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Un lunes de abril, en 2011, la profesora Susana Álvarez terminó la jornada laboral en el Liceo de Shangrilá y se subió a su moto para volver a casa. En el camino la interceptaron dos personas para apuñalarla en el abdomen. En principio se pensó que era un robo, pero la moto, la cartera y el celular quedaron en el lugar. La víctima y sus compañeros de trabajo concluyeron que el ataque estuvo relacionado con la amenaza que, el viernes anterior, había recibido por parte de la madre de una alumna a la cual había observado.
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Casos similares al de Álvarez sucedieron antes y han sucedido desde entonces en los liceos. Pero el Consejo de Educación Secundaria (CES) aún busca la receta para evitar las agresiones a docentes y para protegerlos una vez que son agredidos. Como las medidas tomadas no han sido útiles, se decidió trabajar en conjunto con el sindicato de profesores para llegar a una solución. Y, entre otras cosas, el sindicato planteó que Secundaria o el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sean los encargados de denunciar en la Justicia penal a quienes atacan a los docentes.
“Actualmente hay una desprotección total del trabajador, particularmente en la educación media. Tanto en la agresión que hace un estudiante como en la agresión que hace quien está afuera del liceo. Y en ese sentido, la ANEP no se ha hecho responsable ni tiene previsto cómo reparar a los trabajadores que sufren hechos de violencia”, dijo a Búsqueda José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes).
El pasado 26 de octubre, Fenapes y Secundaria crearon un grupo de trabajo para que, en un plazo de 30 días, presenten un informe con acciones a adoptar para combatir la violencia hacia los profesores. Ambas partes ya tuvieron una primera reunión donde el sindicato propuso tres medidas concretas: realizar un registro oficial de las agresiones, que las autoridades brinden asistencia médica y psicológica a los damnificados, y que también se encarguen de proceder legalmente cuando el agresor no sea un estudiante.
“Cuando hay agresiones no de un alumno sino de un actor externo al liceo, sea menor o adulto, el caso no puede resolverse en la lógica agredido contra agresor. Tiene que involucrarse la ANEP, patrocinando el proceso por lo menos”, sostuvo Olivera, quien señaló que actualmente, “cuando se presentan denuncias”, las hacen los agredidos a título personal “enfrentándose solos a la Justicia”.
Según el dirigente, esa práctica no debe continuarse porque genera peligro al profesor, pero también porque es el empleador quien debe dar la cara por él. “Cuando el que te agrede se cruza contigo todos los días en la carnicería o en la panadería, es muy difícil hacer la denuncia. Muchos trabajadores no la hacen por miedo. Lo que estamos planteando es que haya un dispositivo para proteger al trabajador. Hay una responsabilidad de la Administración que no ha sido admitida. Hay un vacío legal enorme. Por eso planteamos que sea Secundaria o el Codicen de la ANEP quienes automáticamente presenten la denuncia”.
Procedimiento formal.
Además de la atención legal, Fenapes planteó que las autoridades también establezcan mecanismos para asistir psicológicamente a los docentes, pues el sindicato sostiene que el efecto postraumático de la agresión es más dañino que el ataque en sí. “Hay que diseñar algún tipo de licencia especial de ser necesario, que no afecte el cobro del presentismo. También prever traslados a otro liceo cuando el docente agredido lo solicite”, especificó Olivera.
La tercera propuesta que hicieron a Secundaria es que la dirección del liceo obligatoriamente elabore un informe cada vez que haya una amenaza, insulto u agresión física contra alguno de sus docentes. Ese informe debe ser elevado al Codicen de la ANEP y a la Comisión Nacional de Salud Laboral de Fenapes. “Se trata de un instrumento formal de registro que obligue a la información de los hechos, porque hoy no tenemos idea del universo cuantitativo y cualitativo de todos estos hechos”, dijo Olivera. “Aunque es una cuestión administrativa, tiene una connotación política muy importante porque muchas veces se quieren ocultar estos hechos”, agregó.
Para este sábado, Fenapes convocó a reunirse a su Comisión Nacional de Salud Laboral con “la violencia en los liceos” como tema a abordar. Allí se discutirán estas iniciativas y otras más generales, como el mejoramiento de la convivencia en los liceos. “Más allá de los ataques en sí, para frenar este problema tenés que desarrollar un tipo de institución distinta: no puede haber megaliceos que reciban estudiantes de distintos barrios porque hay elementos identitarios como la edad, el barrio y la zona que repercuten en los liceos”, afirmó Olivera. “Un liceo como el Nº 13 de Montevideo con gurises de 40 barrios es un potencial espacio de generación de conflicto”.
