En los centros de educación privada, las tasas de asistencia promedio diarias fueron ampliamente mayores que en las escuelas públicas: el 75% en el interior y el 69% en la capital.
Inasistencias
El 14 de marzo, el gobierno definió la suspensión de clases en centros educativos públicos y privados de todo el país por los siguientes 14 días. En esos primeros tiempos los alumnos recibieron clases virtuales —a través de Zoom y otras plataformas— o semipresenciales. Hasta que el 21 mayo, el presidente Lacalle Pou anunció el retorno presencial y voluntario a clases a partir de junio y de forma escalonada.
El mayor nivel de asistencia (que eleva el porcentaje) se da en los primeros días de marzo, al comenzar las clases, antes de la crisis sanitaria. Si se considera de abril a setiembre, la asistencia promedio diaria baja a 38%.
Uruguay fue elogiado internacionalmente por su reapertura de las escuelas. Los datos muestran, sin embargo, que el impacto de la medida resultó limitado.
En el lapso de julio a setiembre, la asistencia promedio diaria fue de 41,7%, siendo el 100% la totalidad de clases que se brinda en un año lectivo normal.
En Montevideo la situación fue peor: el porcentaje de asistencias fue, en promedio, 29%; mientras que en el interior alcanzó el 45%.
Los centros de menores recursos (primer quintil) registraron niveles de asistencia inferiores al 40% desde que volvieron las clases presenciales, a fines de junio. El dato aumenta progresivamente hasta alcanzar el 44% en el último quintil.
Búsqueda accedió a los datos, escuela por escuela, día por día, y grupo por grupo para determinar cuántos días debieron acudir los escolares entre principios de marzo y el 9 de setiembre, así como cuántos días efectivamente asistieron a clase. El estudio abarcó escuelas públicas de todo el país, incluyendo inicial, escuela común, especial, centros de capacitación e internado rural.
“Muchos niños se quedan por el camino”
A mediados de marzo, 11 días después del comienzo de clases, se anunciaron los primeros contagios del coronavirus en el país. Y el gobierno informó la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles. Ya entonces, en un documento interno, los pediatras que integran el grupo de científicos que asesora a Presidencia advirtieron sobre el impacto que implica el cierre de las escuelas y aconsejaron retomar las clases presenciales lo antes posible.
Así es que el mínimo de asistencia a las aulas se registró entre abril y mayo. Y fue en mayo que un segundo informe de los pediatras recomendó la extensión de la vuelta a la presencialidad, limitada a escuelas rurales, debido al impacto en la salud mental de los niños.
El retorno paulatino a las aulas empezaría a darse en junio en todo el país, por etapas y de forma voluntaria. La última fase concluyó el 29 de junio, cuando quedó librada a cada escuela la decisión de la asistencia escolar en función de sus posibilidades materiales.
Ya en julio, el Consejo Directivo Central (Codicen) dio dos semanas de vacaciones para evitar contagios por gripe, y en agosto científicos y el Ministerio de Salud Pública (MSP) sugirieron aumentar las horas de presencialidad escolar; habilitaron los internados y ampliaron el tiempo de clases en liceos y UTU. Finalmente, en setiembre, el Codicen resolvió aumentar el horario y reabrir los comedores escolares.
Desde entonces, la mayoría de los alumnos asiste a los centros educativos públicos en forma parcial y con menor carga horaria diaria. Y hoy son pocas las escuelas que están funcionando con presencialidad plena.
Esto en parte se debe a un protocolo sanitario que planteaba el distanciamiento de 1,5 metros y hace que en muchos locales escolares sea inviable tener a los grupos completos, además de no ser obligatoria la asistencia a las aulas.
Si bien desde hace dos meses las escuelas fueron habilitadas para recibir, de lunes a viernes y en horario completo, a todos sus alumnos, el protocolo forzó la subdivisión de los grupos y provocó que, en setiembre, los escolares de centros públicos hayan sido convocados a clases presenciales, en promedio, solo ocho días, según informó El País a principios de octubre, con base en los datos del sistema informático Gurí.
“Muchos niños se están quedando por el camino”, advirtió Laura Laguarda, integrante de una delegación del colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, que concurrió el viernes 6 al Parlamento en el marco de la discusión presupuestal.
El 82% de la matriculación de inicial y primaria del país asiste a la escuela pública, unos 340.000 niños, dijo Laguarda, y agregó: “De esta cantidad, decenas de miles hoy continúan teniendo menos del 50% de las horas, y algunos miles, cercanos a 4.200, se han desvinculado completamente del centro educativo”.
Para estos padres y familiares de escolares, “las medidas adoptadas para el control de la pandemia han invisibilizado a la niñez”, porque solo “se ha puesto el foco en los adultos”, explicó Mariana Romanelli, también representante de este colectivo que el 14 de octubre se congregó en la plaza Varela de Pocitos para exigir una flexibilización del protocolo sanitario y la vuelta a la obligatoriedad.
