Sectores del oficialismo replantean discusión sobre la usura; más de 2 millones de personas tienen deudas

Ante Defensa del Consumidor, los tomadores de préstamos se quejan por lo que entienden son intereses excesivos cobrados por sus deudas y las posibles consecuencias ante la falta de pago. El año pasado, alrededor de 80 fueron reclamos referidos a bancos, casi 300 a cooperativas de crédito y más de 600 vinculados a financieras. En el 75% de los casos se llegó a un acuerdo que reestructuró la deuda, reduciendo cuotas o quitando intereses moratorios, informó el área ante la consulta de Búsqueda.

El proyecto era una de las prioridades del 2021 para Cabildo, pero hasta ahora solo se discutió a nivel de comisión.

Por otro lado, el diputado Iván Posadas, del Partido Independiente, dijo a Búsqueda que existe entre los socios de la coalición de gobierno un acuerdo en torno a un proyecto conjunto —diferente al de Cabildo— que apunta a acotar los márgenes de cálculo de las tasas de interés de préstamos al consumo. Se presentará en los próximos días y “tiene chance” de ser aprobado, aunque Valfre lo consideró mucho más “light” que el propuesto por su partido. Presume que al igual que este tendrá muchos “detractores” en el sector financiero.

Cuando se discutió en la Comisión de Hacienda de Diputados el proyecto cabildante, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Roberto De Luca, consideró que tasas de interés más bajas implicarían que “un segmento importante de la población” quede por fuera del mercado formal y acuda “a los prestamistas”. Valfre señaló cómo los bancos y las financieras “no se pisan el palito”. Si bien estas últimas ofrecen préstamos más caros, a la misma vez fijan menos requisitos que los bancos para captar mayores segmentos del mercado.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (Aneac) se defendió alegando que cobran tasas que “están muy lejos” de la usura. Asimismo, señaló que ya existe la Ley de Consolidación de Adeudos para resolver la misma problemática que aborda el proyecto cabildante, que además tiene “severos problemas de redacción” y no es preciso en los conceptos.

La usura; un ilícito “inaplicable”

En función de la “ley de usura”, el BCU informa un cálculo de las tasas del mercado y se fija un porcentaje por encima como tope. Para créditos inferiores a 2 millones de UI, el interés compensatorio no puede superar eso en un 55% y el de mora no puede pasar el 80%; por encima, hay usura. Según Szafir, esa “fórmula es inaplicable” como tope porque, al ser tan altos, eluden la posibilidad de configurar un ilícito. Opinó que la ley es “muy permisiva”: “Si un interés del 130 y pico por ciento no es excesivo, yo no sé qué es excesivo”, ironizó la exmagistrada.

Otro problema es la capitalización mensual de los intereses; el interés de un mes de atraso se suma al capital, formando una nueva suma sobre la que se volverán a calcular y agregar los intereses del mes siguiente si no se paga en fecha, y así sucesivamente. El artículo 5 de la “ley de usura” establece que los intereses solo pueden liquidarse sobre los saldos de los capitales efectivamente prestados.

Szafir contó el caso de una clienta que por siete años no estuvo en condiciones de pagar una deuda que originalmente era de $ 27.000 y terminó en $ 1.300.000. “Ese es el resultado de una cuenta hecha por el banco que no llega a configurar usura”, indicó. Según ella, el Estado “defiende” a los bancos.

Para la Aneac, sin la capitalización de intereses “va a ser menos gravoso incumplir” y “puede que se aumente el nivel de ese incumplimiento”.

Financieras; el verdugo personificado

Algunas financieras y bancos transfieren la tarea de recuperación de los créditos morosos. Lo que más preocupa a Valfre son las prácticas de cobro que “aterrorizan a la gente”; las recuperadoras de crédito “son delincuentes” y enseñan a sus gestores una estrategia de cobranza basada en “amenazas”. Aseguró que esas empresas compran las carteras morosas y, si cobran la deuda, “recuperan lo que les salió y mucho más”.

Francisco Majó, abogado de Majó y Asociados, centralizó en su estudio alrededor de 20 denuncias vinculadas al comportamiento de estas empresas que llevará a Fiscalía en los próximos meses. La idea es despertar una “alarma pública” para que la gente sepa cómo actuar ante las recuperadoras de activos, que, aunque se presentan como estudios jurídicos, para Majó no lo son. Por la forma en la que proceden, “en realidad son un call center”, aseguró a Búsqueda. “Habrá algún abogado encargado de hacer algún recupero, pero me gustaría saber cuántos realmente se judicializan”, añadió.

Valfre mencionó que estas empresas trabajan con un “chip”, en referencia a su speech de cobranza. Por ejemplo, Requiro, la recuperadora más “fulminante”, según Majó, y contra la que dirige su demanda, capacita a los nuevos gestores con un cuaderno de reglas para estructurar las llamadas. Deben provocar una sensación de urgencia a quien atienda el teléfono, poner el objetivo de cobro por encima de cualquier explicación sobre la situación financiera personal o laboral del deudor y no brindar todas las opciones de pago al mismo tiempo para esperar una propuesta de dinero concreta, incluso tomando un crédito con otra financiera. Según Majó, además de incitar a la quiebra de la persona, este es un ejemplo de competencia desleal.

