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Siete de cada 10 alumnos de educación inicial a ciclo básico reciben algún tipo de prestación social del Estado
Uruguay mejoró el acceso al sistema educativo público, al tiempo que aumentó la segregación por nivel socioeconómico en los últimos años, según un estudio del Ineed
En los últimos años, Uruguay registró un avance importante en cuanto al acceso de niños y adolescentes al sistema educativo público, particularmente en los niveles de educación inicial y en formación técnica o UTU, llegando además a cubrir los estratos sociales más vulnerables. No obstante, en forma paralela, continuó aumentando la segregación educativa por nivel socioeconómico en el sector público de la educación, desde preescolar hasta el ciclo básico, una tendencia sostenida en el tiempo. En esta línea, el subsistema con mayor segregación es educación inicial, seguido por primaria, secundaria y, por último, educación técnica.
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La información surge de un estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), titulado Evolución de la segregación socioeconómica en la educación pública de Uruguay, a cuyo contenido accedió Búsqueda y cuyas conclusiones fueron difundidas días atrás en la Revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en la educación (Reice), una publicación académica editada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
El objetivo del informe del Ineed fue el de dimensionar la segregación educativa —entendida como la distribución desigual por nivel socioeconómico y medida a partir del cruce de indicadores técnicos— en los centros de educación pública, desde inicial y primaria hasta media básica (tercero de liceo y UTU) entre 2013 y 2019.
La investigación reveló además que el 67,7% de los alumnos uruguayos recibió en 2019 algún tipo de prestación social destinada a las familias más vulnerables. En los ciclos inicial y primaria, este porcentaje fue cercano al 66%, mientras en educación secundaria se ubicó en 60,4% y en técnica ascendió a 75,1%, según el estudio, que se remitió al Sistema de Información Integrada del Área Social (Siias), donde convergen datos de distintos organismos de la administración pública.
De acuerdo a las autoras del informe, si se toma en cuenta que el 47% de los menores de 18 años es beneficiario de alguna transferencia monetaria, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sistema educativo público concentra una proporción mayor de niños y adolescentes “vulnerables”: siete de cada 10 alumnos.
Que durante los últimos años la proporción de estudiantes vulnerables no haya disminuido en la educación pública refleja fenómenos particulares de cada subsistema educativo, explicó a Búsqueda la socióloga Fiorella Ferrando, coautora de la investigación. Señaló, por ejemplo, que mientras en educación inicial y técnica aumentó la matrícula, en primaria y secundaria se redujo en igual período.
En 2019 asistieron a centros de educación pública —desde inicial a media básica— unos 490.000 estudiantes. Más de 90.000 niños recibieron educación preescolar y unos 248.000 fueron a la escuela. Al tiempo que más de 114.000 alumnos asistieron a liceos y otros 37.000 a centros de UTU.
Además de Ferrando, trabajaron en la elaboración del informe del Ineed las investigadoras Melissa Hernández Almeida, Cecilia Oreiro, María Noé Seijas y Joana Urraburu.
La tensión no resuelta
En América Latina los logros educativos están fuertemente determinados por las características socioeconómicas del hogar de origen de los estudiantes. El segundo y tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Serce y Terce) mostró que el contexto social, económico y cultural es el ámbito de mayor influencia sobre el aprendizaje, y que esto limita el efecto que el sistema educativo puede ejercer para compensar la desigualdad de origen. Por lo que para alcanzar la equidad educativa resulta “imprescindible” que los centros de estudio sean “heterogéneos socioeconómicamente” y que favorezcan el vínculo entre estudiantes con orígenes sociales e historias de vida distintas que contribuyan a la integración social.
De esa premisa parte el referido estudio del Ineed, explicaron sus autoras a Búsqueda. Si bien Uruguay ha hecho un esfuerzo “muy importante” para garantizar el acceso universal a la educación pública en estos años, ese objetivo no garantiza de hecho la equidad educativa, afirmó la economista Urraburu.
Así es que, según el criterio de asignación de las prestaciones sociales —asociadas al Ministerio de Desarrollo Social o al Banco de Previsión Social—, entre 2013 y 2019 la educación técnica presenta el mayor porcentaje de estudiantes vulnerables. En inicial y primaria esta proporción se ha mantenido relativamente alta, en torno al 67%. Secundaria es el subsistema educativo que menos alumnos vulnerables tiene comparado con el resto, aunque también muestra una tendencia creciente en este período.
El estudio detectó asimismo diferencias entre las regiones del país, lo que a juicio de sus autoras revela una “marcada impronta territorial”. Ferrando indicó que en la segregación educativa influye la localidad, el barrio y hasta la calidad del vecindario en que esté ubicado el centro educativo, lo que sumado a otros factores, determina incluso la probabilidad de repetir e, indirectamente, afecta la posibilidad de abandonar los estudios.
“La segregación educativa, así entendida, es discriminatoria y reproduce las desigualdades sociales, por lo que resulta un obstáculo para la construcción de sociedades cohesionadas”, aseguró esta socióloga, y así remitió a una de las conclusiones del estudio: “La fuerte impronta territorial de algunos subsistemas, y el incremento de la cobertura en educación media técnica, asociada a la incorporación de estudiantes que se encontraban fuera del sistema, aparece como algunos de los principales hechos a destacar”.
Sin embargo, agregó Ferrando, persiste “una tensión no resuelta” entre mayor cobertura y acceso educativos, y el aumento de la segregación en el sector público.
