En 2016, el llamado Marco Inclusivo para la implementación del Proyecto BEPS —para evitar la erosión de las bases y la transferencia de beneficios— fue el paso previo a la propuesta, en 2019, de dos “pilares” para abordar el tratamiento fiscal de las actividades relacionadas con Internet. En ese punto de la charla, el profano hubiera cerrado la sesión de Zoom.
El “pilar 1” o de enfoque unificado se focaliza en el nexo asociado al nivel de ventas —y no la presencia física de las empresas internacionales en determinada jurisdicción—, así como en la asignación de beneficios. El “pilar 2” se centra en la creación de un impuesto mínimo global destinado a abordar el “resto de los problemas BEPS”, describió Serra.
En el seno del Marco Inclusivo y luego de que la administración estadounidense de Joe Biden “destrabó” un acuerdo político entre las potencias mundiales, en julio se alcanzó un primer consenso en torno a estas iniciativas. “Ya no estamos en el ámbito de la economía digital, sino que este punto de inflexión se extiende a toda la economía en su conjunto y llega a otro tipo de negocios”, con las únicas excepciones de la industria extractiva y los servicios financieros regulados, explicó el asesor ministerial. Por ejemplo, dijo, las automotoras que realizan ventas en Uruguay, aunque no comercialicen vía Internet, también quedarían comprendidas a través de una imputación de una renta residual a la jurisdicción en la cual operan.
Estarán comprendidas las empresas integrantes de un grupo multinacional cuando el conglomerado tenga ingresos superiores a los 20.000 millones de euros y obtenga una rentabilidad superior al 10%. El monto (“A”) a tributar se fijaría entre un rango de entre 20% y 30% de la ganancia residual; eso quedará definido en octubre próximo. El instrumento multilateral que implementaría esto se pondrá a la firma de los países en 2022, para que rija desde el año siguiente. “Más cerca de lo que parece y más cerca de lo que todos esperábamos”, reflexionó Serra. Las discusiones en torno a un monto “B” llevarán más tiempo —hasta finales del 2022— y entrará en vigor desde 2024.
Para aterrizar la cuestión a Uruguay, el expositor planteó algunas preguntas en torno a este “pilar 1”. ¿El país podría no sumarse a esta regla? “Parecería que margen tiene. El problema es la consecuencia que podría tener el no brindar el consenso”, señaló. De hecho, ante la disyuntiva de dar o no su adhesión al acuerdo, el gobierno uruguayo se abstuvo, aunque por las reglas del Marco Inclusivo la no oposición o la abstención de un país lo hace parte. El asesor del MEF opinó que, con o sin consenso, el G7 —en cuyas economías está la “gran renta acumulada”— lo implementaría de todos modos.
Ante estos cambios Uruguay debería hacer “adecuaciones preceptivas para el derecho interno como compromiso”. Así, por ejemplo, adelantó que el impuesto a los servicios de Internet o la intermediación vía web creado hace pocos años “se va a tener que reformular. Ya no sería permitido”.
¿No hacer nada es una alternativa? “Uno podría no hacer nada. Lo que sí debería hacer es adecuar el régimen de imposición a los servicios digitales, derogarlo y quedarnos sin nada. Y no estaríamos incumpliendo con la norma. Una opción es no hacer nada, a no descartarlo”, señaló Serra.
“Broche” problemático
La propuesta de establecer una imposición mínima global a las empresas multinacionales sin importar el lugar donde tengan su sede o las jurisdicciones en las que operan es, según ese funcionario, un “broche, un cierre”, para “abordar los desafíos restantes de BEPS”.
La regla “GloBe” recaería sobre las compañías multinacionales con un umbral de ingresos superior a 750 millones de euros. Se estima que alcanzaría a algo menos de 10.000 empresas. En octubre debería definirse esa tasa mínima global, de al menos 15%, aunque la administración de Biden plantea un nivel de 21%. Estas normas del “pilar 2” deberían sancionarse en el transcurso de 2022 y entrar en vigor al año siguiente. Uruguay tendría que introducir modificaciones en la legislación nacional, pero no en sus convenios para evitar la doble tributación, señaló.
Serra repitió las preguntas al analizar este aspecto del acuerdo y su impacto para el país. En este caso, “no hay absolutamente ningún margen” para que Uruguay le escape a esta regla, dijo, y empezó a desgranar las posibles consecuencias cuando se aplique.
Con esto “se está neutralizando los regímenes de incentivos que otorga Uruguay y también la aplicación del principio territorial de imposición sobre la renta. Acá tenemos dos problemas de mucha relevancia para nuestro régimen tributario. En particular, estaría neutralizando el régimen de exención de zonas francas, del software —entre otros—, los incentivos tributarios de la ley de inversiones, la determinación ficta de la renta de fuente uruguaya (…), estaría neutralizando las rentas activas y pasivas de fuente extranjera”, enumeró. Esta “neutralización, de alguna manera se vería menguada por la excepción de sustancia” contemplada en el acuerdo, matizó.
