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Mientras están expectatantes de cómo sigue el trámite legislativo del nuevo proyecto de Cabildo Abierto (CA) para habilitar reestructuras de deudas de individuos, algunos jugadores del sector financiero empiezan a marcar posición públicamente. Están en contra.
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La directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados (ABPU), Bárbara Mainzer, dijo ayer en el programa Desayunos informales de Canal 12 que en Uruguay “no hay un problema de sobreendeudamiento generalizado” sino que está focalizado en clientes principalmente de financieras del consumo.
“Hay que desmitificar el crédito; es una herramienta espectacular, hace que las personas consigan su casa, que se construyan carreteras y que la economía crezca. El problema no es la herramienta, es cómo la uso”, sostuvo.
Al presentar el proyecto de ley ante la Comisión de Constitución y Legislación, el senador cabildante Guillermo Domenech dijo el 23 de mayo que se apunta a dar solución al “grave endeudamiento de amplios sectores” de la población, en particular de las “clases medias y menos favorecidas”. Señaló además que la nueva iniciativa modifica aspectos menores de una anterior, ampliando su alcance a “algunos sectores de la clase media y clase media baja”. Y explicó que, para poder ampararse en el régimen de reestructuración de deudas propuesto —por vía administrativa y luego en una eventual instancia judicial—, las personas no pueden tener un inmueble con un valor superior a 1,6 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación, es decir, unos US$ 240.000; tampoco pueden tener un vehículo valuado en más de 150.000 UI (US$ 22.000, aproximadamente); y sus ingresos anuales deben ser de hasta el equivalente a US$ 3.000 por mes.
“Nosotros no queremos lo que vulgarmente se denomina un perdona tutti. No se trata simplemente de hacerlo al barrer, de eliminar las deudas de un sector de la población, sino que queremos coadyuvar a que esa gente pague y cumpla con sus obligaciones, pero que pague en términos accesibles, que se acerque a ese ideal de justicia que a veces es difícil de definir. Como decía San Agustín, refiriéndose al tiempo: ‘Yo sé de qué se trata, pero no me pidáis que lo defina’. Desde el punto de vista práctico, hay que intentar acercarse a un ideal de justicia”, afirmó Domenech.
Según el senador cabildante, las instituciones financieras son las que, hoy, “a piacere, determinan las tasas de interés, con una observación: hace dos años esas tasas de interés rondaban el 200%, pero los propios agentes financieros se dieron cuenta de la exorbitancia de exigir esos intereses y las han venido reduciendo paulatinamente. A nosotros nos da la impresión de que es bueno poner un límite a las tasas de interés”.
Conforme a la iniciativa, “nunca” se podría superar lo que se caracteriza como “deuda justa, o sea, la reducción de la deuda originalmente contraída a unidades indexadas al momento de celebración del contrato del que estemos hablando, más un interés del 2 % efectivo anual —o sea, una tasa efectiva anual del 2%— y descontando los pagos —obviamente, convirtiendo a unidades indexadas cada uno de ellos— que efectivamente pudiera haber hecho el deudor”, agregó.
Domenech explicitó que Cabildo Abierto optó en su proyecto vincular la tasa de la llamada “deuda justa” al interés que abona el Estado uruguayo por su deuda externa. “Si el Estado considera que es legítimo abonar por concepto de interés un 11,25 % en dólares —creo que es lo que se está pagando ahora—, nos parece que esa es una tasa indiscutible. También tenemos que reconocer que las instituciones financieras son comerciales, que tienen gastos de administración, lucros, etcétera, legítimos, y pensamos que esa tasa máxima puede ser la que el Uruguay acepta en sus obligaciones internacionales elevada hasta cuatro veces en moneda nacional y tres veces en dólares”.
Los integrantes de la comisión votaron convocar, para conocer su opinión, a las autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Central, así como a representantes de la ABPU.
Incentivo “a no pagar”
En la entrevista televisiva de ayer, Mainzer opinó que las instituciones que prestan dinero deben informar con claridad las condiciones contractuales y abogó por una mayor educación financiera para que las personas “entiendan qué se les va a cobrar, cómo lo pueden calcular, y que puedan organizarse para repagar”.
La ejecutiva de la gremial de banqueros hizo una referencia concreta al proyecto cabildante: “Una refinanciación en UI al 2%, una tasa menor a la que se endeuda el gobierno, hace que el incentivo (para la persona tomadora de préstamos) sea a no pagar” y provocaría una retracción del crédito formal.
Fuentes del sector financiero no bancario consultadas por Búsqueda dijeron que la propuesta cabildante de reestructuración de deudas deja entrever un “desconocimiento” de cómo funciona el mercado del crédito. Sus promotores expresan “preocupación” de que las tasas máximas son muy altas. Pero, sin embargo, “desconocen que se fijan a partir de un promedio de las tasas bancarias y eso hace que sean más bajas que si se determinaran a partir de aquellas a las que presta todo el mercado”, incluyendo a financieras, cooperativas y otros agentes, explicó un ejecutivo. Pronosticaron que, si se aprueba la iniciativa y se fuerza a una baja en las tasas, varias empresas que otorgan créditos “van a desaparecer ante la menor rentabilidad y van a tener que ajustar prestando a personas con menor riesgo de no pagar. Eso llevaría a que muchas personas pierdan el acceso al crédito, incentivándolas a recurrir al mercado ilegal, donde las tasas son todavía más altas.
