Sin el delito de abuso de funciones, casi ninguna de las irregularidades detectadas en Ancap podría ser castigada, dice Luis Pacheco

Afirma que está “conforme” con su trabajo, aunque “es consciente de que no puede conformar a todo el mundo” y de que puede “cometer errores”.

La Fiscalía no solo indagó la situación patrimonial de los involucrados, sino que investigó si existieron aportes a campañas políticas por parte de las empresas privadas beneficiadas con contratos, explica Pacheco a Búsqueda. “Se pidió expresamente que se analizara eso”, afirma, y no se encontró nada.

También se cuestionó que la Fiscalía tipificara, en casi todos los casos, abuso de funciones, un delito que tiene detractores entre miembros del Parlamento y de la academia por ser poco específico. Pero “está vigente” y la Fiscalía, “le guste o no le guste, tiene la obligación de aplicarlo”, dice Pacheco. Además, no cree que “sea un cajón de sastre, como se dice”, y tiene el respaldo de la Suprema Corte de Justicia, que dijo que es constitucional.

Por otra parte, si ese delito se derogara, prácticamente ninguna de las conductas irregulares detectadas en la gestión de Ancap podría haber sido perseguida, afirma.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.

—El delito de abuso de funciones es cuestionado por la academia, y el Parlamento debate hace tiempo su derogación. ¿Por qué lo tipificó?

—Obviamente estoy al tanto del debate, pero es un delito que está vigente, que no fue derogado pese a los intentos legislativos, y la Fiscalía, le guste o no le guste, tiene la obligación de aplicarlo. Creo igual que no es una figura que sea tan amplia, tan abarcativa de cualquier conducta. El delito está definido como la “comisión de actos arbitrarios en perjuicio de la administración”. No me parece tan amplio, o un cajón de sastre, como se dice. Y la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte han entendido invariablemente que la figura es constitucional. Entonces, si bien hay una discusión, también hay un respaldo en el otro sentido. Además, hay convenciones internacionales que obligan a los estados a tipificar como delito en su derecho interno el abuso de funciones. Con ese mismo nombre: “abuso de funciones”. Con una pequeña variante de redacción que es que se exige un perjuicio económico para la administración, que no lo exige nuestro Código Penal.

—¿No había ningún otro delito que podía aplicarse? Por ejemplo, conjunción del interés personal y del público.

—Tienen otros requisitos. El delito de fraude exige actuar con engaño, y yo entendí que aquí no había engaño, las resoluciones que firmó el directorio son públicas. Tanto en el caso de Trafigura o Exor, aprueban el acuerdo de servicios donde yo entiendo que hay irregularidades, pero no se puede hablar de engaño. Tampoco es aplicable la figura de la conjunción, porque refiere a casos en que hay interés o conexión probada entre el funcionario y la empresa privada. En este caso eso no se probó.

—Cuando se tipifica abuso de funciones, suele ocurrir, como en este caso, que los mismos procesados se defienden deslegitimando el delito, por tratarse de uno demasiado amplio, en lugar de asumir la gravedad de la conducta que cometieron…

—Están en su derecho de cuestionar y obviamente soy consciente de que es una figura que ha sido cuestionada. Yo doy mi opinión personal, aunque entiendo que puede cuestionarse la redacción del delito, y quizás algún día haya que modificarlo y exigir un perjuicio económico.

—Si ese delito se deroga, como pretenden varios legisladores, este tipo de conductas irregulares que usted comprobó en el caso Ancap, ¿quedarían sin penalizarse?

—Es probable. Como dije, no encontré elementos como para tipificar alguna de las otras figuras.

—O sea que prácticamente ninguna de las nueve personas que usted responsabilizó sería castigada.

—Es probable. Podría haber quedado en irregularidades administrativas.

—Los que defienden este delito argumentan justamente eso, que este tipo de conductas quedarían sin ser perseguidas.

—Sí, exactamente.

—Usted informó que tras levantar el secreto bancario de los indagados no se encontró enriquecimiento personal. ¿Hasta dónde llegó esa investigación patrimonial? ¿Se indagó la posibilidad del uso de testaferros, o de contribuciones a campañas políticas?

