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Seguridad del registro de consumidores de marihuana será similar a la de los datos financieros para dar “garantías” y evitar “estigma”
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Los nombres estarán bajo siete llaves. Y no en sentido figurado. Siete jerarcas de primera línea del gobierno tienen cada uno “en custodia” una llave física para acceder al registro de consumidores de la marihuana que se venderá en las farmacias, pero solo podrán abrirlo combinando al menos tres y a pedido de la Justicia. Las medidas de seguridad para proteger la identidad de quienes decidan comprar cannabis en el mercado oficial son comparables a las que resguardan los datos del sistema financiero porque, según el gobierno, debe dar “garantías” para que nadie quede expuesto al “estigma social”.
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En las próximas semanas y casi tres años después de que el Parlamento aprobara la ley que regula el mercado de cannabis, el gobierno abrirá el registro para iniciar la venta en las farmacias. La estimación es que hay al menos 80.000 consumidores habituales interesados en recurrir a esa vía para acceder a la droga, informó a Búsqueda el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera.
A la vez que habilita las inscripciones, el gobierno lanzará una campaña de comunicación para “posicionar la idea de que el Estado asume la responsabilidad que tiene sobre la temática desde el punto de vista de la salud” y subrayar que es mejor no consumir en determinadas circunstancias, explicó el jerarca.
Retraso.
La ley de marihuana, aprobada en diciembre del 2013, habilitó tres vías de acceso legal al cannabis: el autocultivo, los clubes y la venta en farmacias. Las dos primera opciones están operativas desde hace meses, pero la tercera, que es la que abarcaría a más usuarios, todavía está en proceso de implementación. Durante el gobierno de José Mujica las autoridades intentaron acelerar los procesos para que el primer gramo de marihuana se vendiera durante esa administración, pero no llegaron a tiempo. En octubre del 2015, con Tabaré Vázquez en el poder, se entregaron las licencias a las empresas encargadas de producir el cannabis y se anunció que estaría en venta a más tardar en abril del 2016. El plazo tampoco se cumplió.
Olivera, que asumió el cargo hace dos meses en lugar de Milton Romani, lamentó esos retrasos, pero aseguró que ahora se están quemando las “últimas etapas” antes de la venta. La demora “tuvo que ver en muchos casos con dar los pasos seguros y generar las comprobaciones necesarias de que el proceso estaba bien encaminado”, dijo. Y agregó: “Por parte de algunos actores se quiso leer en esto un fracaso de la política y yo creo que es lo contrario, que estos meses han permitido consolidar las certezas y seguridades para que la política comience con las mejores garantías posibles”.
Para acceder hasta a 40 gramos de marihuana por mes a través de las farmacias, los interesados deberán inscribirse previamente en un registro que el gobierno abrirá antes de fin de mes. Cuando eso ocurra, la persona deberá ir a una oficina del Correo para dar sus datos; ese será el único momento en todo el proceso en el que presentará la cédula de identidad. Además, los funcionarios del Correo “van a relevar algunos datos no identificatorios que nos van a permitir tener un esquema sociodemográfico de la población que está adquiriendo cannabis en farmacias: localidad de residencia, edad, sexo, situación laboral y máximo nivel educativo alcanzado”, adelantó Olivera. “Ninguno de esos datos permite asociarlos con una persona”.
Según el titular de la JND, el gobierno tomó muchas medidas para asegurarse de que la lista de consumidores esté bajo resguardo. Olivera dijo que se trabajó para “brindar certezas en un aspecto muy sensible”, como es abrir un registro de compradores de una sustancia que estaba prohibida. El objetivo es evitar “lo que puede ser el estigma social que recaiga sobre los usuarios”, explicó. “Acá había que generar garantías bien importantes en cuanto a que esos datos iban a estar totalmente bloqueados al acceso público”.
Para lograrlo, el gobierno adquirió un servidor de “alta seguridad” como los que se usan para “alojar los datos del sistema financiero”, dijo Olivera. El servidor está en la Presidencia de la República y es “sensible a los movimientos”, es decir que si alguien intentara llevárselo, se bloquea y los datos se encriptan.
En caso de que el Poder Judicial solicite conocer si una persona está en el registro, es necesario una “conjunción del uso de llaves de acceso físicas”. El gobierno otorgó “en custodia” siete llaves físicas a siete funcionarios del gobierno de distintas instituciones: los ministerios de Economía, Salud Pública y Desarrollo Social, la Universidad de la de República, Presidencia de la República, Secretaría de Drogas y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).
Consultado por Búsqueda acerca de cuándo un juez puede pedir esa información, Olivera dio varios ejemplos: “En alguna investigación vinculada a tráfico o comercialización ilegal del cannabis, como por ejemplo que haya venta a extranjeros, a menores de edad o que se intente sacar la sustancia al exterior”.
El secretario general de la JND dijo que el presidente Vázquez definirá la fecha exacta de inicio del registro y que después se dará un plazo de “máximo 30 días” antes de que la marihuana llegue a las farmacias. Por ahora hay unas 40 inscriptas para comercializar el producto, distribuidas en 11 departamentos. El gobierno espera que a medida que el proceso funcione correctamente, otras farmacias se sumen a la iniciativa.
Una vez que la sustancia esté en los puntos de venta, el usuario registrado no necesitará presentar su cédula en la farmacia, sino que deberá poner su huella digital en un pos que el Ircca instalará en los locales adheridos.
El gobierno estima que hay miles de “potenciales” compradores de marihuana en farmacias. El dato surge de la encuesta nacional de hogares del 2014, en la que se incluyeron preguntas específicas a los consumidores habituales de esa droga. Consultados acerca de la posibilidad de que recurran a esa vía, el 57,4% de los 147.550 usuarios respondió que “seguramente” o “probablemente” lo haga. “Eso puede haber evolucionado”, aclaró Olivera.
Campaña.
Junto con el registro, el gobierno lanzará una campaña de comunicación sobre el consumo de cannabis que no implique “promover o alentar” la compra. “Va a posicionar la idea de que el Estado asume la responsabilidad que tiene sobre la temática desde el punto de vista de la salud y por eso realiza la opción de regular”, dijo Olivera.
Otro mensaje que quiere dar el gobierno es que “es mejor no consumir sustancias”, una idea que “el presidente viene transmitiendo y que es suficientemente clara”, añadió. De una forma “mucho más directa”, según Olivera, la campaña dirá: “No consumas durante el embarazo, no consumas en el desempeño de actividades laborales, no consumas si sos adolescente y no consumas si tenés que enfrentar una situación de estudio”.
