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En el contexto de la pandemia de Covid-19, “no es bueno sacar conclusiones apresuradas” sin haber examinado todos los factores y resulta “muy difícil” imputar la caída de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos a una causa concreta. Obedece a factores “múltiples”, entre los que la propia baja de la actividad económica aparece como uno sustancial en varios sectores. Así lo entiende la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), en un análisis preliminar al que accedió Búsqueda.
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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central reportó en su memoria, difundida a fin de marzo, que en 2020 recibió 694 ROS, una baja de 10,5% frente a los 775 del año anterior. Los bancos, casas de cambio, aseguradoras, empresas de transferencias de fondos, corredores de bolsa y otros agentes financieros canalizaron la amplia mayoría (626, la misma cantidad que en 2019) de esos informes de transacciones sospechosas de blanqueo; la caída en la cifra global se explicó por el menor número de ROS entregados por los agentes del sector no financiero que están obligados a hacerlo. Fueron 68, frente a los 149 del año anterior (–54%).
Ya en 2019 se había constatado una disminución en la cantidad de ROS, luego de un progresivo aumento en los años previos (hasta tocar un máximo de 790 en 2018).
En su memoria anual, la UIAF señaló que “no parece razonable pensar que la pandemia explique por sí sola esta caída” en los ROS en 2020. Agregó como ejemplo que si bien disminuyó la actividad inmobiliaria en los primeros meses del año, luego volvió a los niveles previos; pese a eso “el número de reportes recibidos de escribanos se redujo de forma importante”, casi 60% (de 33 a 14).
Por eso la UIAF pone el foco en otras posibles razones, como una “eventual reducción de la percepción de riesgo” como consecuencia de los cambios introducidos por la Ley de Urgente Consideración, la “reducción de la presión que generalmente ocurre” luego de superar una evaluación del Grupo de Acción Financiera (Gafi), así como un menor contacto con los sujetos obligados en el marco de la emergencia sanitaria. “Para revertir esta preocupante tendencia será necesario abordar el tema en forma conjunta con la Senaclaft” y los actores que deben hacer los reportes, añade.
Después de conocidas las cifras de ROS del año pasado, algunos actores políticos de la oposición reaccionaron de manera crítica. “Mala noticia que puede dañar la imagen internacional del país. Tal cual dice el informe de la UIAF del BCU uno de los motivos sería la baja de controles votada en la LUC, lo dijimos en su momento. Será un problema en próxima evaluación del Gafi”, afirmó el 30 de marzo en Twitter Pablo Ferreri, subsecretario de Economía en el último gobierno del Frente Amplio y ahora al frente del área de promoción de inversiones de la Intendencia de Montevideo.
Desde el BCU acotaron a Búsqueda la semana pasada que el organismo no recibió “comentarios de Gafilat” a propósito de las estadísticas del 2020.
Sector no financiero
El análisis preliminar de la Senaclaft —también llamada Secretaría Antilavado— referido al sector no financiero señala que el nivel de reportes fue heterogéneo por actividades, con baja entre rematadores, constructoras, casinos, inmobiliarias y proveedores de servicios; estabilidad en los explotadores de zonas francas; y un aumento en los reportes de abogados.
Señala que, “en términos generales, el volumen de negocios y actividad económica” del 2020 tuvo un “retroceso respecto a los niveles observados en años anteriores”. En el caso del sector inmobiliario hubo una baja “importante” en el mercado, con menos “transacciones con intervención de inmobiliarias” y “presencia de inversores extranjeros debido al cierre de fronteras”. A su vez, los casinos debieron cerrar por varios meses en el marco de las medidas sanitarias contra la epidemia de coronavirus; la baja de 49% en sus ROS “tendría entonces una correlación muy fuerte con la caída de la actividad anual”. Y tomando en consideración que esas salas de apuestas representan uno de cada tres reportes del sector no financiero, “es esperable” que el descenso en el número de sus ROS “signifique una baja importante” en el total del sector, acota la Senaclaft.
Respecto a la supervisión y fiscalización, indica que en 2020 el contacto directo (y presencial) con los supervisados en un contexto de epidemia “se vio afectado”, por lo que hubo contactos con los obligados a través de medios virtuales. La supervisión in situ debió ser suspendida entre marzo y fines de octubre de 2020 cuando se realizó un “operativo masivo” que abarcó a más de 100 empresas que operan en zonas francas.
Sobre los cambios normativos introducidos por la LUC, el informe puntualiza lo siguiente: “Desde la Senaclaft hemos manifestado en varias oportunidades, coincidiendo con todos los especialistas en la materia, que los mismos no han implicado una variación significativa” para el sistema de prevención de lavado, “en tanto el análisis de riesgo del cliente y de la operación no ha desaparecido, permitiéndose únicamente al sujeto obligado la realización de una debida diligencia simplificada frente a operaciones bancarizadas (es decir, que el mayor control radica ahora en el sector financiero) y exclusivamente cuando no ocurre otro factor de riesgo que lleve a aumentar los controles. Sin perjuicio de ello, es posible que falte un mejor entendimiento por parte de los diferentes sujetos obligados de los cambios operados y del alcance de los mismos, para lo que entendemos serán claves en este año los contactos a desarrollarse con distintos referentes de los sectores y los trabajos de supervisión y fiscalización proyectados, en la medida que la situación sanitaria del país lo permita”, indica en su análisis.
