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La discusión sobre posibles refuerzos de gastos para lo que queda del período se está abriendo con un punto de partida incómodo para el gobierno: el año pasado el déficit fiscal se amplió hasta niveles que algunos analistas miran con preocupación, junto con la trayectoria de la deuda.
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Por ejemplo, la calificadora de riesgo Fitch, que presta mayor atención a la evolución del resultado del gobierno central (porque es más comparable con otros países y lo considera de mayor relevancia para la dinámica del endeudamiento soberano) y no el de todo el sector público, observa que al cierre de 2016 hubo una “aceleración del deterioro fiscal estructural visible desde 2011. Esto refleja presión inercial en los gastos corrientes, por reformas de años anteriores e indexación de muchas erogaciones. Los ingresos han resistido bien la desaceleración económica, y de hecho han aumentado” por cambios en la liquidación de la renta empresarial y mayores aportes de las empresas públicas, dijo a Búsqueda Todd Martínez, que sigue a Uruguay desde Fitch.
“Este deterioro fiscal es un factor clave que ha restringido la calificación soberana del país en ‘BBB-’ desde la suba en 2013. Por eso el ajuste fiscal en curso es una buena noticia. Estaremos analizando si es suficiente para estabilizar la trayectoria creciente de la deuda gubernamental, la cual ya está por encima de la mediana de la categoría ‘BBB-’”, añadió.
El número que mira con atención Fitch es el del déficit del gobierno central, que pasó del equivalente a 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI) a fines de 2015 a 3,7% un año después. Eso obedeció al mayor aumento de los gastos en términos reales (4,5%) respecto a los ingresos (2,8%).
Pero si se considera no solo al gobierno central sino al conjunto del sector público, el desequilibrio fiscal global fue mayor, de 4% del PBI (U$S 2.162 millones), informó este martes 31 el Ministerio de Economía (MEF). Es el déficit más alto desde los primeros años de la década pasada, cuando la economía uruguaya atravesaba serias dificultades. Al cierre de 2015 el déficit había sido de 3,6% del PBI.
El resultado primario (sin incluir los intereses de la deuda) fue equivalente a 0,8% del Producto al cierre del año pasado.
El MEF destacó en un comunicado que acompañó las cifras que el resultado de las finanzas públicas al cierre del año pasado estuvo en línea con lo proyectado para la última Rendición de Cuentas.
“El deterioro fiscal que habíamos contemplado cuando se revisó la perspectiva de la calificación a ‘negativa’ no se logró corregir debido a los vientos en contra por el mal momento económico y por consiguiente, la nota de ‘Baa2’ sigue bajo mucha presión. Queremos evaluar cuál será la respuesta de las políticas macrofiscales ante este deterioro antes de definir cómo resolver la perspectiva ‘negativa’”, dijo a Búsqueda Jaime Reusche, analista senior de Moody’s.
En los primeros meses de 2016 el desequilibrio tomado en períodos anuales tendió a ampliarse. Eso encendió luces amarillas, para algunos analistas locales, bancos de inversión y de agencias calificadoras de riesgo. En mayo el gobierno anunció medidas de “consolidación fiscal” buscando reducir el déficit en U$S 460 millones, que la oposición tomó para reprocharle sus fallas al pronosticar el desempeño de la economía. Varias de estas medidas de ajuste fiscal entraron en vigor en 2017.
Mientras se discutía el ajuste en el Parlamento, dos calificadoras le mantuvieron la nota a Uruguay dentro de la categoría de bajo riesgo de incumplimiento de pago (investment grade) pero pusieron un signo de interrogación sobre su evolución futura, al pasar su perspectiva de “estable” a “negativa”.
El miércoles 1º, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión anual de la marcha de la economía uruguaya. Luego de señalar la “resiliencia” del país al contexto externo y “algunos indicios” de “recuperación reciente” que conducirá a un crecimiento de 1,4% este año, el organismo destacó el “compromiso claro” del gobierno con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y agregó: “El esfuerzo de consolidación fiscal es esencial para proteger la credibilidad ante los inversionistas internacionales que Uruguay ha ganado con tanto esfuerzo, y enfrentar las dificultades fiscales a largo plazo que implica el envejecimiento de la población”.
Entes.
El Poder Ejecutivo también tomó acciones intentando mejorar los números de las empresas públicas, cuyo desempeño afecta el resultado fiscal global. Hubo un seguimiento más estrecho de su gestión, y en el caso de Ancap se cambió al Directorio.
Los datos del MEF a diciembre mostraron que UTE, Ancap y Antel dieron ganancias en 2016, ANP arrojó un virtual equilibrio, en tanto que AFE y OSE perdieron. En conjunto, estas empresas públicas tuvieron un resultado positivo de U$S 518 millones, que se compara con utilidades por U$S 457 millones de 2015.
Antel, UTE, ANP y OSE hicieron transferencias a Rentas Generales por U$S 332 millones el año pasado.
Estos datos sobre las finanzas públicas a diciembre se conocieron justo cuando se lanza la negociación política para la próxima ley de Rendición de Cuentas. El último fin de semana el mandatario Tabaré Vázquez y sus ministros hablaron del tema en la estancia de Anchorena, al tiempo que está programada para el lunes 6 una reunión de las bancadas legislativas del oficialismo con representantes del Poder Ejecutivo y el presidente del Frente Amplio, con el proyecto de ley de Rendición de Cuentas como uno de los puntos centrales de la agenda. El concepto que se manejó en el encuentro en Anchorena fue el de “prudencia” en la programación del gasto para 2018, según un comunicado emitido este lunes por la Presidencia de la República.
