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    domingo 14 de julio de 2024

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    Secretaría Antilavado pide cambios al sistema de control, pero no promete “resultados espectaculares” porque es un tema complejo

    “Si estuvo bien hecho el lavado de activos, si hubo los adecuados asesoramientos a los delincuentes para poder ingresar a la actividad económica esos dineros de origen delictivo, y cubrieron el rastro adecuadamente, es muy difícil hacer la ingeniería inversa”, justifica Jorge Chediak

    Las autoridades de la Secretaría Nacional para el Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) recibieron el informe que elaboró Alejandro Montesdeoca, un experto contratado para elaborar un análisis de riesgos. El documento describe las varias “vulnerabilidades” del sistema uruguayo y su falta de resultados.

    El titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, dice que los hallazgos del experto no lo tomaron por sorpresa. Y que la preocupación de las autoridades está desde hace tiempo centrada en la falta de resultados concretos en materia de represión del delito de lavado de activos. Casi no hay condenas por blanqueo de capitales, aun cuando decenas de personas terminan en prisión por otros delitos vinculados como el narcotráfico.

    Chediak dice que ese fue el motivo principal por el que se creó la primera Fiscalía especializada en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, para que concentre la investigación de ese delito con el apoyo de la Senaclaft. En la próxima Rendición de Cuentas el jerarca espera que se incluyan cambios en la estructura del sistema antilavado, lo que implicaría unificar el trabajo que hacen hoy la Senaclaft y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central.

    Las modificaciones propuestas, aclara Chediak, no darán “resultados espectaculares”. Casi nadie los obtiene, añade el actual presidente pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

    A continuación, un resumen de la entrevista que Búsqueda mantuvo con Chediak y sus asesores Patricia Laburu y Gustavo Misa.

    —La Senaclaft recibió el informe del experto contratado para hacer un análisis del sistema antilavado y marcó muchas vulnerabilidades. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que saca usted del informe?

    (Jorge Chediak) —Lo primero a destacar es que se hizo en tiempo y forma. Es decir, dado que las evaluaciones mutuas de países que hace Gafilat tienen un distanciamiento que más o menos es de 10 años, estamos pensando que en la quinta ronda que empieza el año que viene nos toque, como país, ser evaluados más allá del 2028. Con prudencia, se hizo nuestra evaluación de riesgo a mitad del periodo, es decir, con tiempo para no solo evaluar lo que pasó en estos cinco años, sino de tener tiempo de diseñar una estrategia a partir del diagnóstico y tener tiempo de implementar en forma importante esa estrategia nacional. Habíamos manejado con intuición algunas cosas y el análisis no arrojó mayores novedades o sobresaltos que no se hubieran previsto. Por ejemplo, habíamos hablado que estábamos un poco despegados de la región en cuanto al contralor del sector de venta de autos de alta gama y también embarcaciones y aeronaves, porque estaba regulado como sector obligado en la región y Uruguay no lo tenía. Eso se termina mostrando en la autoevaluación nacional de riesgo. Habíamos hablado de la particularidad, un poco a la uruguaya, del funcionamiento institucional en el cual básicamente hay dos cabezas, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países de la región, en donde hay un coordinador nacional y un supervisor de la totalidad del sistema. Aquí tenemos separado el sector financiero y el sector no financiero; el sector financiero a cargo del Banco Central y el sector no financiero a cargo de la Secretaría Nacional Antilavado. Allí se señala que hay varias modalidades y que sería al menos fructífero analizar si continuar o no con esta situación de separar la supervisión de los sectores, por supuesto, exclusivamente en relación con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lo hemos señalado también, hay que seguir trabajando para obtener resultados. En el informe se señala que a partir de que esta problemática se incorpora al derecho interno del Uruguay han pasado seis gobiernos, obviamente de todas las tendencias, y que todos han propendido a fortalecer el sistema, pero que, sin embargo, todavía queda bastante por hacer. Sobre todo, lo hemos señalado, en el fortalecimiento institucional de la Senaclaft, probablemente eso también se aplica a la UIAF del Banco Central.

    (Gustavo Misa) —El sistema antilavado tiene tres grandes patas: la parte preventiva, la parte de detección y la parte de represión. La parte de represión, previa a esta evaluación nacional de riesgos, habíamos tenido la sensación de que no se estaba cumpliendo demasiado con las recomendaciones internacionales y por eso, a influjo de la secretaría, se planteó la necesidad de crear la Fiscalía especializada. Obviamente nos quedan las otras dos patas que son la de prevención y detección. Ahí Uruguay tiene oportunidades de mejoras importantes, sobre todo en lo que es toda la parte del funcionamiento de las instituciones.

    —Ustedes planteaban que no los tomó por sorpresa el informe externo y sus conclusiones. El informe señala que no se tienen los resultados que debería tener, y usted mencionaba que van seis gobiernos que lo construyen. ¿Qué sentido tiene montar un sistema durante décadas si luego no da resultados?

