Segundo paso de la reforma de los combustibles está “muy trancado”; el regulador estudia algún camino “intermedio”

Es que tras la prórroga de seis meses —que está vencida— la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) tiene pendiente aprobar, como le exhortó el Poder Ejecutivo, una regulación sobre las condiciones y requisitos para quienes desempeñan la actividad de distribución secundaria (entre la planta de La Tablada y las estaciones de servicio, por ejemplo). Ese segundo paso en la reforma del mercado se daría, en principio, antes del 1º de enero de este año. Pero a pedido de la Ursea el Poder Ejecutivo definió postergarlo seis meses (hasta el 1º de junio), debido a la falta de recursos técnicos y financieros que adujo el regulador.

En la próxima etapa de la reforma del mercado de combustibles líquidos —“aguas abajo de Ancap”— el gobierno busca promover mayor competencia y lograr algunas mejoras de eficiencia en la cadena de distribución, flexibilizando los requisitos para ser distribuidor mayorista y minorista.

Se prevé que la regulación abarcará asuntos relativos a apertura, instalación, operación, traslado y cierre de estaciones de servicio. También que establezca las condiciones y reglas de la actividad de los transportistas de combustibles, los plazos máximos de los contratos de distribución entre los sellos mayoristas y los estacioneros y se defina la metodología de determinación de zonas desabastecidas.

Así, en esta etapa se pretende que los distribuidores absorban los costos del flete y se promueva la competencia por precio. Ello se complementaría mediante la autorización de parte del regulador para que los distribuidores puedan diferenciar sus productos y ofrecer mejoras sobre los combustibles básicos que compren a Ancap.

“Hay que establecer un sistema con nuevos equilibrios entre los participantes en el mercado”, declaró el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, en Bloomberg Línea el martes 19.

Se refirió a la posibilidad de que exista un período de transición hacia algunos cambios: “Estamos sobre un sistema que tiene muchos años, con muchas virtudes y algunos defectos. Entre las cosas que debemos reconocer es que hay inversiones realizadas. Para una estación de servicio hoy instalada hay un respaldo de un sello y de un empresario privado que puso mucha plata en su negocio. Alterarle de golpe las condiciones no es razonable y no es esperable en un país que se jacta de tener condiciones de negocio estable. Eso no quita que hoy se anuncie que dentro de ‘x’ años van a empezar a cambiar esas reglas”.

Tanto las autoridades del Ministerio de Industria como de la Ursea han manifestado la necesidad de que la reforma, en sus distintas etapas, se implemente de forma gradual y previsible.

El Poder Ejecutivo definió cuatro etapas para desregular el mercado de los combustibles líquidos, y su aspiración cuando presentó la reforma era liberar los precios hacia 2024 bajo la “vigilancia” del regulador.

“Muy trancado”

Sobre la próxima fase que reglamentará la distribución secundaria, el director de la Ursea en representación del Frente Amplio, Roberto Chiazzaro, dijo a Búsqueda que hay un atraso de “casi ocho meses” y atribuyó la demora a la existencia de “muchos intereses contradictorios”.

“Realmente está muy trancado y no creo que en el corto plazo vaya a salir” el nuevo reglamento, agregó.

Apuntó que cuando la propuesta se apruebe por el Directorio de la Ursea se pondrá a consideración pública durante uno o dos meses, lo que puede implicar más tiempo en reelaboraciones y análisis de algunos aspectos.

Para Chiazzaro la primera fase de los cambios en la fijación de tarifas ha causado “muchos problemas” al gobierno y “distorsiones muy grandes” en el mercado que hacen que esta nueva etapa planteada “sea más complicada” de instrumentar.

Alegó que si bien el proyecto de reforma se viene analizando “está muy postergado” y apuntó que tiene la “sensación de que resulta difícil buscar un camino del medio” en el tema.

El nuevo sistema de cálculo y determinación del precio de los combustibles en función del precio de referencia que calcula la Ursea (Precio de Paridad de Importación —PPI—) “ha fracasado totalmente”, opinó Chiazzaro. “No es por esa vía que va a bajar el precio de los combustibles, porque Ancap es un tomador del precio internacional del crudo y está sujeto a un mercado que toda la vida fue inestable”. Apuntó que “no es buena cosa” ajustar “todos los meses” el precio de los combustibles porque ocasiona “inestabilidad” en el mercado.

Para resolver el dilema, Chiazzaro propone que no se haga de forma mensual la evaluación del precio de los combustibles y que se mantengan por un período más prolongado las tarifas, de modo de dar “estabilidad” y evitar el “impacto inflacionario” en el bolsillo de los consumidores.

Para ello, planteó la necesidad de crear un fondo de estabilización que permita amortiguar “subas y bajas” del valor internacional del crudo y, por otro lado, “bajar la presión tributaria” que recae sobre los combustibles.