Se ha entendido “poco a poco la importancia” del orden fiscal

Hoy el tema fiscal está en cuestión; el gobierno busca reducir un desequilibrio anual de 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras desde la oposición y sectores empresariales lo acusan de aplicar un ajuste fiscal que en la campaña electoral prometió no hacer.

“Para mucha gente en Uruguay los años sesenta son sinónimo del fin de un período de crecimiento y prosperidad”, una percepción que se basa en la prolongada estanflación, afirman. Y sentencian que la “magnitud del fracaso económico condujo a una crisis social y política que puso fin a la estabilidad democrática” en 1973.

Crisis y tiempos “dorados”.

En 1986 se inició una fase que Oddone y Marandino definen como de “impulso” económico, apoyada en shocks externos positivos, durante la cual disminuyeron los ratios de endeudamiento público y privado como resultado de una apreciación real de la moneda. Al inicio de los noventa, un nuevo plan de estabilización anclado en el tipo de cambio se complementó con un ajuste fiscal y una reducción de los aranceles en el marco del Mercosur, que permitió reducir la inflación, repasan.

El abandono del plan de convertibilidad en Argentina a fines de 2001 dio lugar en Uruguay a un empeoramiento de los números fiscales y una profundización de la recesión, lo que junto con una serie de eventos derivaron en una crisis bancaria en 2002. Tras el abandono del régimen de cambio administrado, la devaluación del peso colocó la deuda pública en un sendero de insostenibilidad. Luego vino, mediante un canje de bonos, una reprogramación de los vencimientos, historian.

Afirman que “al igual que en la década de 1970, el impulso de los noventa terminó con un freno repentino. A pesar de la gravedad de la crisis de 2002 que tuvo consecuencias económicas, sociales y políticas significativas, se hicieron una serie de cambios durante la década de 1990 que sentaron las bases de una economía más fuerte. Eso explica en parte la robusta recuperación desde 2003”.

Siguieron lo que llaman “años dorados”, hasta el final del período que abarca el análisis, dado el “súper ciclo” de precios de los commodities, además de políticas y reformas estructurales que instalaron un clima de negocios favorable, explican.

En esa etapa la inflación se mantuvo casi siempre por encima de la meta oficial, a la vez que la significativa apreciación del tipo de cambio real afectó la competitividad. El resultado fiscal primario (antes del pago de intereses) comenzó a deteriorarse como consecuencia de la “sostenida expansión del gasto” del gobierno y, sobre todo, la menor contribución de las empresas públicas, apuntan. Paralelamente, los esquemas de indexación salarial favorecieron la inercia inflacionaria. “Todo esto contribuyó, a finales de los años dorados con la consolidación de tres desequilibrios: el sector externo, las finanzas públicas y el sistema de precios (inflación y tipo de cambio real)”, advierten.

Según Oddone y Marandino, la apreciación del tipo de cambio real entre 2008 y 2013 puede haber hecho subestimar, como ocurrió en 1982 y 2002, la vulnerabilidad de la deuda pública a una depreciación cambiaria real.

En la última década, la consolidación de niveles de inflación más bajos resultaron en una disminución “sustancial” del impuesto inflacionario como fuente de financiamiento del déficit, constatan también. Aún así, dicho impuesto —que “cobra” el Estado por el efecto del alza de los precios— “sigue siendo importante”, aseguran.

Como una “lección” de la historia reciente los autores afirman que los “débiles mecanismos de transmisión de la política monetaria y la necesidad de tener un tipo de cambio flexible para gestionar los frecuentes shocks externos a los que está sometido el país, tornan el equilibrio fiscal en el “ancla de la estabilidad macroeconómica”.