    (JC) —La realidad… nosotros, sin tratar de sacarnos ni un gramo de la responsabilidad que como autoridades nacionales pueda recaer sobre nuestros hombros, lo que decimos es que esta materia es muy difícil de implementar y más difícil aún es tener resultados. Por eso hemos dicho que resultados espectaculares, tanto en materia de prevención como en materia de represión, nadie tiene. No tienen en la región, puede haber un par de ejemplos en el mundo, pero tampoco es que haya una lista larga de países que sí obtienen resultados. La temática es muy difícil, la prevención es difícil y la represión es muy difícil. Lo decimos una y otra vez, lo venimos diciendo, y seguramente mis antecesores también, desde que asumimos: no es un delito, en la parte represiva, fácil de perseguir. Para nada. Si estuvo bien hecho el lavado de activos, si hubo los adecuados asesoramientos a los delincuentes para poder ingresar a la actividad económica esos dineros de origen delictivo, y cubrieron el rastro adecuadamente, es muy difícil hacer la ingeniería inversa. Esa es la realidad. Entonces, se instrumenta de parte de GAFI todo este sistema preventivo que, por supuesto, tampoco tiene eficiencia y resultados espectaculares. Incluso, cuando la discusión y visión no coincidente con la UIAF en cuanto a que hubiera un reportes de operaciones sospechosas (ROS) más o menos, nosotros dijimos que a eso sí hay que prestarle atención y trabajarlo, pero que el gran problema aquí es que las persecuciones penales en cualquier período, por año o como se quieran estadísticamente evaluar, son pocas. Las que se inician son pocas y las que se culminan exitosamente son menos. Y que ese sí era el problema a atacar, porque además Gafilat, en la quinta ronda, hace especial hincapié en esta parte represiva. En los éxitos que se tenga en la represión no de los delitos precedentes, no del narcotráfico, no de la trata de personas o la corrupción, que no es el punto de mira del GAFI, sino en el delito de lavado de activos. Nuestras estadísticas son bajas, en la región no son tan disímiles, pero por eso fue que surgió y se logró materializar con el apoyo de todo el espectro político, lo cual habla muy bien del Uruguay, la Fiscalía especializada en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Y la posibilidad, ampliando las competencias de la secretaría, de que pudiéramos dar una mayor apoyatura técnica al trabajo de esa Fiscalía. Pero volvemos, no hay resultados espectaculares, hay que trabajar para mejorar los resultados, pero sobre todo en la parte de la represión penal. Hay de parte del gobierno y del sistema político, una fundada esperanza en que con esta Fiscalía mejore, gradualmente, el panorama.

    —Hacen mucho énfasis en la Fiscalía especializada, pero hoy hay muchísimas investigaciones sobre delitos precedentes del de lavado como narcotráfico que deberían estar acompañados de una investigación sobre blanqueo. ¿Había que esperar a crear una Fiscalía? ¿Por qué no se pudo mejorar los resultados antes?

    (JC) —Lo hemos señalado, sobre todo con base en los 40 años de experiencia en la Justicia. Básicamente, y sin que sorprendiera a nadie, la gran alegación de la Fiscalía y de fiscales individuales era que las fiscalías estaban atoradas. Tenían centenares de casos. Y básicamente volvemos a decirlo, es más fácil llevar adelante y obtener elementos de convicción suficiente e indicios que puedan llevar a la prueba de la existencia del delito precedente, y por ende hacer un acuerdo, que es por donde culminan más del 92% o 93% de todos los procesos penales. Hacer ese acuerdo por el delito precedente. Establecer una pena, establecer un comiso por el delito precedente. Resultó impracticable cumplir con la normativa que exigía hacer una investigación paralela por lavado de activos y llevarla adelante. Por eso hemos reiterado, es muy difícil la investigación y, básicamente, las distintas fiscalías no lo estaban haciendo. De ahí los números bajos. Se focalizaban en castigar al delincuente por el delito precedente, obtener una condena, algún tipo de incautación por el delito precedente, sea narcotráfico —la gran mayoría—, corrupción o cualquiera de los treinta y pico de delitos precedentes. Y por asistencia al lavado, no por el delito de lavado de activos como está definido en la normativa del GAFI. Por ende, como esas fiscalías tenían cada una centenares de casos y se concentraban en delitos precedentes, la única solución viable… Recuerde que habíamos tratado de concentrarlas en las fiscalías nacionales de estupefacientes, se aprobó la normativa y no funcionó. No se pudo culminar ese proceso, readjudicando los distintos casos y logrando una mejora de los números. Por ende, esta vez las distintas patas del sistema entendimos por consenso que se podía transitar el camino de la Fiscalía especializada, que no tiene sobre sus hombros la mochila de esos centenares de casos precedentes, sino que exclusivamente se focaliza en los casos de lavado.

    (GM) —No hubo solo un cambio en cuanto a que se creó la Fiscalía especializada. Nace como una idea de un cambio en el sistema de investigación. La Fiscalía especializada empezó a trabajar hace solo unos meses, tiene funcionarios que si bien tienen alguna experiencia en lavado de activos, vienen de otras fiscalías, por lo que necesitarán formación. Lo que pretendemos, y fue un poco la idea de la creación de la Fiscalía con el apoyo de la Senaclaft, es hacer una investigación en conjunto, que obviamente va a llevar un tiempo para que se amalgamen los equipos de trabajo. Hoy la Fiscalía es quien dirige la investigación y el fiscal es el que le pide colaboración a la secretaría, la idea nuestra es que sea más de ida y vuelta y que la secretaría pueda participar activamente en la investigación.

