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Después de dos meses finales de 2022 con baja del Índice de Precios al Consumo (IPC) que permitió abatir la tasa anual, la inflación se aceleró en el inicio del nuevo año, en parte por los ajustes de tarifas públicas y al agravarse la sequía. Este último factor pasó a ser una preocupación central para las autoridades económicas y del área agropecuaria del gobierno.
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El Poder Ejecutivo anunció el martes 17 la extensión de la emergencia agropecuaria en principio hasta el 24 de abril, lo que habilita a desplegar diversos apoyos a los productores. Además, los paliativos se ampliarán a la avicultura y la apicultura. Otras medidas están a consideración.
Más del 40% del territorio se encuentra bajo una “sequía severa”, mientras que en otro 21% de la superficie la escasez hídrica es “extrema” y en casi 2% la situación es todavía más grave (“excepcional”), informó el Instituto Uruguayo de Meteorología el martes 17. El panorama más crítico se registra en la región central del país.
“Lo único que revierte esto, por un lado, son lluvias que no están previstas en forma muy generosa en los pronósticos, (que) no son muy auspiciosos. Lo otro es pensar en aspectos estructurales y tener mayor capacidad de adaptación frente al cambio climático”, reflexionó el martes 17 en Radio Carve el ministro de Ganadería, Fernando Mattos. “Si en las próximas dos o tres semanas no llueve, la situación tenderá a agravarse (…) y tendremos un impacto económico mucho mayor al que tenemos hoy evaluado”, se lamentó. En la lechería, por ejemplo, la caída productiva fue de 20% en los últimos días, aseguró.
La actitud del gobierno fue cuestionada por el Frente Amplio, que prevé proponerle medidas a tomar ante la sequía. “¿Qué está haciendo, si todo el Uruguay está todo pintado de rojo desde hace largo tiempo?”, fustigó el presidente de esa coalición opositora, Fernando Pereira, en declaraciones al medio @agesor.
En ámbitos técnicos del gobierno admiten que la sequía puede impactar sobre parte de la canasta alimenticia en los próximos meses, si hubiera menos volúmenes de ciertas producciones y de peor calidad.
Luego de haber cerrado en 2022 en 8,3% tras dos meses de deflación —por la actualización del IPC y debido al descuento por el UTE Premia—, las autoridades económicas encaran con más confianza el nuevo año y esperan registros inflacionarios menores, ayudado por el contexto global. Pero están atentas al panorama climático y sus efectos.
En la primera quincena de enero, el Índice de Precios al Consumo de Búsqueda (IPCB) aumentó 1,6% tanto frente al promedio de diciembre como contra los mismos días de ese mes, en parte por el ajuste de las tarifas públicas, habitual en estas fechas. En el rubro de alimentos se destacaron las alzas en algunas frutas y verduras: lechuga (18%), tomates (10%), naranjas (12%), duraznos (8%).
La medición del IPCB está en línea con la proyección que hacen —en mediana— los analistas encuestados por el Banco Central: esperan para enero un alza de precios de 1,7%.
El Centro de Investigaciones Económicas estima que la tasa de 12 meses tendrá una evolución en forma de “V” a lo largo del 2023, bajando primero y subiendo desde octubre, para cerrar el año en torno a 7,7%.
