Más de un año después, la mayor parte del dinero prometido por el grupo no llegó a la institución, Rampla Juniors enfrenta diversas deudas, entre ellas con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y descendió por primera vez en su historia a la Tercera División del fútbol uruguayo.
El fútbol uruguayo, discutido en el gobierno
Cuando brindó consultoría a Rampla Juniors, Gil Iribarne no ocupaba cargos públicos tras haber presidido la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) entre 2017 y 2020. Antes de presidir la Jutep, además, había liderado la Senaclaft entre 2005 y 2010.
Durante este gobierno retornó a la Senaclaft como asesor. Cuando regresó, dejó constancia por escrito de su trabajo con Rampla Juniors. “Quería que quedara claro que no podía estar de ninguna forma vinculado a tareas de supervisión ni fiscalización relacionadas con el club. Se trataba de evitar conflictos de interés y actuar con transparencia”, explicó a Búsqueda. Añadió que, tras haber emitido su opinión sobre el manual de cumplimiento, no tiene certeza de que Rampla Juniors haya efectivamente incorporado sus opiniones ni cómo lo ha implementado desde entonces.
La constancia de Gil Iribarne quedó plasmada en un correo electrónico que le envió el 25 de marzo de 2025 a su jefa, la secretaria antilavado, Sandra Libonatti. Si bien ya lo había conversado en reuniones previas, optó por mandar un mail después de enterarse de que en Presidencia de la República habían molestado ciertos comentarios públicos que realizó sobre el fútbol y el lavado de activos a Telenoche.
“Es posible que una SAD, cuando se instala en cualquier país, lo que esté aprovechando es un agujero para poder meter fondos no controlados. Es probable que se use para lavar activos, sí, el riesgo existe, sin duda, para mí no hay duda de que el riesgo exista”, afirmó en esa entrevista televisiva, el 6 de marzo de 2025.
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Sandra Libonatti, secretaria antilavado.
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
En su correo dirigido a Libonatti, le recordó que antes de asumir como asesor le había avisado que, estando “jubilado”, había colaborado con una SAD. “Me pareció imprescindible ponerlo en tu conocimiento en uno de los primeros intercambios que tuvo el equipo y plantear formalmente que, por ese antecedente, en mi nuevo rol me abstendría de actuar en cualquier instancia de fiscalización o supervisión relacionadas con Soriano FC SAD o Rampla Juniors FC”, dice el mail.
Soriano FC SAD es la sociedad que compró el fútbol de Rampla Juniors. Gil Iribarne relató que a comienzos del 2025 el presidente de esa entidad, Gastón Tealdi, con cuya familia tiene un vínculo de amistad “de años”, le consultó sobre las obligaciones en temas de prevención de lavado de activos porque habían firmado un contrato millonario con Rampla Juniors. Querían su opinión, según el relato, “sobre la mejor forma de cumplirlas adecuadamente”: requerimientos en materia de oficial de cumplimiento, manuales y análisis de riesgo, entre otros.
“Soy consciente de los grandes riesgos que en materia de lavado de activos presenta el negocio del fútbol uruguayo (independientemente de que los clubes se organicen como sociedades civiles o como SAD) y de las carencias que existen en materia de prevención y control, por lo que me pareció una solicitud muy respetable y valiosa en una SAD que ha recibido un importante aporte económico de un inversor extranjero, razón por la que le realicé los comentarios y consideraciones que me parecieron pertinentes”, añadió.
“Finalmente quiero señalar que no desconozco que en el fútbol uruguayo existen fuertes intereses económicos en pugna y enfrentamientos entre grupos definidos a partir de esos intereses y de sus respectivas estructuras institucionales (clubes tradicionales vs. SAD, cada uno con muy poderosos aliados) pero no soy ni quiero ser parte de esas pujas, no he tomado ni tengo por qué tomar partido y considero de vital importancia que eso no pase nunca por parte de ninguna autoridad estatal” “Finalmente quiero señalar que no desconozco que en el fútbol uruguayo existen fuertes intereses económicos en pugna y enfrentamientos entre grupos definidos a partir de esos intereses y de sus respectivas estructuras institucionales (clubes tradicionales vs SAD, cada uno con muy poderosos aliados) pero no soy ni quiero ser parte de esas pujas, no he tomado ni tengo por qué tomar partido y considero de vital importancia que eso no pase nunca por parte de ninguna autoridad estatal”
Gil Iribarne le pidió a Libonatti que le pasara el correo al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien había sido la persona que transmitió malestar por sus declaraciones. El exjerarca dijo que desconocía por qué sus afirmaciones motivaron ese malestar, pero quería aclarar las cosas para que no se pensara que tenía “animadversión” contra las SAD.