Luego, comentó varias “medidas activas y opciones a explorar” por parte del gobierno. Entre otras cosas, dijo que debería concebirse una norma que permitiese gravar las rentas obtenidas en el exterior por parte de filiales, si la entidad controlante tiene residencia en Uruguay. Y como eventuales acciones “reactivas” a considerar, admitió que una opción es “no hacer nada” respecto a este segundo pilar. En ese caso, los regímenes de incentivos tributarios donde hay derechos adquiridos —por ejemplo en las zonas francas—, para las empresas de grupos comprendidos por el acuerdo, el impuesto que exonere Uruguay sería recaudado por otra jurisdicción; en esa situación “lo que habría es una resignación tributaria”.
También elucubró en torno a una posible “disquisición entre las multinacionales que están abarcadas y las que no”, e implementar una imposición adicional a la renta de los grupos comprendidos, igualando el impuesto a la renta (IRAE) con la tasa GloBe.
En el gobierno “no hay definiciones políticas, pero estamos empezando a andar… Si bien seguíamos los trabajos de cerca, estábamos muy a la expectativa” de las definiciones de la administración estadounidense, que “tenía la llave de todo esto. Hoy tenemos el 95% del pescado vendido: las reglas de base y cómo van a ser las potestades tributarias ya están muy claras”, comentó el asesor ministerial. Y como desechando las opciones de “no hacer nada” planteadas minutos antes, aseguró: “Nosotros, para implementarlo, asumiríamos que las normas legales queden sancionadas en 2022, con vigencia desde 2023”.
“Soberanía” e inversiones
En el espacio para las preguntas se colaron comentarios y opiniones de los profesionales que conformaban la audiencia del Zoom. “Nos guste o no nos guste, esto significa derogar el criterio de la territorialidad”, se lamentó uno.
“Esto nos lo veníamos venir todos, porque fue muy efectivo el procedimiento de la OCDE (...) para lograr incidir en la soberanía de los distintos países. Esto es un escalón más; también es un estadio intermedio porque, por ejemplo, estos umbrales son modificables, son achicables. Y a la larga, prácticamente podés decir que todos los grupos multinacionales van a quedar adentro”, planteó a su turno el contador Félix Abadi.
“Me cuestiono si un país, como Uruguay, puede tener conviviendo dos sistemas tributarios internamente, en función de si se alcanza el GloBe o no. Y eso distorsiona bastante las cosas…”, reflexionó. “No veo que mantengamos incentivos para unos sí y para otros… Lo veo tan complejo y de falta de ecuanimidad” que “a la larga va a generar una movida total del régimen tributario que tiene inspiración de fuera del país, y no nuestra. Eso se llama pérdida de soberanía”, insistió, señalando que con esto se tiende a la adopción de un “sistema unificado, por lo menos de los grupos transnacionales, con una creciente pérdida de soberanía. Alguna vez jorobaba con amigos de la DGI que podrían llegar a perder el trabajo, con una DGI unificada en el mundo…”.
Álvaro Romano, que fue subdirector de la Impositiva por una década (entre 2010 y hasta el cambio de gobierno en 2020), adhirió a la preocupación de Abadi. “Ahora claramente vamos a un callejón cuya única salida es consolidar este tema, de una centralidad tributaria que no sabemos qué consecuencias puede tener, en términos de soberanía, de administración y (…) tal vez los asesores privados también tengan en riesgo sus fuentes laborales”, afirmó.
Serra esquivó las “valoraciones políticas”, pero admitió que “desde el punto de vista técnico el objetivo final (del acuerdo) es llevar a que todos los países apliquen una lógica de renta mundial y neutralizar la práctica de incentivos tributarios. En el fondo hay competencias comerciales, y bueno, es parte de las lógicas de estos países que son muy competitivos”. Reconoció que es “difícil” pensar en algo “híbrido entre territorial y mundial, no sé en qué puede llegar a terminar”. De todos modos, para el asesor, “no hay que tenerle miedo a las palabras y a la hora de hacer un análisis” habrá que “abordar el tránsito a la renta mundial… Es una opción. Uno tiene que ser crítico y poner sobre la mesa”.
En el cierre, el presidente del IUET, Gustavo Melgendler, volvió a plantear preocupaciones para la “comunidad tributaria” —y a las que, desde su intuición, podría haber adherido el profano—: “Como vemos, hay una cantidad de interrogantes y cómo el país va a tomar esto (…), viendo los efectos que esto pueda llegar a tener, mismo en la captación de inversiones. Sabemos que de las más grandes de los últimos tiempos tienen diferentes exenciones y eso cómo va a jugar, más allá de ciertos compromisos que se tienen asumidos con las empresas que vinieron, “se está neutralizando los regímenes de incentivos que otorga a instalarse”.