—Esos aspectos fueron incluidos en la investigación. Hay un equipo multidisciplinario que colabora con el Juzgado y con la Fiscalía y se le pidió un análisis de la evolución económico-patrimonial de cada uno de ellos y respecto de algunos también si existieron aportes de algunas de estas empresas a la financiación de campañas políticas en los años 2014 y 2015. Y no solo se hizo una investigación económico-patrimonial de cada uno sino también de personas vinculadas. Pero no se encontraron elementos que permitan suponer un enriquecimiento.

—¿Entonces quedó descartado que haya habido beneficios a empresas a cambio de, por ejemplo, contribuciones a la campaña?

—Se pidió expresamente que se analizara eso. Los aportes a la campaña deben estar publicados en la página de la Corte Electoral, porque es obligación de los partidos políticos. Luego de analizar eso también se requirió información más ampliada del equipo multidisciplinario respecto de giros que no estuvieran reportados en esas publicaciones.

—Si bien hay claros indicios de que hubo empresas que resultaron beneficiadas, no se llega entonces a determinar si ofrecieron alguna contrapartida.

—Exactamente. Para atribuir otro tipo de delito se exige la comprobación del dolo, de la intención dolosa de favorecer a esas empresas privadas. Que en este caso no surge con calidad, o al menos la Fiscalía no ha probado una conexión, un pago de algún beneficio.

—Pero algún intercambio de favores tiene que haber ocurrido.

—Se puede hacer cualquier conjetura, pero la Fiscalía tiene que ajustarse a lo que surge del expediente y de la conducta de los directores.

—Hubo quienes cuestionaron que la Justicia no citara al anterior directorio de Ancap, presidido por Daniel Martínez. ¿En algún momento evaluó necesario citarlo?

—Muchos de estos aspectos fueron iniciados en el directorio anterior, pero hay un límite de la capacidad operativa de la Fiscalía y el Juzgado para investigar hechos pasados. Es imposible, no podemos ir 10, 15 años para atrás. Ya la causa en sí es complejísima, con más de 12 puntos que ameritarían cada uno un expediente. Alur ameritaría un expediente solo. Pero estaba todo incluido en la misma causa. En principio no se entendió necesario ni siquiera la citación de los directores anteriores, si bien obviamente como en toda empresa siempre hay un proyecto, una línea estratégica, que se va desarrollando y muchos de estos aspectos habían comenzado en la administración anterior. Pero los hechos investigados son la actuación de los directores en el período 2010-2015.

—Usted explicó que no pidió procesamientos con prisión en aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Pero en el nuevo sistema la prisión preventiva es excepcional porque cuando recae la condena existe la posibilidad de ir a prisión. Sin embargo, como la causa se rige con el sistema viejo, los indagados tampoco irán a prisión si son condenados, gracias al beneficio de la libertad condicional. Se beneficiaron de una combinación de ambos sistemas…

—Sí. Estas interpretaciones procesales puede haberlos beneficado. Pero es lo que corresponde aplicar.

—¿Corresponde apli­carla aun cuando no tiene la posibilidad de enviarlos a prisión si recae la condena?

—Sí. Aun corresponde. En materia penal y procesal penal, todas las interpretaciones, por principio, tienen que ser, en la duda, favorables a los imputados. Si el código viejo los beneficia en la última etapa del proceso se aplica el viejo. Pero en esta etapa se aplica el nuevo. Es un poco difícil de entender, pero estos cambios legislativos en materia penal y procesal penal se resuelven de esta forma. También hay que decir que son delitos excarcelables aun en el sistema viejo. No era preceptiva la prisión preventiva en el sistema anterior, porque son delitos que se castigan con mínimos de prisión. O sea que aun si no estuviera el nuevo código vigente podría haber solicitado procesamiento sin prisión.

—Entiendo la explicación procesal, pero en su dictamen describe hechos que implican perjuicios para el Estado de millones de dólares y, en definitiva, los responsables no van a ir a la cárcel, cuando otros van a prisión por cosas mucho menores, como robar una cartera.

