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    Secundaria difunde un texto que alerta sobre la viralización de “pornografía vengativa” contra mujeres en redes sociales e Internet

    Aumenta la difusión de videos sexuales para causar daño por parte de exparejas y por extorsión económica; en los centros educativos existe un protocolo de intervención en caso de violencia, aunque todavía no específicamente de ciberviolencia, dice la directora general Ana Olivera

    Tras constatar que existe una práctica “cada vez más extendida” de “pornografía vengativa” que violenta “sobre todo” a las mujeres menores de 30 años, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) habilitó la distribución entre directores, docentes y alumnos de un libro que alerta sobre el fenómeno y sugiere medidas para enfrentarlo. La publicación, presentada el 30 de octubre, fue coordinada por el Consejo de Educación Secundaria (CES), cuenta con el apoyo de la Embajada de Canadá y la colaboración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDHH) y la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP.

    “La pornografía vengativa —también llamada pornovenganza, revengeporn, pornografía no consentida o venganza cibernética— se produce en el marco de relaciones afectivas y/o sexuales en las que una vez finalizada la relación, el varón exhibe de forma pública, generalmente a través de redes sociales, imágenes fijas o en movimiento de su expareja: desnuda, manteniendo relaciones sexuales —coitales o no— con él, o simplemente imágenes de su intimidad, como mecanismo para ridiculizarla y arruinar su reputación”, según explica la autora de la investigación, Ivanna Cestau, en el artículo Cuando lo virtual es real. Ciberviolencia contra las mujeres, un estudio sobre difusión de imágenes con contenido íntimo o sexual sin autorización en web y redes sociales en Uruguay.

    Esta modalidad de ciberviolencia “no es un nuevo tipo de violencia contra la mujer, como suele presentarse, sino una ‘actualización’ de violencias ya sufridas por las mujeres, algo así como ‘el mismo perro con distinto collar’”, dijo a Búsqueda la investigadora, licenciada en Comunicación por la Universidad ORT. “La primera recomendación para la persona afectada es tomar una captura de pantalla para guardarla como prueba del delito, porque en la web todo queda como en el aire y las imágenes se borran, desaparecen. Además, conviene presentarse directamente a la sección de Delitos Tecnológicos del Ministerio del Interior, porque en las comisarías no suele haber mucho conocimiento sobre el tema o se minimiza”, agregó Cestau.

    A partir de la Ley de Violencia Basada en Género hacia Mujeres, promulgada el 22 de diciembre de 2017, está tipificado el delito que pena la “divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo” con seis meses de prisión a dos años de penitenciaría.

    Desde el año 2012, en Uruguay ha ido en aumento la cantidad de casos de circulación, a través de Internet y redes sociales, de “imágenes de mujeres en situaciones íntimas y/o sexuales, sin autorización”, más allá de si su registro tuvo lugar de forma consensuada, afirmó la autora del estudio.

    En su artículo, basado en la tesis para la obtención del título de Maestría en Género y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Uruguay/México, presentada en 2017, Cestau señala que “el ciberespacio (Internet y las redes sociales) suele usarse como herramienta de violencia contra las mujeres, reproduciendo prácticas patriarcales que afectan su seguridad y la de niñas y adolescentes”. La autora cita el informe Combatir la violencia en línea contra las mujeres y las niñas: una llamada de atención al mundo, elaborado por la Comisión de ONU para Banda Ancha (2015), que define a este tipo de violencia como “pandemia” y convoca a los Estados parte a actuar de forma inmediata.

    Consultada sobre las prácticas de ciberacoso en los centros educativos, la directora general de Secundaria, Ana Olivera, afirmó a Búsqueda que “el gran paraguas institucional es el protocolo de intervención en casos de violencia”, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Codicen. “Cuando una chica o un chico denuncia cualquier tipo de abuso, el Consejo se pone en alerta con los padres, referentes o instituciones como el INAU, respaldando la confidencialidad y preservando la identidad de las personas afectadas para evitar que resulten revictimizadas por la sobreexposición mediática”, afirmó.

    La jerarca explicó que en caso de ciberviolencia o ciberbullying, el centro educativo envía por escrito lo relevado a Secundaria para “intervenir de urgencia a efectos de que no se diluya la prueba” y articular un plan de acción. “Hay situaciones tan delicadas que nos manejamos como la cerámica cretense, como pisando cáscara de huevo”, ilustró Olivera, quien prologó el libro.

    Durante la presentación, la directora de Secundaria aseguró que esta publicación, respaldada por la ANEP, es un insumo “para debatir en las aulas con los alumnos y en las casas con los padres” y como material de consulta en las bibliotecas de los liceos. El texto consiste en un compilado de artículos y normativas distribuido de forma gratuita en los centros educativos enmarcado en el proyecto Prevención de la violencia de género en el noviazgo en Educación Secundaria, según Daniela Pereira, coordinadora de la Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional del CES.

    Pornografía vengativa y sexestorsión.

