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Uno de los principales temas que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) tuvo entre manos en los últimos meses es la ampliación de la concesión de la Corporación Vial del Uruguay (CVU), sociedad que controla 100%, encargada del mantenimiento de las rutas, puentes y administración de los peajes.
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En 2001 la concesión le fue otorgada por 20 años, aunque después el plazo se prorrogó del 2016 al 2035. Actualmente el contrato de CVU abarca 2.600 kilómetros de red concesionada.
Ahora se necesita financiar las obras que son prioridad para el gobierno: hacer la doble vía en las rutas 5 y 9 (entre Pan de Azúcar y Rocha), y el tramo que resta en la 1 para llegar a Colonia. Además, al incorporarse la Ruta 26 (entre el empalme con la Ruta 3 y la ciudad de Río Branco) la concesión abarcará más de 3.400 kilómetros y se la extenderá hasta el 2051, dijo a Búsqueda el presidente de la CND, José Luis Puig. Indicó que eso se hizo en acuerdo con el Ministerio de Economía (MEF) y el de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y ahora se encuentra para la aprobación del Tribunal de Cuentas. El último paso será un decreto del Poder Ejecutivo.
Puig informó que se incorporan transitoriamente a la red concesionada las obras de reconstrucción de la Ruta 6 que se van a financiar con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, se incluirán otras obras por US$ 209 millones, previstas en el plan quinquenal 2020-2024.
Agregó que en la ampliación se define la herramienta de los Contratos de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiación (Cremaf) como otra modalidad de contratación que se utilizará para licitar las obras de doble vía.
Entre los ingresos previstos de la concesión están los subsidios ordinarios del MTOP por US$ 88 millones anuales hasta el 2051, los subsidios vinculados a los Cremaf (unos US$ 64,5 millones anuales por 10 años, desde 2024 hasta el 2033) y los vinculados a la recaudación en 13 peajes.
En los supuestos proyectados para la ampliación del contrato no se incluyeron como ingresos nuevos peajes, ni cobro de multas por radares, ni peaje satelital, indica un documento fechado en noviembre con la síntesis de la ampliación de la concesión de CVU. Apunta que no se consideraron dentro de los ingresos los US$ 578 millones que se preveía como recursos complementarios del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, cuya aplicación suspendió el gobierno.
Esta ampliación produce un “ingreso futuro cierto” basado en la recaudación de los peajes y los subsidios del MTOP hasta el 2051, y es a partir de esos fondos que la CVU prevé financiarse en el mercado de capitales a través de varias emisiones a partir del próximo año, explicó Puig. En junio pasado, la corporación hizo una colocación de títulos vinculados a un fideicomiso financiero por el equivalente a US$ 150 millones en total (Búsqueda Nº 2.128).
Otra empresa propiedad 100% de la CND es la Corporación Ferroviaria del Uruguay (CFU), que se creó en 2007 para ejecutar el mantenimiento de infraestructura de los trenes. A esa sociedad se le encargó la supervisión de la obra del Ferrocarril Central, que se prevé culminar en mayo de 2023. Luego tendrá el mantenimiento de la nueva red ferroviaria.
Puig dijo que si bien ahora CFU tiene un funcionamiento restringido (cuenta con tres funcionarios, más los contratados para hacer la supervisión), luego podría llegar a tener el mantenimiento de otras vías. A su juicio, es probable que a las nuevas cargas (además de madera y celulosa de UPM) se sumen otras en el resto del país.
En tanto, para Servicios Logísticos Ferroviarios (Self), que pertenece en un 49% a CND y 51% a AFE, el futuro no es tan claro, dado que le está dando pérdidas por esa participación, que se financian con aportes del MEF.
