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    Senado aprobó regulación del teletrabajo con votos oficialistas

    El Frente Amplio no apoyó el proyecto porque cree que puede afectar a las garantías de los empleados

    Previo a la llegada del Covid-19 a Uruguay, menos del 10% de la fuerza laboral realizaba tareas de teletrabajo, es decir, se desempeñaba fuera del lugar físico otorgado por el empleador. Pero a partir del 13 de marzo de este año, después de que se detectaron los primeros casos de coronavirus y el gobierno decretó la emergencia sanitaria, el uso del teletrabajo aumentó hasta el 22%.

    Ante esta nueva realidad, el oficialismo decidió apurar la aprobación en el Parlamento de una norma que regule esta modalidad laboral, ya que entienden que seguirá incluso después de que pase la pandemia, según los legisladores.

    La iniciativa fue votada el martes 20 en el Senado con los votos del oficialismo, por lo que pasó a Diputados. El proyecto no contó con los votos del Frente Amplio, que mostró su preocupación porque considera que puede afectar a las garantías de los trabajadores. Desde la coalición de gobierno aseguraron que se dan garantías a las dos partes, empleador y trabajador, y defendieron la aprobación del proyecto por adecuarse a la realidad del siglo XXI.

    “La regulación es decisiva. Una regulación acertada como esta, de mínima, fomenta el teletrabajo; una relación mala, que encorseta, lo puede coartar, inhibiendo su desarrollo”, dijo la senadora colorada Carmen Sanguinetti, impulsora del proyecto de ley.

    El proyecto define el teletrabajo como la prestación de trabajo total o parcial en la que se utilicen “preponderantemente las tecnologías de la información y de la comunicación”, fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador. Consagra cinco principios rectores: que el teletrabajo es voluntario y deberá tener el consentimiento del trabajador; es reversible; quien esté en esta modalidad tendrá los mismos derechos y acceso a las mismas condiciones que los demás trabajadores; no será discriminatorio y fomentará el empleo.

    El proyecto introduce el concepto de derecho a desconexión. Este derecho se entiende como la posibilidad del teletrabajador a “desconectarse de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías, a fin de garantizar su tiempo de descanso”.

    Pero hay dos artículos que llevaron a que el Frente Amplio rechazaran en su totalidad la iniciativa.

    Uno es el artículo octavo, en el que establece que el teletrabajador “está excluido del derecho de limitación de la jornada diaria. Este podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, la que no podrá superar el límite máximo de 44 y 48 horas semanales, según corresponda al tipo de actividad y sin perjuicio del derecho al descanso y a la desconexión”.

    No obstante, aclara que, “cuando la actividad laboral así lo requiera, el empleador y el teletrabajador podrán convenir una jornada laboral con horario determinado”.

    El otro es el artículo 12, que señala que las partes deberán acordar la forma de provisión de las tecnologías necesarias para que el trabajador desarrolle su tarea. “Los equipos, insumos y servicios que provea el empleador, ya sea en forma directa o asumiendo su costo para el desarrollo de las tareas asignadas al teletrabajador, no serán considerados a ningún efecto parte del salario, materia gravada ni asignación computable”.

    Eduardo Bonomi (Frente Amplio) dijo que, si bien era oportuno que se legislara sobre el tema, estaban en contra por el contenido de estos dos artículos. El octavo, dijo, contraviene lo dispuesto por el artículo 54 de la Constitución, que establece que la ley reconocerá la limitación de la jornada laboral.

    “No puede quedar en un proyecto de ley que hay trabajadores que quedan excluidos de la limitación de la jornada de trabajo, crea un precedente demasiado grave”, afirmó Bonomi, que fue ministro de Trabajo en el gobierno de Tabaré Vázquez. Agregó que los empresarios argumentaron que necesitaban “esta garantía”, lo que vuelve “más inaceptable aprobar la ley”.

    Sobre el artículo 12 dijo que hay elementos para considerar que esto debería ser parte del salario.

    Graciela Bianchi (Partido Nacional) dijo que estaban tratando una nueva forma de trabajo, del siglo XXI, y pidió que no se mirara con visión de siglos pasados. Recordó que no se trata de trabajadores producto de la revolución industrial de fines del siglo XIX, y aseguró que se mantienen todas las garantías a los que están en relación de dependencia.

    Sobre el artículo octavo, admitió que “choca” que se hable de exclusión, pero explicó que es “imposible” pensar que un teletrabajador lo haga por ocho horas de continuo. Pidió no atarle las manos y señaló que se puso una “limitación semanal” y se estableció que los horarios se adaptarán según las necesidades del trabajador. “El marco no es el día, es la semana, y todo lo que se trabaje fuera de la semana, será hora extra”, dijo.

    En cuanto a las críticas al artículo 12, dijo que no es materia salarial, sino que son partidas de gasto.

    Carmen Asiaín (Partido Nacional) dijo que con el proyecto no se afectan las garantías de los trabajadores. Mientras que Sanguinetti aseguró que se tiene en cuenta la situación de los trabajadores y que no se legisló a favor de los empleadores.

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