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Para la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia “existen argumentos que pueden justificar una evaluación de la regulación” del mercado de seguros de vida por saldo deudor en el que participan instituciones bancarias, administradoras de crédito y compañías aseguradoras. Así lo señaló en una resolución de fines de abril con la que dio respuesta a una consulta realizada en diciembre por el Banco Central (BCU).
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La comisión —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía— indicó que en marzo el BCU le aportó nueva información y datos con “estimaciones sobre precios, cantidades y modalidad de contratación” de ese tipo de pólizas vinculadas al crédito personal y a la operativa con tarjetas. A la luz de esa información, un asesoramiento realizado para la comisión advirtió que los precios cobrados por las instituciones financieras en los seguros de vida por saldo deudor son “muy superiores” al costo de los que pueden ser contratados individualmente. También cuestionó “los motivos de la práctica comercial por la cual las entidades prestamistas obtienen una comisión por corretaje de parte de las compañías aseguradoras”. Además, el asesor de la comisión objetó la “transparencia de la información aportada por los bancos y las administradoras de crédito a los clientes en cuanto a la magnitud de las primas cobradas” al momento de contratar la póliza.
El órgano consideró que la información recabada “no permite concluir en forma acabada” que las conductas llevadas a cabo por los prestamistas en el mercado de crédito al consumo y las aseguradoras infrinjan la ley de defensa de la competencia. No obstante, “existen argumentos que pueden justificar una evaluación de la regulación”.