En las escuelas de cuatro horas los niños que deberían estar asistiendo un promedio de veinte horas semanales, solo lo hacen unas ocho horas y media, según los padres, convencidos de que “la dotación de autonomía de cada centro escolar ha profundizado situaciones de inequidad”, porque “no ha sido acompañada de lineamientos claros” ni de recursos necesarios.
Así es que, según resumió Laguarda ante los senadores, “se ha consolidado una brecha social y de oportunidades entre poblaciones de contextos más y menos favorecidos, y se ha agudizado la diferencia de oportunidades entre los sistemas público y privado”.
“¿Vamos a dejar, otra vez, librado a las posibilidades de cada familia el vínculo con la escuela? ¿O nuevamente vamos a depender de la vocación honoraria de muchos docentes que encontraron alternativas y sobrecargaron sus horas de trabajo honorario para mantener el vínculo de los niños?”, planteó.
La respuesta de ANEP llegó tras el informe del grupo científico que asesora al gobierno con “consideraciones para el incremento de la presencialidad en centros educativos”, fechado el lunes 9 y elaborado por los pediatras Mónica Pujadas y Gabriel González, y los coordinadores generales del GACH, Rafael Radi y Henry Cohen.
La presión sobre las autoridades educativas, que en este tiempo fluctuaron entre acogerse a lo dispuesto por los expertos de la salud y darles mayor autonomía a los centros educativos para que decidan según cada caso, fue en aumento.
Por eso la ANEP esperaba ese informe del GACH para resolver la flexibilización del protocolo y aumentar la presencialidad en las escuelas. Así es que el Codicen comunicó las medidas en la misma tarde del martes: disminuir la distancia entre los alumnos a un metro, exigir el uso obligatorio de tapabocas para los niños mayores a seis años, que la ventilación en los salones sea permanente y que aumenten las actividades al aire libre.
Una “presencialidad plena”
La literatura científica sugiere que la pandemia “aumentó por cuatro” las consultas por depresión, ansiedad y trastornos del sueño en niños, sumado al rezago en los aprendizajes.
“El escenario mundial nos adelanta un futuro en el que la certeza es la continuidad de la pandemia, mientras que el escenario regional es incierto con relación a la expansión viral. En ese contexto, con una circulación acotada del virus en Uruguay, el sistema educativo debe apuntar a una presencialidad plena”, dijo a Búsqueda el nuevo director local de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, el argentino Sebastián Velesquen.
Velesquen se remitió al informe científico, según el cual los niños “se contagian y enferman de Covid-19 en menos proporción que los adultos” y “cuando lo hacen, se presentan con mayor frecuencia como casos leves o asintomáticos”. Los expertos agregaron que “son excepcionales los casos graves, de hecho, mucho menos frecuentes que otras enfermedades que, sin embargo, no han motivado el cierre escolar”.
Además señalaron que en Uruguay y en el mundo los contagios en niños se producen generalmente por el contacto con un adulto, por lo que los niños “no son grandes transmisores”, que “se ubican fundamentalmente al final de las cadenas, lo que orienta a que no juegan un rol importante en la transmisión de la enfermedad”.
Hasta esta semana las autoridades sanitarias consideraban que no había que dar este paso hacia la “presencialidad plena” por una razón de oportunidad, según dijo el ministro Daniel Salinas semanas atrás, cuando se registró un repunte de contagios en Uruguay.
Sin embargo, los científicos señalaron en su documento que a esta altura del año hay ejemplos de países con situaciones epidemiológicas “mucho más complicadas y con muchos más casos de Covid-19 que en Uruguay”, donde se ha retomado la presencialidad completa, y que las aperturas parciales del sistema educativo uruguayo en junio “no impactaron en la curva epidémica”, o sea, no reflejaron un aumento del número de casos en la población.
El informe científico también destacó los efectos colaterales negativos que implica la no asistencia a los centros escolares, como la malnutrición, las fallas en los aprendizajes, la deserción educativa, el estrés de los educadores y de los padres, el menor cuidado de los niños, los mayores costos económicos para las familias o una mayor violencia y explotación infantil, además del aislamiento social.
“Los efectos adversos del cierre escolar son indudables en la salud física y mental de los niños y de sus cuidadores”, aseguraron los científicos. Y destacaron: “La falta de educación afecta mayormente y en forma desproporcionada a niños vulnerables de contexto desfavorecido (...), aumentan las desigualdades y resienten los sistemas de protección a la infancia, donde los maestros, junto al sistema sanitario, cumplen un rol clave”.
Según el GACH, “parece claro que el riesgo de daño por no acceder a las clases presenciales es mayor al de un eventual contagio por concurrir a la escuela”.
