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    lunes 15 de julio de 2024

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    Sequía: el consumo de agua mineral gravado con Imesi fue récord en junio y se mantuvo alto al menos hasta agosto

    De modo similar a lo que ocurría en los primeros tiempos del Covid-19, sobre todo en mayo y julio pasado, los medios de comunicación reportaban a diario el nivel de agua en Paso Severino —la principal reserva desde donde OSE abastece Montevideo y el área metropolitana— y se mostraban imágenes desoladoras de un embalse que iba secándose. Durante esa crisis, la población de los departamentos sureños buscó alternativas de consumo ante la recomendación de las autoridades sanitarias de reducir el uso del recurso, que tomó un sabor salado y subió en cantidad de cloruros.

    Los bidones de agua llegaron a escasear por momentos y la producción nacional se vio desbordada. En el primer semestre del año se importaron casi 180.000 litros de agua embotellada —un aumento en volumen de 266% frente a todo 2022— por US$ 86,4 millones, informó en julio el Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica con base en estadísticas de SmartData. Eso se vio favorecido por exoneraciones impositivas para la importación y la venta al público del producto, entre otras medidas aprobadas por el Poder Ejecutivo en el marco de una emergencia hídrica decretada el 19 de junio y que duró poco más de dos meses, hasta que las lluvias volvieron al sur del país. A comienzos de setiembre, las reservas de Paso Severino ya habían vuelto a la normalidad. Muchas familias volvieron a usar el agua de la canilla. Sin embargo, el consumo de agua embotellada siguió, al menos hasta agosto, en niveles muy por encima de lo habitual.

    Estadísticas de la Dirección General Impositiva (DGI) sobre las cantidades gravadas con el Impuesto Específico Interno (Imesi), analizadas por Búsqueda, muestran que los volúmenes de la agrupación “aguas minerales, sodas y bebidas a base de jugos” declarados habían crecido a comienzos de este siglo, pasando de 186 millones de litros en el 2000 a 361 millones en 2018. Luego hubo una baja año tras año (a 333 millones en 2022), una tendencia que, a raíz de la crisis hídrica, tuvo un giro en 2023. Los datos mensuales muestran que las cantidades alcanzadas por el Imesi rondaron los 33 millones mensuales entre enero y marzo, bajaron a 25,2 millones en abril y saltaron a 53,9 millones en mayo y a 55,1 millones en junio, lo que marcó un récord en toda la serie de la DGI, que se inicia en 1987. En los dos meses siguientes para los que se dispone información, hubo un leve descenso (53,4 millones en julio y 52,7 millones en agosto) en el volumen de “aguas minerales, sodas y bebidas a base de jugos” gravadas con Imesi, pero muy por encima de los niveles previos a la crisis del agua de OSE.

    Las exoneraciones impositivas para el agua envasada, que según datos relevados por el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía habían caído (de $ 53,9 a $ 37,1 en promedio de una botella de Matutina de 2,5 litros y de $ 70,2 a $ 51,5 en el caso de la marca Salus, por ejemplo), con el fin de la declaración de la emergencia hídrica volvieron a los niveles anteriores.

    Las aguas minerales o embotelladas no son las únicas bebidas sobre las que recae ese impuesto específico.

    Las “bebidas cola” al parecer no fueron un sustituto de las aguas durante esta emergencia hídrica, ya que las cantidades de “bebidas cola” por las que se pagaron Imesi oscilaron en torno a los 20 millones de litros mensuales, similares a las de años sin sequía.

    En una perspectiva más histórica, los volúmenes gravados de esos refrescos más que se duplicaron desde principios de siglo (de 148 millones de litros declarados en 2000 a 338 millones en 2014), si bien luego se revirtió esa tendencia hasta 2021. En 2022 hubo otra leve recuperación y se consumieron 299 millones de litros que tributaron este impuesto. En 2023, hasta agosto, fueron 187 millones.

    Este año tampoco se movió más de lo habitual el mercado de “bebidas a base de jugos”, y las cantidades declaradas a los efectos de tributar el Imesi rondaron entre los 10 millones y los 19,4 millones mensuales en lo que va de 2023.

    Alcohol.

    Aunque su aporte recaudatorio no varió en lo sustancial, las cantidades declaradas a los efectos tributarios de ciertas bebidas alcohólicas se redujeron en las primeras décadas de la presente centuria. Es el caso del whisky, bajó de 5,3 millones de litros anuales en el 2000 a 4,2 millones en 2022, si bien en el medio hubo años con volúmenes superiores a los 6 millones.

    En contrapartida, se elevó el consumo de cerveza, en particular la importada. Los datos de la DGI llevan a pensar que es una bebida “suntuaria” y que los uruguayos prescinden o toman menos en épocas de crisis: cayó a mínimos históricos en 2002 (50,5 millones de litros) y en 2003 (43,1 millones) y se recuperó después del rebote y el largo ciclo de expansión económica posterior hasta superar casi todos los años los 100 millones consumidos. La excepción fue el 2020, en el contexto de otra crisis, la que causó la pandemia de Covid (95,3 millones), para otra vez volver a las cifras más normales en 2021 y 2022 (en torno a 102 millones en ambos años).

    Cigarros y automóviles.

    El Imesi grava también otros bienes.

    En cantidades, de las más de 170 millones de cajillas de 20 cigarrillos o su equivalente que se vendían pagando impuestos a principios de este siglo se pasó a menos de 100 millones en 2019. La caída continuó en los años siguientes hasta los 87,5 millones del 2022. En proporción del total, el Imesi recaudado por este rubro cayó de casi 27% en 2010 a 16,3% en 2022. En este caso, se dio por políticas orientadas a la protección de la salud promovidas por el entonces presidente Tabaré Vázquez, que incluyeron la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados y sucesivos incrementos en las alícuotas del impuesto.

    En cuanto a los automóviles, en 2022 entró en vigor un gravamen a la contaminación con dióxido de carbono (CO2) surgida de la combustión de las naftas, que sustituyó de forma parcial el Imesi a los combustibles. En su año inicial de aplicación, por este Imesi a las emisiones de CO2 se recaudaron $ 10.481 millones, equivalentes a unos US$ 262 millones convertidos al tipo de cambio mayorista promedio del 2022. Representó 20% de todo el Imesi cobrado ($ 53.052 millones o US$ 1.324 millones).

    El Imesi a la emisión de CO2 se aplica a la primera enajenación de los combustibles. El impuesto por tonelada fue de $ 5.286, lo que el año pasado significó valores por litro en torno a $ 11,7 tanto de la nafta súper 95 como de la premium 97. Si bien antes de esta innovación el Imesi de alguna forma ya gravaba las emisiones de carbono por la utilización de combustibles fósiles, lo hacía sobre un monto ficto por litro de naftas comercializadas. Con el gravamen al CO2 sobre un monto fijo por tonelada Uruguay se alinea con los objetivos de la comunidad internacional para la mitigación del cambio climático y con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción por el Clima.

    Con este desdoblamiento del Imesi, la recaudación sobre los combustibles redujo su aporte en el total de ingresos generados por el tributo, de 50% en 2021 a 34% en 2022. Ese rubro era aún más importante a comienzos del siglo (54%).

    En esa baja del peso del impuesto a los combustibles pudo haber incidido la creciente sustitución de vehículos a combustión por eléctricos o híbridos. En 2022 fueron declarados a los efectos de la contribución con el Imesi 12.186 automóviles de carga y de la categoría A.

    Economía
    2023-10-25T17:07:00