    Desde el año 2012, en Uruguay ha ido en aumento la cantidad de casos de circulación, a través de Internet y redes sociales, de “imágenes de mujeres en situaciones íntimas y/o sexuales, sin autorización”, más allá de si su registro tuvo lugar de forma consensuada, afirmó la autora del estudio. Esta práctica de violencia produce “enormes daños y violaciones a derechos fundamentales de las víctimas”, potenciada además por la alta velocidad de expansión de las “nuevas tecnologías” y “las características del país, con su pequeño tamaño y concentración de población, profundizan la magnitud del daño sobre todo en pueblos del interior”, además de la difusión “sensacionalista” de los casos en medios tradicionales, explicó Cestau.

    Las consecuencias personales para la víctima “son una pesadilla”, aseguró la investigadora. “La mayoría dice sufrir angustia emocional grave y, no pocas, pensamientos suicidas”, además de consecuencias sociales, laborales, familiares y amorosas por la información publicada; la mitad busca ayuda psicológica o psiquiátrica, contó. En primer lugar, las imágenes suelen ser compartidas con el grupo de amigos, y luego se viralizan y se difunden a la sociedad en general. Y al recibir una imagen de estas características y reenviarla, se está ejerciendo “violencia directa”, sostuvo. “Cada visualización y envío significa una revictimización de la persona”. Las plataformas más usadas para difundir las imágenes son las redes sociales, “especialmente WhatsApp”, Facebook y páginas de sexo explícito casero como Xvideos.

    En Uruguay existen principalmente dos modalidades de difusión de imágenes con contenido íntimo y sexual en mayores de edad, según la autora: el sextortion en varones víctimas, y difusión de videos sexuales por parte de exparejas, en las mujeres víctimas.

    Cuando las imágenes salen del círculo íntimo y pasan a ser virales es cuando las mujeres son “presentadas como objetos, en clave pornográfica, como prostitutas”, dijo Cestau. “Podemos verlas en todo tipo de planos: planos detalle de sus partes ‘íntimas’ o de sus genitales; en primeros planos, planos generales, realizando —con marcada frecuencia— sexo oral u anal, y casi siempre ajenas a la filmación, alentadas a mirar la cámara, a mostrarse o a hablar, por su/s compañero/s sexual/es. Los varones en cambio, en la mayoría de los casos aparecen de forma parcial, mostrando únicamente su pene, a la vez que su actuar fundamental trata sobre exponer las prácticas que realiza a la mujer o que le son realizadas por esta”, relata en el libro.

    Según fuentes del área de Delitos Tecnológicos del Ministerio del Interior —citadas en la investigación—, durante 2013 hubo en Uruguay 120 denuncias asociadas a ciberdelitos contra mujeres, varones, niñas, niños y adolescentes. En 2014 las denuncias aumentaron a 450 casos, con 19 personas procesadas; en 2015 hubo 500 casos, y en 2016 se alcanzaron más de 700 denuncias. La mayoría de las víctimas son menores de edad —sobre todo adolescentes— y de sexo femenino.

    Las denuncias reflejan en Uruguay principalmente dos modalidades de difusión de imágenes con contenido íntimo y sexual en mayores de edad, según la autora: el sextortion en varones víctimas, y difusión de videos sexuales por parte de exparejas, en las mujeres víctimas. En el primer caso, el uso de la imagen se asocia a la obtención de dinero a cambio de no difundir las imágenes “ante una relación casual o por el estilo”. En el caso de mujeres, el fin último es el daño. “Muchas veces, implica una amenaza previa —llamada sextortion, sexextortion o sexestorsión—, como forma de extorsionar a la víctima para que vuelva con él; o directamente, para generarle temor y vengarse por la separación”, contó.

    La violencia contra las mujeres afecta a siete de cada 10 mujeres uruguayas mayores de 15 años, sea en el ámbito público o privado, según la Encuesta Nacional de Violencia Basada en Género y Generaciones.

    “Una puede preguntarse cuál es la finalidad con que se toman las imágenes sexuales y luego cómo son utilizadas, lo que permitiría establecer una suerte de gradación en el nivel de violencia”, dijo Cestau a Búsqueda. “El problema es cuando el pacto se rompe y su uso sale de lo privado, como en la pornografía vengativa, donde existe una intencionalidad de dañar y de exponer a la persona al escarnio público”, agravada por la imposibilidad técnica de retirar los contenidos una vez subidos a la red.

    La violencia contra las mujeres afecta a siete de cada 10 mujeres uruguayas mayores de 15 años, sea en el ámbito público o privado, según la Encuesta Nacional de Violencia Basada en Género y Generaciones. El pico máximo se ubica entre los 19 y 29 años de edad, donde el promedio sube a ocho de cada 10 mujeres, y es también en ese rango de edad en el que se registra la mayor cantidad de ciberviolencia, de acuerdo al estudio. “El dato es significativo al considerar Internet y las redes sociales, que son espacios públicos”, sobre todo en las franjas de 12 a 29 años, con 98,5%, según Radar (2016).

    Aunque la legislación suele ir desfasada en estos casos, la directora de Secundaria insistió en que existen resortes institucionales para responder con solvencia desde el sistema educativo. “Si un estudiante está sufriendo por un material enviado en cualquier formato propiedad de un particular, como educadores y referentes adultos debemos defender el interés superior que es el vínculo saludable con el estudiante, e intervenir aunque el abuso se origine puertas para fuera” del centro de estudio. Para Olivera, la tarea “empieza por el aula y la erradicación de la violencia en el noviazgo”, pero ese es “solo un primer paso”.

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