pasó a ser del año 2018; no mostró cambios significativos sobre las tendencias del volumen observadas con la anterior base.
En cuanto a la estructura del sector, uno de los cambios más importantes respecto a 2006 (el viejo año base) fue la “concentración” en algunas ramas, como la de alimentos y bebidas, así como papel y madera, destacó Aboal. En contrapartida, cayó el peso de la refinación de petróleo que hace Ancap, que pasó de ser 16% del volumen físico en 2006 a 6% en 2018, así como el de la curtiembre y la rama textil.
La directora de Industria del ministerio sectorial, Susana Pecoy, destacó a Búsqueda que la actualización del año base del índice y la ampliación de la encuesta del INE ayudan a identificar “cambios en el entramado productivo”, lo que a su vez permite “identificar espacios de actuación y mejora para la industria”. Las autoridades ministeriales ven en ramas como la electrónica, la biotecnología y las industrias “creativas”, las principales oportunidades a futuro.
El rol estatal
Pérez consideró que “hay mucho por hacer por parte del Estado en materia de desarrollo industrial” en su rol de regulador y por cómo puede contribuir en materia de competitividad, infraestructura, inserción internacional y provisión de bienes públicos. “Quizás lo más difícil sea que el Estado sepa dónde debe meterse y dónde no”, apuntó. En cualquier caso, en su opinión, el sector público “siempre va a tener un rol relevante y protagónico, y va a ser un socio para el desarrollo”.
Para el asesor económico de la CIU, hay “condiciones que Uruguay hoy no tiene, principalmente desde el punto de vista de la calificación” de la mano de obra, y en las que el Estado podría intervenir, lo que favorecería el desarrollo industrial. “Es inviable que nosotros pensemos en producir bienes más sofisticados y con mayor contenido de innovación si el 60% de nuestros chicos no terminan la Secundaria”, aseveró. Por eso, agregó, “la respuesta es casi obvia: Uruguay necesita una reforma del sistema educativo, diría que probablemente sea lo más importante que tiene por delante, por encima de todas las reformas que se ponen como relevantes. En materia industrial es muy directa la relación entre calidad de la educación y lo que los países producen”.
Otro punto sobre el que Pérez hizo hincapié fue la necesidad de “mejorar la forma en que se fijan los salarios y el modelo de relaciones laborales” vigente. Según su punto de vista, a raíz de los “problemas macro que Uruguay tuvo principalmente de 2014 en adelante, sumado a un modelo de negociación colectiva miope que no internaliza acertadamente o asertivamente los cambios en la productividad o en los negocios”, las fábricas más intensivas en mano de obra –que ya enfrentaban problemas externos, como la competencia con países de Oriente– se vieron aún más afectadas. Según el asesor de la CIU, eso generó “un proceso de destrucción de empresas y de trabajo”, como en el caso de la industria textil.
Por el contrario, los altos salarios “no tuvieron ese efecto en las industrias intensivas en bienes de capital (Química y Farmacéutica), donde el peso de la mano de obra no es tan relevante. Entonces (estas empresas) no sufrieron los Consejos de Salarios miopes, o el tipo de cambio atrasado durante años por problemas macro”, sostuvo. En su opinión, eso explica al menos en parte la concentración de la industria en determinadas ramas.
“Tener una empresa en que uno pierde todas las libertades en cómo remunerar y organizar a su personal, es difícil”, afirmó. Por eso, dijo, “ya no es cuestión de ir hacia un modelo liberal o desprotector del trabajador ni mucho menos. Me consta que no es lo que pide el empresariado. Pero tenemos que ir hacia uno más equilibrado” en términos de relacionamiento laboral.
Tarifas
Por otra parte, Pérez identificó algunos puntos en los que el Estado también puede actuar: “Tenemos que construir un manejo fiscal mucho más eficiente, contracíclico, mucho más orientado a la inversión pública y menos al gasto público. La inversión pública en Uruguay es muy magra. No hay que gastar en cosas que no tienen sentido, que no son productivas; salvo el gasto social, todo lo demás habría que tratar de repensarlo”.
Además, desde la CIU están expectantes ante otras de las reformas que están en curso: el mercado de la energía. “Uruguay tiene que hacer un manejo de las tarifas totalmente distinto, que no esté asociado a las finanzas públicas. Aparentemente se está encarando, pero hay que ver que se consolide”, reclamó. Según Pérez, este aspecto “le pega mucho” a la industria, ya que es un sector “muy intensivo” en el uso de energía.
A propósito, el director de Estudios Económicos de la CIU se mostró conforme con la decisión del Poder Ejecutivo de no aumentar las tarifas anunciada el lunes 12 como un “apoyo” al sector productivo ante los problemas que trajo la epidemia de Covid-19. “Sinceramente, festejo que se haga un esfuerzo y que se presione a Ancap para que sea más productiva, más eficiente”.
