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    Se denunciaron menos operaciones sospechosas de lavado

    Cayeron 43% los reportes de agentes no financieros, lo que preocupa a las autoridades

    Con cifras preliminares, ya antes de terminar el 2019 autoridades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) habían transmitido a contadores y otros profesionales su preocupación por el descenso en el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de blanqueo de activos efectuados por ellos y otros actores del sector no financiero que están obligados a hacerlo.

    El dato de 143 reportes entregados hasta entonces (Búsqueda Nº 2.052) cambiaron poco en los días finales del año. En efecto, hubo tres más, con lo que la cifra de ROS presentados por parte de dicho sector llegó a 146. Fueron 114 menos que en todo 2018 (–43%).

    Sumando los reportes efectuados por bancos y otras empresas financieras (626), el total de ROS del año pasado fue de 775. Eso son siete menos que en 2018 (–1%), analizó Búsqueda a partir de estadísticas contenidas en la Memoria 2019 y Plan de Actividades 2020 de la Superintendencia de Servicios Financieros —de la que depende la UIAF— del BCU.

    En su informe final sobre Uruguay aprobado en diciembre y divulgado el miércoles 22, el Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafilat) había señalado como una debilidad que algunos sectores presentan una “muy baja cantidad de reportes (contadores, abogados, zonas francas, constructoras, vendedores de metales preciosos) y otros que por su riesgo relativo deberían mejorar la productividad (escribanos, inmobiliarias, rematadores y proveedores de servicios societarios). En mayo de 2019 eran 12.660 los sujetos obligados a declarar transacciones sospechosas de blanqueo de activos, entre ellos 7.368 notarios, 2.058 inmobiliarias, 1.568 usuarios de zonas francas, 949 contadores y 393 rematadores.

    Más allá de la cantidad de ROS hechos, es relevante su calidad.

    El Gafilat agregó: “Como resultado de las entrevistas in situ, uno de los principales factores de reporte mencionados por parte de los entrevistados, lo constituye la identificación de información pública negativa en algunos de los países limítrofes vinculada a clientes no residentes, operando en Uruguay. No fueron presentados otros factores recurrentes de relevancia que estén siendo considerados para el análisis y conclusión de operaciones sospechosas por parte de los sectores obligados, lo que podría caracterizar un proceso de reporte reactivo y no proactivo y anticipatorio con base en un análisis basado en riesgo. Ello se refleja también en que los entrevistados, casi en su totalidad, al momento de referirse a casos reportados, solo mencionaron casos vinculados a delitos de corrupción en Argentina o Brasil, así como también a la poca cantidad de investigaciones paralelas sobre operaciones locales realizadas por clientes residentes”.

    En general, los ROS presentan “buenos indicadores” de calidad con base en los últimos análisis realizados por la UIAF si bien existe una “oportunidad de mejora en los tiempos de presentación de reportes en el sector bancos”, añade el informe del Gafilat.

    En su memoria, la SSF se congratuló por el resultado de la evaluación global que se hizo de Uruguay en el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Destacó que fue el país que obtuvo mejores calificaciones entre aquellos americanos evaluados en la “cuarta ronda”, ya que no tiene ninguna de las 40 recomendaciones como incumplida o parcialmente cumplida. Pero admitió que en lo que hace a la “efectividad”, la evaluación en los 11 parámetros como “moderada” le imponen a Uruguay la “obligación de seguir mejorando” en ese aspecto.

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