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Las recientes medidas que anunció el gobierno para reducir el precio de algunos alimentos de la canasta básica provocaron polémica entre fabricantes y comerciantes. Pero en las últimas semanas el descontento de la mayoría de las industrias molineras y oleaginosas instaladas en el país se tradujo en acciones concretas, con la presentación individual de un recurso de revocación ante el Poder Ejecutivo, dijeron a Búsqueda fuentes gremiales de esos sectores.
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La aceitera Cousa y los molinos Río Uruguay, Santa Rosa, San José, Florida, Dolores, Carmelo y Santa Fe de Salto consideran que el decreto 192/022, que redujo a la mitad los aranceles de importación de las harinas y aceites provenientes de Argentina, fue dictado con “abuso de poder”. Dentro de los 10 días posteriores a la publicación del decreto (20 de junio) en forma individual esas industrias interpusieron el recurso porque entienden que “perjudica la viabilidad” de su negocio. Advierten que la reducción de los aranceles significará en el mediano o largo plazo la “desaparición” de estas empresas porque resultará más conveniente importar productos terminados desde el mercado argentino.
Agregan, según dijeron las fuentes empresariales, que la entrada en vigor de esa norma ya se ha traducido en una afectación del nivel de actividad, por lo que “algunos” molinos han reducido la cantidad de personal tercerizado y “otros directamente están analizando cerrar su actividad industrial”.
En la misma línea, también en las últimas semanas 145 trabajadores de ocho molinos harineros y de la aceitera Cousa promovieron una acción de amparo frente al decreto 192 y el 193, que está relacionado y modifica la lista nacional de excepciones al arancel externo común para esos alimentos. En esa demanda, a la que accedió Búsqueda, los empleados cuestionan el “actuar ilegítimo” del Poder Ejecutivo y solicitan la suspensión de la aplicación de ambos decretos. Y afirman, al igual que señalan los molinos y Cousa, que la baja de aranceles pone en “riesgo la sustentabilidad y existencia misma de la industria nacional” comprometiendo los puestos de trabajo “con inequívoco destino de pérdida” de estos.
Con esta acción de amparo, por la que ya hubo alguna audiencia, los trabajadores buscan asegurar el derecho al trabajo. Fue realizada por empleados de prácticamente los mismos molinos (se agrega un grupo de trabajadores del molino Cañuelas), que también objetaron la medida.
Fuera de competencia
Los decretos en cuestión bajaron a la mitad el arancel a la importación de aceites comestibles (de 16% a 8%) y de harinas (de 12% a 6%).
Los trabajadores argumentan que con ello se “facilita drásticamente” la importación de aceites y harinas desde Argentina, que ingresan con “precios subsidiados” por su país de origen. Y en la misma línea, los molinos y Cousa afirman —según las fuentes— que con las retenciones aplicadas por el gobierno argentino y sus efectos la industria uruguaya “no puede competir” con la mercadería que proviene del vecino país. Señalan que además de las retenciones Argentina otorga subsidios directos a la producción de aceite y trigo por montos millonarios, entre otras medidas prohibidas por tratados y normas asumidas en el Mercosur y que son ley en Uruguay. Explican que el régimen anterior intentaba “neutralizar el efecto distorsivo” y compensar ese tipo de medidas ilegítimas.
Los trabajadores afirman que las fábricas uruguayas quedan “fuera de competencia” por no poder acceder a la materia prima a precios similares a los del país vecino y que tampoco Argentina “habilita la exportación de granos a la industria uruguaya a los mismos valores que se vende en su mercado interno”.
Tanto los trabajadores como las empresas del sector aclaran que el problema de competitividad que se presenta con Argentina no sucede con Brasil, “el mayor productor de soja del mundo” y desde donde se puede importar harina y aceite de girasol con arancel cero.
“Oportunista” y “voluntarista”
Para los trabajadores, la justificación para reducir los aranceles de las harinas y aceites en el aumento de los precios de esos alimentos como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania es “oportunista” y “totalmente equivocada”. Sostienen que “a corto plazo no hace más que aumentar el desempleo en los sectores industriales afectados, y a mediano plazo provocará el desmantelamiento y cierre de la industria nacional y, en vez de obtener una disminución de los precios, el consumidor nacional pagará (...) precios fijados por empresas multinacionales básicamente de la región como ya se ha visto en otras situaciones similares”. Inclusive, advierten, podría ocurrir que algunas empresas “sobrevivientes” opten por importar directamente harina y aceite de Argentina por ser más convenientes y generar como consecuencia la “inmediata pérdida de cientos de puestos de trabajo”.
Los trabajadores comentan además que, desaparecida la industria nacional, la realidad muestra que los precios de los productos de los rubros afectados “suben indefectiblemente” como sucedió con bienes de tocador y limpieza.
Agregan a su vez que “la realidad y la historia reciente” demuestran que “tal vez podría darse una baja de precios durante un par de meses” pero “indubitablemente, a corto plazo, desaparece la industria nacional y la pérdida de puestos de trabajo es inminente”.
Por otra parte, lamentan que la actual administración dé por supuesto que la reducción de aranceles se traducirá en un menor precio de los bienes importados y que la menor actividad de la industria nacional no afectará de forma significativa el nivel de ganancias o sustentabilidad. Ello, indican, es una suposición “voluntarista”.
Más adelante, los trabajadores concluyen que la norma dictada por el Poder Ejecutivo “no solo no protege a la industria nacional sino que la condena a desaparecer y a perjudicar a cientos de familias”.
Desde el sector empresarial, los molinos y la aceitera sostienen que “no hay nada que asegure el éxito” del abatimiento arancelario, en el sentido de reducir el precio de esos bienes de consumo básicos. “Es claro que hasta el momento (la medida) no ha reducido el precio final para el consumidor, aunque hay que tener en cuenta la actual coyuntura argentina, que no logra abastecer su mercado interno”, entre otras razones por el conflicto entre el gobierno del vecino país y los productores.
Los molinos y Cousa aclararon que el recurso interpuesto es “provisorio”, ya que están a la espera de que el Ministerio de Economía les dé vista del expediente para analizar los informes técnicos de las carteras de Estado involucradas para “fundamentar el recurso definitivo”. Las fuentes dijeron que confían en que el Ejecutivo “reevaluará la situación” en función de la información que han proporcionado hasta el momento.
Contradicción
Por otra parte, en la acción de amparo los trabajadores sostienen que el decreto 193/022 habilita a que cualquier importador de harina o aceite no presente el certificado de origen Mercosur y que con ello “sencillamente se considere a la mercadería procedente de Argentina como no originaria de Mercosur, pasando a pagar 0%”.
Indican también que hay una contradicción entre ambos decretos y no queda claro si finalizados los seis meses —el plazo de vigencia prevista para la rebaja— se volvería al derecho específico de 16% o se aplicaría la tasa general arancelaria de 0%. En el caso de la harina, se sostiene que finalizado el plazo de seis meses se le aplicaría la Tasa Global Arancelaria de extrazona.
Apuntan que el “apresuramiento” del gobierno en tomar medidas llevó a que se cometieran “contradicciones, gruesos errores jurídicos” y se violaran normas nacionales e internacionales.
