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La llegada de inversores del exterior atraídos por la rentabilidad que ofrece el sector inmobiliario y el desarrollo que está teniendo la vivienda construida con exoneraciones fiscales impulsó la cantidad de compraventas y arrendamientos el año pasado, en un contexto de crecimiento económico. Y en esta temporada de verano los operadores inmobiliarios vienen registrando niveles “muy buenos” de actividad con turistas que están “un poco en la playa” y otro poco buscando opciones para invertir en ladrillos. “Como les fue bien en su primera inversión, tuvieron buena rentabilidad, ven que el país es confiable, que es seguro, que hay un clima agradable y vuelven a invertir con confianza”, dijo a Búsqueda la presidenta de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Beatriz Carámbula.
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La empresaria, directora de Punto Inmobiliario, afirmó que el sector está “muy atractivo” para argentinos, peruanos, chilenos, que en general invierten en viviendas promovidas por las ventajas impositivas que tienen, al punto que cuando se termina la construcción de un edificio el 90% de las unidades ya están vendidas. Analizó que el valor de ese tipo de propiedades se ubica entre los US$ 100.000 y US$ 160.000, lo que es un “ticket accesible para una amplia gama de gente”. También se refirió al atractivo de los campos para inversores estadounidenses y europeos.
“La economía está funcionando, hay estabilidad laboral, la gente está tomando más créditos y por mayor monto, entonces las perspectivas mejoraron”, comentó en relación con los demás factores, que, a su juicio, están favoreciendo a que siga el dinamismo de este sector en 2023.
Sobre el nivel de precios de las propiedades, Carámbula dijo que los valores en 2022 se mantuvieron porque el dólar estuvo “planchado”, si bien hubo un ajuste al alza casi “imperceptible” sobre el final del año, para ver cómo reaccionaba el mercado. Eso cambiará este año; aseguró que los precios van a subir “indefectiblemente” en torno a 15% o 20%, aunque de forma escalonada para que el mercado lo vaya absorbiendo. “El que compre hoy va a comprar más barato que en un mes o poco tiempo más”, afirmó.
Explicó que el actual valor del dólar “tan bajo” está afectando la ecuación, en especial, de los desarrolladores inmobiliarios que han tenido que asumir mayores costos en pesos. Según ella, ese factor ha “enlentecido un poco” el lanzamiento de nuevos proyectos.
Para Carámbula, la opción de vender en pesos o en unidades indexadas a la inflación para que el valor de la vivienda se ajuste al incremento de precios de la economía, y avanzar en el camino de la “desdolarización” que propone el gobierno, no es algo para el corto plazo.
Alegó que se tendrían que dar ciertas circunstancias, además de un cambio cultural para que los consumidores opten por comprar en otra moneda que no sea el dólar. “Primero —dijo— la inflación tiene que estar más baja, contenida, sostenida, y luego tendría que haber una estrategia de dar beneficios específicos (tasa más baja, más plazo, etc.) para que la gente se vuelque a otra moneda” distinta de la divisa estadounidense. Agregó que ello debería ser opcional, de modo de no afectar la libertad de comercialización, porque el “inversor que tiene los dólares va a comprar en dólares, pero hay otra masa social que gana en pesos que si tuviera determinados beneficios evaluaría cuánto más conveniente”, le resultaría atractiva.
En octubre (último dato disponible), las compraventas se hicieron a un precio promedio 12,8% mayor —en moneda corriente— que un año atrás, informó el Instituto Nacional de Estadística en base a las inscripciones ante la Dirección General de Registros, que incluye viviendas, predios comerciales e industriales. Comparando noviembre de 2022 respecto del mismo mes de 2021, la cantidad de transacciones fue 6% mayor.
El “gran problema”
Con el incremento del nivel de actividad también creció el ejercicio informal de la intermediación de propiedades, tanto en Montevideo como en el interior, dijo Carámbula. “Es abismal (lo que creció), está en 60%, es impresionante en el día a día lo que el inmobiliario tiene que luchar contra eso”, se lamentó. Ese dato es una estimación primaria de un estudio más profundo encargado por la CIU para estimar el nivel de informalismo.
Explicó que ese es el “gran problema” del sector porque se trata de una “competencia desleal, que no está aportando, que evade, con personal que está desprotegido y que causa daño” a los agentes inmobiliarios formalmente establecidos. Para combatirlo, la CIU, junto con otras instituciones del rubro (Cámara Inmobiliaria de Maldonado, el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Uruguay), elaboró una iniciativa legal para regular la actividad del operador inmobiliario y en julio del año pasado fue presentada por un grupo de diputados. Carámbula mostró entusiasmo con la posibilidad de que se convierta en ley este año, tras algunos ajustes que tuvo el texto: “Es un proyecto conciso, que busca formalizar y profesionalizar para que estemos todos en las mismas condiciones. No va contra la libertad de que el propietario pueda vender. Queremos que haya un registro de operadores inmobiliarios, capacitados, con una matrícula y que haya una habilitación especial para aquel que esté trabajando hace un año y que presente pagos al BPS y la DGI para inscribirse. Lo que buscamos es básico. (...) Una comisión va a estar actuando en el registro para controlar y sancionar al que no cumpla con los requisitos”, explicó.
Insistió con que “hay muchos informales” trabajando que con la pandemia se lanzaron al mercado “con un teléfono y una agenda”. Agregó: “Hoy cualquiera puede ser inmobiliario, pero el que no hizo cursos, el que no está en el rubro, está asesorando mal al cliente. Y el operador (formal) queda en una nube de desprestigio por la mala experiencia que pudo tener un cliente. Por eso necesitamos una regulación”.
Señaló que la CIU agrupa a unas 1.000 empresas, pero dijo que todo el sector emplea a unas 24.500 personas, considerando también a los desarrolladores inmobiliarios.