“Finalmente quiero señalar que no desconozco que en el fútbol uruguayo existen fuertes intereses económicos en pugna y enfrentamientos entre grupos definidos a partir de esos intereses y de sus respectivas estructuras institucionales (clubes tradicionales vs. SAD, cada uno con muy poderosos aliados) pero no soy ni quiero ser parte de esas pujas, no he tomado ni tengo por qué tomar partido y considero de vital importancia que eso no pase nunca por parte de ninguna autoridad estatal”, escribió al cierre de su correo.
De profesión contador, Gil Iribarne se ha especializado en transparencia, ética pública y lucha contra la corrupción, con una carrera de más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. En una entrevista concedida semanas atrás a Búsqueda, después de dejar su cargo en la Senaclaft, criticó a la actual y a la pasada administración por partidizar la Jutep y aumentar la desconfianza de la población en la política. Gil Iribarne no cuestionó la estrategia antilavado, aunque sí fue crítico con el desempeño del Banco República y el Banco Central.
¿Cómo llegó la SAD a Rampla Juniors?
El 20 de diciembre de 2024, 131 de los 157 socios de Rampla Juniors votaron en asamblea ceder la gestión del fútbol del club por 30 años a una sociedad anónima deportiva, Soriano FC SAD, presidida por Tealdi y encabezada por el inversor estadounidense Foster Gillett. El grupo no adquirió el club en su totalidad, sino la gestión del plantel profesional de fútbol, las divisiones formativas y la infraestructura deportiva, incluyendo el Estadio Olímpico en el Cerro y el predio de juveniles en Pajas Blancas. La asociación civil Rampla Juniors siguió existiendo como entidad propietaria del resto de las actividades sociales y las disciplinas del club.
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Cristian Medina, uno de los futbolistas en los que Foster Gillett invirtió en Argentina.
Estudiantes de La Plata
El interés de Gillett en Uruguay apuntaba a instalar una base legal y económica cercana a Argentina, con el objetivo de posicionarse ante una eventual habilitación de las SAD en ese país, donde aún están prohibidas.
En Argentina, otorgó préstamos y facilitó la llegada de jugadores en el marco de una asociación con Estudiantes de La Plata que terminó en conflicto. El mediocampista Cristian Medina, por ejemplo, arribó al club el 18 de enero de 2025 tras la ejecución de su cláusula de salida en Boca Juniors por unos US$ 15 millones a través del grupo de Gillett. En febrero fue transferido al Botafogo de Brasil.
Actualmente, el empresario estadounidense prepara una demanda millonaria contra el club argentino por daños y perjuicios, en un reclamo que incluye aspectos de la operación de Medina. En paralelo, la Justicia de Argentina ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Gillett y de Guillermo Tofoni, así como el secreto bancario de Boca Juniors y Estudiantes.
Tofoni es un empresario argentino y agente oficial de la FIFA, y la pieza clave en la estructura vinculada a la SAD de Rampla Juniors, ya que intermedió en la llegada de Gillett a Uruguay. El profesional uruguayo elegido para el armado de la sociedad anónima deportiva fue Tealdi, quien forjó un buen vínculo con Tofoni como vicepresidente de la AUF entre 2019 y 2023.
Tealdi hoy mantiene comunicación con Tofoni, pero no logra que Gillett envíe dinero a Rampla Juniors. Ante la situación, está encargado personalmente de buscar por su cuenta los fondos para saldar las deudas del club y permitir su participación en la Tercera División. “La SAD sigue, porque, si no, Rampla no juega”, afirmó Tealdi en abril en Sport 890. En la entrevista, reconoció que “la situación es compleja” y que, ante la falta de respuestas de Gillett, mantiene comunicación con Tofoni y otros intermediarios argentinos para conocer si llegarán recursos.
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Gastón Tealdi, el abogado al frente de la sociedad anónima deportiva que gestiona el fútbol de Rampla Juniors.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Cuando la SAD se oficializó, Gillett comprometió el desembolso de US$ 2,5 millones con el objetivo de lograr el ascenso a la Primera División en la temporada 2025 y renovar el Estadio Olímpico. Hasta ahora solo destinó US$ 1 millón, excusándose en supuestas barreras administrativas y legales que le impiden mover dinero de Estados Unidos e Inglaterra a Sudamérica.
Además de las actuaciones que enfrenta en Argentina por su vínculo con Estudiantes de La Plata —entre ellas, las que lleva adelante la Fiscalía Nº 3 en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires—, en marzo Montevideo Portal informó que en Uruguay la Senaclaft elabora un informe de fiscalización sobre la situación en Rampla Juniors.
En paralelo, también en marzo, la Justicia decretó el concurso necesario de la asociación civil Rampla Juniors —no de la SAD— debido a embargos acumulados de administraciones anteriores. Convocó a una Junta de Acreedores para el 22 de setiembre, donde se presentará el estado consolidado de deudas y activos, y los acreedores deberán expedirse sobre el rumbo a seguir.