Si no logran un compromiso de pago con el cliente apuntan a generar “compromisos de otra índole”, como volver a comunicarse en busca de una solución en plazos cortos de entre 24 y 72 horas. Esto último va contra el artículo 22 de la Ley de Relaciones de Consumo, que entre otras cosas considera abusivo fijar un plazo desproporcionado para el cumplimiento de las obligaciones en perjuicio del consumidor. El manual de Requiro concluye que todos los acuerdos deberán ser siempre de palabra.

Búsqueda quiso consultar sobre las prácticas que se le atribuyen, pero esa empresa rechazó hacer comentarios.

Llamar por teléfono y enviar mensajes de texto varias veces al día y hasta los fines de semana, no solo al número personal del moroso, sino a sus familiares, vecinos y hasta a su trabajo, también es una práctica abusiva, afirmó Majó. Además, estas empresas amenazan con retener el sueldo y la jubilación de parientes, cuando según el abogado solo las cooperativas pueden retener sueldos y del titular de la deuda. “Juegan con la gente pobre que no tiene forma de conseguir asesoramiento legal”, lamentó.

Algunas empresas advierten acerca de un eventual embargo genérico. En MAGA y Asociados consideran que el deudor da su consentimiento a este proceder al firmar un documento donde se anticipa que, en caso de incumplimiento, el trámite pasará a la vía legal correspondiente.

Quienes llevan adelante ese tipo de prácticas “son el verdugo personificado”, comparó Szafir.

El hijo de una morosa intimidado por este estudio contó que su madre tiene deudas con la financiera Cash y el Banco República (BROU). Aseguró que denunció la situación al banco y agregó que allí le aseguraron no tener constancia de ningún vínculo con un estudio jurídico. El BROU desaconsejó atender el teléfono en estos casos. Por otro lado, MAGA y Asociados dijeron —según su relato— ser los representantes legales de Cash, pero la financiera, por su parte, aseguró no trabajar con este estudio.

Valfre insistió en que el Estado “puede y debe” actuar con las recuperadoras, pero hay una “clara” intención “de no hacer nada”, y al que hace “le pegan el esquinazo”.

La Unidad de Control de Datos Personales no respondió a la consulta de Búsqueda.

Manotazo de ahogado

La situación de “muerte civil” que menciona el proyecto de Cabildo Abierto lleva a la persona afectada a obtener dinero por cualquier medio y a recurrir a los préstamos “gota a gota”: pequeños créditos que ofrecen prestamistas clandestinos que “coaccionan a las personas para obtener su pago todos los días”, explicó Szafir.

Valfre aseguró que además de bandas extranjeras estos prestamistas son también uruguayos y sus fondos provienen del narcotráfico, la prostitución o la trata de blancas, entre otros delitos. La abogada señaló que este “submundo regulado por nadie” es “la última opción” para muchos. “Son gánsteres” que prestan dinero por adelantado. No se los ubica en ninguna dirección. Antes sus oficinas eran móviles y trabajaban de “enganchar” a la gente en la calle, pero ahora se los contacta por teléfono o WhatsApp a partir de alguna recomendación, contó. “La persona viene a donde vos estás, lo cual ya es un riesgo”, con una valija en donde transporta la suma de dinero acordada, relató la abogada.

Valfre llevó adelante el caso de una familia que para revitalizar su empresa pidió $ 20.000 a ese tipo de prestamistas, a los que deberían reintegrarles $ 35.000. No alcanzaron a cubrir la deuda y no tuvieron otra opción que volver a pedirles dinero. De los $20.000 iniciales pasaron a deber $ 150.000. Todo estaba acordado de palabra o mediante vales en blanco. Tras amenazas de violencia física, la familia vendió su auto para “sacárselos de encima”, aseguró. Si “ejecutan sus promesas” más extremas, dijo, estos episodios suelen anotarse como un “ajuste de cuentas”.

El informe del Área de Defensa al Consumidor del 2021 muestra que solo se atendieron 10 casos relacionados a prestamistas particulares. La regulación vigente no exige que las empresas que otorgan créditos con recursos propios se registren en el BCU, aunque ese organismo indicó a Búsqueda que sí deben estar sujetas al cumplimiento de las leyes de Relaciones de Consumo, de Tasas de Interés y de Usura y a todas las demás obligaciones en materia tributaria y laboral. Pero las personas que “caen” en estos préstamos no están en condiciones de hacer ninguna denuncia. “Es preferible un acuerdo de pago con el Estado que caer con estos tipos. Lamento si se te va la empresa al tacho, pero vas a dormir tranquilo”, afirmó Valfre.