Senadora Asiaín, esposa del secretario general de Ancap, tiene bonos de empresas que compiten o hacen negocios con la estatal

Otro de los ingresos incluidos en el documento de Asiaín, que ocupa la banca en sustitución del presidente Luis Lacalle Pou, es el de su esposo Rafael Brum, actual secretario general de la petrolera estatal.

Votorantim posee la mayoría accionaria de Cementos Artigas, que tiene a Ancap como uno de los principales clientes desde hace años. Además de competidores en el rubro, las dos empresas exploraron negocios millonarios juntos. En agosto del 2011 el gobierno de José Mujica anunció que la estatal uruguaya se asociaría con la brasileña y con el grupo español Cementos Molins para explotar piedra caliza y exportar cemento. La inversión proyectada era de US$ 160 millones y se desarrollaría en el departamento de Treinta y Tres. “La explotación se prevé a cargo de una empresa integrada en un 20% por la propia Votorantim, en un 60% por Cementos Artigas y en un 20% por Ancap”, explicaba la Memoria Anual 2012 de la petrolera estatal. Entre las autoridades de Ancap que figuran como firmantes de la memoria estaba el prosecretario Brum.

Ancap firmó en 2012 un contrato con YPF para autorizarla a buscar petróleo en territorio uruguayo, específicamente en un área de 10.000 m2 en los departamentos de Artigas, Salto, Tacuarembó y Rivera. En 2017, YPF compró a Ancap el 20% de su participación en Petrouruguay y así completó el 100% del paquete accionario.

En el caso de Petrobras, la multinacional tuvo presencia en el mercado local como competidor y socio de Ancap, dependiendo del rubro. La compañía vendió el año pasado sus intereses en Uruguay.

La petrolera estatal aprobó un Código de Conducta en 2018 que se basaba en el decreto que regía en esa época la ética de la función pública, que en 2019 fue transformado en ley con algunos cambios.

El punto 14 del código de Ancap refiere a las “garantías frente al conflicto de intereses” y su primer numeral establece que los funcionarios de Ancap deben “dar cuenta de aquellas situaciones en las que exista conflicto entre los intereses personales y los de Ancap”. Y define a continuación: “Se considera conflicto de interés aquella circunstancia en la que las actividades del funcionario o personal alcanzado, entran en conflicto con los intereses de Ancap pudiendo afectar negativamente la reputación de esta o su relación con otros, o interferir con el cumplimiento de las responsabilidades laborales del funcionario”.

El punto siguiente agrega que “el funcionario de Ancap deberá abstenerse de participar o influir en la toma de decisiones en cualquier situación en la que, directa o indirectamente, él o personas vinculadas a él, tuvieran interés personal”. El código establece también que “en caso que exista cualquier duda referente a un conflicto de interés real o potencial, los empleados deben buscar la orientación de su supervisor inmediato y/o de la Comisión de Conducta”.

El artículo 31 del Código de Ética en la Función Pública establece que “queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado”.

Búsqueda intentó sin éxito conseguir la opinión de Brum acerca de si las inversiones de su esposa no podían implicar para él un posible conflicto de interés, dado el cargo que desempeña en Ancap.

La senadora Asiaín llamó a Búsqueda en la tarde del miércoles 2 y argumentó por qué considera que no hay conflictos.

“En este caso no son acciones, son bonos, que implica que uno le presta plata, bonos corporativos que cotizan en la Bolsa de Nueva York y uno le presta plata a esas empresas. Por lo tanto, no corre con las ganancias y no se beneficia tampoco con las ganancias, después le devuelven intereses”, sostuvo. La legisladora blanca aseguró que hace “muchísimos años” le extendió “un poder” a su corredor de bolsa para que tome decisiones de las inversiones sin tener que consultarle. Al respecto, añadió que se enteró en qué empresas tenía inversiones al pedirle información para hacer la declaración jurada para la Jutep.

“En estos casos y con estas empresas, no hay competencia, no solo porque Ancap tiene monopolio, sino porque al no tener acciones, es decir no tener pedacitos de esa empresa, sino haberle prestado, no hay ningún conflicto ni competencia alguna”, opinó. Y agregó que antes de ser secretario general, un cargo que no implica tomar decisiones, su esposo no manejaba información privilegiada “como para soplarle” al corredor de bolsa dónde invertir, y que en caso de tenerla solo le hubiese servido si compraba acciones y no bonos.