    —Suele mencionarse que las cárceles están repletas de ladrones de poca monta, mientras que casi no hay delincuentes de cuello blanco…

    (JC) —Hay delitos más fáciles de perseguir que otros. Hay delitos que con solo verlos uno se da cuenta de que es delito, como una rapiña y un homicidio. Ahora, hay delitos más complejos, delitos que incluso no pueden filmarse ni en cámaras HD y que ni parecen delitos, porque no son disímiles, en principio, a las actividades lícitas. Los movimientos de dinero son lícitos, las compraventas son lícitas, deben presumirse lícitas porque la gran mayoría de ellas lo son. Que alguna de ellas se puedan llevar a cabo con fondos de origen delictivo, sí. Que eso las transforma en lavado de activos y por ende en operaciones delictivas, también. Pero en apariencia son iguales. De ahí la dificultad y de ahí la pesada carga que se establece sobre más de 13.000 sujetos obligados, de hacer la debida diligencia, que tampoco es fácil, y a partir de ellas hacer el reporte de operación sospechosa a las autoridades.

    —En el Parlamento usted fue crítico con el uso de los acuerdos abreviados. ¿Cree que deberían eliminarse de esta materia?

    (JC) —Nosotros, en la encarnación anterior, habíamos ido proponiendo, acordando incluso con el ministro Bonomi, no en su momento con el titular de la Fiscalía de Corte (Jorge Díaz), algunas restricciones, algunos acotamientos a la aplicación del proceso abreviado. Aspirábamos incluso a dejar todas las rapiñas por fuera del proceso abreviado, para bajar ese porcentaje tan alto de procesos abreviados en comparación con el proceso ordinario. Todavía sigue habiendo proyectos, sigue habiendo ideas para llevarlo adelante. Podría ser, sí, que en algunas situaciones de macrolavado se dejara específicamente por fuera de la posibilidad de recurrir al proceso abreviado. El problema nuestro no es que haya demasiados procesos abreviados por lavado de activos, el problema nuestro es que no hay un número sustancial de procesos ordinarios o abreviados por lavado de activos. La principal apuesta es a mejorar esos números y a tener condenas exitosas por el delito de lavado de activos. Lo hemos visto, lo hemos señalado, ya en la cuarta ronda de evaluación del GAFI se está haciendo mucho hincapié en el tema. Le costó sangre, sudor y lágrimas a Paraguay y Ecuador este tema.

    —En la comisión parlamentaria y en la entrevista mencionaron la propuesta de crear esa estructura que centralice el combate antilavado. ¿Debería estar dentro o fuera de la presidencia?

    (JC) —No se trata de crear demasiado, sino de redistribuir lo que hay hoy. Hoy hay una situación en la cual nosotros, la secretaría nacional, supervisamos al sistema no financiero, más de 13.000 sujetos obligados, mientras que el Banco Central del Uruguay supervisa a unos 500 bancos y entidades financieras. Lo que se está hablando con el Banco Central es que, como señala el informe, esto es atípico, no es lo que sucede en la región. La idea es ver si se puede rearticular la estructura institucional para que sobre unos hombros únicos recaiga la supervisión total. Esa es la idea. Lo natural es que caiga sobre los hombros del coordinador nacional. Luego, todo lo otro vendrá por añadidura, qué grado de autonomía tiene, dónde puede estar relacionándose con la estructura del Estado. Bueno, eso habrá que conversarlo. Pero volvemos, lo que viene recomendado desde la última evaluación de riesgo es dotar de mejor estructura a la Senaclaft y creo que esto también es trasladable a la UIAF. No es una situación ideal que el 90% de los funcionarios de la Senaclaft sean funcionarios de otros organismos que, por la vía del pase en comisión, estén prestando funciones aquí. Porque la idea es capacitar funcionarios permanentes que apliquen las capacitaciones a esta materia y no que, si cambia el gobierno, si cambia el coordinador, terminan volviendo a sus organismos de origen.

    (GM) —Lo importante es que el supervisor sea una institución fuerte, que tenga una determinada autonomía presupuestal y sobre todo que tenga funcionarios estables. Ese es el gran problema que tenemos y que probablemente va a salir reflejado en el informe de evaluación nacional de riesgos. No se trata de complejizar y de aumentar los costos de este servicio, lo que sí tendemos a pensar es que para que la institución que supervisa y apoya a la Fiscalía tenga realmente un cimiento fuerte, tiene que tener funcionarios propios. No hay mucho misterio en eso, fue una de las observaciones que hizo el Gafilat.

    —¿Cree que el sistema político, que dice acompañar la preocupación por el tema lavado, va a aumentar el presupuesto para fortalecer el sistema?

    (JC) —Seamos optimistas.

    Contratapa
    2023-05-24T23:45:00