Sendic fue víctima de un “juicio paralelo” de los medios que afectó su “valoración social” e incidió en la Justicia, según su defensa

Ignacio Durán y Gumer Pérez escribieron 46 páginas en las que defienden la conducta del ex vicepresidente y cuestionan el delito de abuso de funciones, un “cajo´n de sastre” que “resulta de sencilla aplicación para el operador desatento o meramente represor”, pero que se transforma en un “obstáculo difícil de sortear para el cuidadoso y garantista”.

“Pura coincidencia”.

En el escrito de apelación presentado ante Larrieu, los abogados de Sendic apuntaron a la incidencia de los medios en la opinión pública y hasta en las decisiones de la Justicia. Citando al especialista Antonio Camaño Rosa, se refirieron al “consabido especta´culo de los denominados ‘juicios paralelos’, en los cuales la prensa juega el rol de juez y fiscal, adelanta´ndose largamente a la Justicia y, a fin de cuentas, juzgando no solo al indagado, sino a la misma Justicia segu´n lo que esta falle”.

“Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia”, añadieron.

Aunque estos juicios mediáticos no lleguen a “condicionar” a los jueces locales, “es factible que les ejerza alguna ‘coercio´n’ al momento de realizar el juicio de tipicidad y, no en vano, recurrirse a la imputacio´n de este delito residual” (el abuso de funciones). “Si bien no cabe duda acerca de la independencia de nuestros jueces y fiscales —prosiguieron—, no se puede dejar de lado que cada vez más estos juicios paralelos inciden en la valoración social sobre el ciudadano indagado y sobre los operadores penales intervinientes”.

Más allá de esas consideraciones, los abogados buscaron refutar el rol que la jueza le atribuyó a Sendic en la intermediación con Exor. Según la magistrada, el ex vicepresidente actuó con abuso de funciones al incluir en el negocio a la financiera “sin dar noticia al directorio ni consultar a Servicios Jurídicos”. Exor quedó luego fuera del acuerdo y Ancap expuesta a pagarle una indemnización millonaria.

Pero según los abogados del ex vicepresidente, “lo u´nico” que hizo Sendic fue facultar, de forma verbal, la intervención de Exor en las negociaciones, y de inmediato dio participación a las gerencias Financiera y de Servicios Jurídicos. Además, las gestiones con Exor y Pdvsa eran informadas “al mismísimo Ministerio de Economía y Finanzas”, lo que demuestra que Sendic “nunca recibió en ‘soledad’ ni en forma ‘clandestina’ a ningún representante” de la financiera.

“La única motivación que tuvo Raúl Sendic fue la de generar una quita importante en la deuda” con Pdvsa, argumentó la defensa. “Parecería que el mayor pecado que cometió Raúl Sendic fue precisamente buscar un beneficio para la administración”, añadió.

En relación con el uso de las tarjetas corporativas de Ancap (una información divulgada por Búsqueda en junio de 2017), la jueza entendió que Sendic no pudo “explicar razonablemente, en ninguna instancia —judicial o extrajudicial—, los gastos realizados”.

La defensa del ex vicepresidente dijo que “muchos de los gastos cuestionados fueron por compras inherentes a la función” y que en otros gastos “se efectuaron los reembolsos correspondientes”, lo que se demostrará una vez que culmine la investigación administrativa iniciada en Ancap, aseguraron.

Además, a lo largo de todos los an~os en los cuales presidio´ Ancap, Sendic “jama´s recibio´ ninguna observacio´n” del Tribunal de Cuentas ni del A´rea Econo´mico Financiera. Para acusarlo del delito de peculado Sendic debió obrar con “conciencia y voluntad de hacerse de un provecho injusto en detrimento de los intereses de Ancap”, pero eso no ocurrió.

Los abogados reiteraron varias veces que fue el propio Sendic el que estableció un reglamento para el debido uso de las tarjetas corporativas y afirmaron que “utilizaba la tarjeta Visa, que era la u´nica que traía los detalles específicos de las compras efectuadas, porque no había nada que ocultar al respecto”. La prueba que respalda esas afirmaciones “no ha podido ser localizada hasta el momento en los archivos sistemáticos de Ancap y siguen sin encontrarse hasta el momento los respectivos comprobantes de los gastos efectuados”, aclararon.

Múltiples irregularidades.

Por su parte, el fiscal Pacheco insistió, en su apelación, en la responsabilidad de los restantes involucrados, que no fueron procesados por Larrieu. Sostuvo que existen “elementos de convicción suficientes para iniciar proceso penal a todos los indagados a quienes se solicitó su enjuiciamiento”.

Las discrepancias entre su criterio y el de la jueza “no se derivan de distintas interpretaciones de la figura delictiva del abuso de funciones”, afirmó, “sino que la sede ha entendido que los hechos por los cuales la Fiscalía ha solicitado procesamientos no constituyen siquiera hechos irregulares”. Pero el fiscal “discrepa con cada uno de los argumentos esgrimidos por la sede, y entiende por el contrario que existen múltiples irregularidades en la actuación del ente estatal”.

En el caso de la triangulación entre Ancap y la empresa Trafigura para refinar petróleo de la ecuatoriana Petroecuador, la jueza exoneró a Sendic y a otros exjerarcas porque entendió que no hubo irregularidad. Pacheco cuestionó esa conclusión y dijo que la estatal uruguaya dio a Trafigura “una posición más que ventajosa, ofreciéndole su participación en un negocio multimillonario, sin que dicha empresa extranjera haya debido enfrentar procedimiento competitivo alguno”, y afirmó que se debió llamar a licitación.

En relación con el contrato con Exor, Pacheco insistió en responsabilizar también al expresidente de Ancap José Coya por haber firmado un acuerdo para una segunda operación de cancelación de deuda, sin licitación, y que terminó exponiendo a Ancap a un litigio.

Otro de los puntos cuestionados por la Fiscalía fueron los adelantos de dinero que recibió la empresa de transporte Pleno Verde, contratada para llevar cal a Brasil. La jueza no halló irregularidades, pero a juicio del fiscal “no es admisible utilizar dineros de Ancap para conceder una suerte de ‘salvataje financiero’ a una empresa privada en dificultades, por más relación contractual que exista entre ambas”.

El fiscal también insistió en la responsabilidad de los dos funcionarios que intervinieron en el contrato que realizó Ancap con una empresa naviera para transportar combustible. En ese caso hubo una “clarísima actuación irregular del ente, evidenciada en fallos contundentes de la Justicia contencioso administrativa, en tres instancias, que costó a Ancap más de US$ 300.000 por daños y perjuicios”, argumentó.

La Fiscalía reiteró su posición sobre las irregularidades cometidas en Alur en torno a la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú. Pacheco cuestionó que la constructora Abengoa recibiera un premio de US$ 1 millón por entregar la obra de forma anticipada, pese a no haber cumplido con determinadas condiciones previstas en el contrato.