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El presidente Tabaré Vázquez, pocas horas después que se divulgara que su hijo estuvo vinculado a empresas creadas por el estudio panameño Mossack & Fonseca, reclamó que se investigue a “fondo” sobre el tema y se quejó porque se apuntó “a un solo” caso. El Senado investigará sobre el mundo de las empresas offshore, pero no está previsto invitar a ningún privado: el objetivo solo es ver si se debe “legislar” en este tema, advirtieron legisladores del oficialismo y de la oposición.
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La semana pasada, Búsqueda informó que uno de los hijos del presidente Vázquez, Javier Vázquez Delgado, creó a través de sus empleados dos sociedades anónimas en el estudio panameño Mossack & Fonseca (MF) en paraísos fiscales. Las dos offshore, Conibel SA —inscrita en las Islas Vírgenes Británicas (BVI)— y Davidson Global Inc. —de Panamá—, abrieron cuentas en bancos panameños en 2009, una de las cuales permaneció abierta al menos hasta 2014. Javier Vázquez dijo que ambas sociedades eran suyas, que las creó con el objetivo de desarrollar dos proyectos en el extranjero, pero que nunca se concretaron y las sociedades no llegaron a estar activas.
El viernes 13, el diario “La República” publicó declaraciones del presidente Vázquez, quien planteó que en este tema se “vaya a fondo, fondo”. “Habiendo miles de casos en Uruguay, ¿por qué se apunta a uno solo? ¿Hay acaso algún tipo de discriminación?”, preguntó.
El jueves 7 de abril, Búsqueda informó sobre los principales descubrimientos surgidos a partir de la filtración de más de 11 millones de documentos internos de la firma panameña, un bufete especializado en crear empresas offshore, y sus conexiones con Uruguay. En ese marco informó que empresarios, políticos y deportistas uruguayos figuraban en esos documentos.
La difusión del alcance de la participación uruguaya en ese mundo provocó que el Senado creara una comisión para tratar el tema. Los cuatro partidos están buscando ahora los nombres para integrar una comisión especial con fines legislativos para la prevención del fraude financiero, la defraudación y elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global.
La comisión fue aprobada por unanimidad. Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609) aclaró al diario “El País” el sábado 14 que, pese al planteo de Vázquez de ir “a fondo”, no se investigarán personas. “Vamos al sistema, no vamos a los nombres; (...) puede ser una desilusión para mucha gente, pero nosotros tenemos que ir a la función del Poder Legislativo”, dijo.
Pablo Mieres (Partido Independiente) también señaló que la comisión especial no tendrá facultades para investigar y que no se citará a personas del ámbito privado. Explicó que se podrá convocar a la Dirección General Impositiva o al Banco Central para consultarlos si falta normativa sobre el tema y qué tipo de controles realizan.
Martínez Huelmo fue quien impulsó la creación de esta comisión. Dijo que el Parlamento debe “asumir” sus “responsabilidades” y atender este tema. Al justificar el planteo, el legislador dijo que la comisión debería analizar varios temas: situación de Uruguay con respecto a la prevención del fraude y evasión fiscal, reformas legales realizadas sobre el tema como el secreto bancario, combate al narcotráfico y lavado de activos.
El senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) se refirió a la situación de Javier Vázquez Delgado. “Si el hijo del presidente Vázquez afirma que nunca tuvo sociedades con la jurisdicción de Panamá, debería hacer lo que hice yo cuando me realizan una acusación igual: aportar los documentos o informes que avalan que ello no es así. En mi caso entregué el informe y la documentación al Senado de la República”.
Bordaberry figuraba en los “Panama Papers” a través de una empresa que estuvo vinculada al arrendamiento de un terreno. El martes 10, Bordaberry informó al presidente del Senado, Raúl Sendic, que su apellido no figuraba al realizar una búsqueda entre la serie de documentos que el International Consortium of Investigative Journalism liberó la semana pasada. Además, el lunes 2 entregó al Senado un informe elaborado por el estudio Brum-Costa en el que concluye que “no surgen evidencias documentales” que indiquen que Bordaberry “haya sido director, accionista o beneficiario final de la empresa”.