—Ese es un cuestionamiento que se hace al sistema penal en su conjunto, y lo hemos escuchado mil veces. Una persona que roba una garrafa va presa, y estos delitos que involucran millones de dólares terminan en un procesamiento sin prisión. Cada uno tiene su opinión. Además, en realidad nadie va preso por una garrafa. El que va es porque tenía una cantidad de antecedentes, y es un peligro para la sociedad, o se puede fugar, o puede entorpecer la investigación. Se da algún requisito que amerita la prisión. Estamos hablando de millones de dólares porque los movimientos son de millones de dólares, pero la conducta no implica apropiación de ningún peso de esos millones de dólares. La conducta es la comisión de actos arbitrarios. Para eso está el Código Penal, que marca penas, y para este delito marca tres meses de mínima.

—Dijo que no recibió presiones durante la investigación. Pero dada la magnitud del caso y las implicancias políticas, hay una presión intrínseca. ¿Cómo lo manejó?

—Fue el caso más importante de mi carrera. Tengo 25 años en la Fiscalía y fue la causa más compleja, por todos sus aspectos. La complejidad, la cantidad de temas denunciados, el tecnicismo, la calidad de los denunciantes —era una denuncia presentada por cuatro partidos con representación parlamentaria—, la condición de los indagados, que son personas de pública notoriedad, un ex vicepresidente de la República, directores de entes ... Fue una cosa muy compleja. Uno trata de abstraerse de esa connotación política, e intenté ajustarme a lo que resultara de la investigación. Tenía claro que primero quería ver en qué puntos había irregularidades. Luego tenía que ver cuáles de esos hechos irregulares encuadraban en figuras delictivas. Y luego, ver a quién atribuir responsabilidades. Era una sucesión de pasos que lo fui manejando mentalmente. Desde un primer momento tenía claro que si encontraba irregularidades tenía que asignar responsabilidades a todos los directores que hubieran firmado o aprobado esas resoluciones. De manera que ese aspecto me favoreció, entre comillas, ya que había representantes de varios partidos en el directorio. Entonces no era una denuncia únicamente contra un partido. Igual uno trata de abstraerse de que se trata de personas políticas.

—¿Quedó satisfecho con el trabajo?

—Sí, quedé conforme. Obviamente, uno es consciente de que no puede conformar a todo el mundo, y uno es consciente de que se puede equivocar. De la misma forma que los imputados se equivocaron en sus actos, el fiscal se puede equivocar en su dictamen. Pero para eso están los mecanismos procesales. El fiscal tiene la función de juzgar y determinar si hay delito o no, y requerir responsabilidades, luego hay una jueza de primera instancia que examina el pedido de la Fiscalía y después los indagados pueden recurrir un eventual procesamiento ante un tribunal superior. O sea que hay muchas garantías para subsanar eventuales errores que podamos cometer los operadores.

—Dada la sensibilidad del tema, ¿discutió la decisión con colegas o la tomó en solitario?

—Quiero destacar que fue un trabajo del equipo de la Fiscalía, los adscriptos me acompañaron a las audiencias y también discutimos muchas de las conclusiones. El dictamen lo preparé, en su gran mayoría, en enero, porque me llevé el expediente para estudiarlo. Pero me quedaban algunas dudas hasta último momento. El último fin de semana, con mayor estudio de algunos puntos, resolví algunos aspectos. No consulté a nadie. Fue una decisión absolutamente libre. Y nadie sabía lo que yo iba a pedir. Ni la jueza, ni el fiscal general. Más allá de alguna conversación informal con la jueza, el fiscal o algunos otros colegas, el contenido no lo conocía nadie. Y lo terminé de definir el domingo de noche y el lunes lo presenté.

—Usted está investigando todas las causas que estaban en marcha antes del 1º de noviembre. ¿Tiene su Fiscalía suficientes recursos para investigar tantas causas, tan complejas?

—La respuesta es rotundamente no. Los juzgados de Crimen Organizado cerraron en noviembre de 2017 con 609 expedientes en trámite. Hoy estaremos en las 500 causas. Se precisaría más personal para investigar más adecuadamente todas estas causas voluminosas y complejas, para una mejor calidad de la investigación.