Para el subsecretario de Industria, Walter Verri, el leve crecimiento que el sector manufacturero registró en diciembre es esperanzador y marca lo que —a su juicio— es una tendencia de recuperación del nivel de actividad para este año, frente a un 2020 en que la pandemia llevó a una inevitable caída.
Indicó que si bien para los costos de producción el encarecimiento del petróleo es una “alerta grande”, es posible que este año el valor del gasoil baje a partir de la reforma en el mercado de los combustibles que lidera el Ministerio de Industria (MIEM). El jerarca, electo diputado por el departamento de Paysandú por el Partido Colorado en las últimas dos legislaturas, defendió la “hoja de ruta” trazada por el gobierno para lograr “con responsabilidad y no por voluntarismos” una cadena de combustibles “eficiente auténticamente”.
—En los últimos meses la industria insinuó una recuperación, pero según los datos oficiales publicados el jueves 11, el sector cerró el 2020 en un pozo, con una caída de 6,3% en su “núcleo duro”, respecto al año anterior. ¿Cómo ve el estado de situación del sector manufacturero?
—Además de que ya veníamos con dificultades, inevitablemente, el mundo ha sufrido las consecuencias de la pandemia y en nuestro país —si bien ha tenido un marco bien diferente— igual se sintió en la caída de la actividad del 2020. Debemos rescatar que, aun así, la caída es sensiblemente menor a la de otros países. Uruguay no apagó sus motores, hubo herramientas para poder mantenerlos y eso es lo que está insinuando el cierre de diciembre, que tuvo un crecimiento interanual de 1,4% de la producción industrial. No es suficiente todavía, no estamos en los niveles de 2019, pero creemos que esa tendencia va a continuar y este año se pueda mantener la recuperación. También se comenzó a dar un descenso de los seguros de desempleo del sector industrial.
—Desde el gobierno y el sector privado coinciden en que es preciso mejorar la competitividad, recuperar el empleo y atraer inversión. Pero, más allá de los estímulos a la construcción —que pueden dinamizar a algún rubro manufacturero vinculado— no ha habido mejoras en las condiciones para producir. ¿Cuál es la apuesta de la política industrial?
—El país tiene estímulos que ha dado y se mantendrán. El mejoramiento de las herramientas de la Comisión de Aplicación de la ley de inversiones va a seguir, las de especialización productiva también. Desde el MIEM manejamos herramientas pequeñas.
En la competitividad de los sectores estamos trabajando para ser mucho más eficientes en cuanto a los precios de las empresas públicas, como los combustibles. Hay toda una hoja de ruta que debería repercutir al final de la cadena productiva cuando logremos ser mucho más eficientes, en la medida de lo posible, porque dependemos de a cuánto compramos el barril de petróleo, que hoy está subiendo y es una alerta grande que tenemos.
Por otro lado, apostamos a la apertura de mercados como una forma de ser más competitivos, una política fuerte por parte de Industria, Cancillería y Ganadería que se trabaja desde el inicio del gobierno, pero que la pandemia afectó.
—Según la Cámara de Industrias se han perdido unos 12.000 puestos de trabajo en el último año. La gremial reclama impulsar la fabricación nacional a través de mejoras en el sistema de compras públicas, como “medida de emergencia”. ¿Está de acuerdo con esa estrategia?
—Uno quiere que cada vez nuestros productos sean más industrializados en el país y las herramientas las tenemos que ir buscando entre todos los actores.
Las compras públicas son un tema que está siempre bajo revisión. Es más, en este momento en el MIEM se está negociando con Economía la posibilidad de dar ventajas extra a las empresas nacionales en rubros como calzado, vestimenta y papel, pero tampoco las compras públicas resuelven el problema de la industria. Hay veces que ni siquiera con eso pueden tornarse competitivos.
—La reforma de los combustibles prevé abatir el precio hacia el 2024 mediante la desregulación y mayor competencia, aunque no hay certeza si se alinearán a los de la región. En tanto, muchas industrias pueden quedar por el camino frente a una Argentina con un tipo de cambio muy desalineado respecto al nuestro. ¿Usted cómo lo ve?
—Las diferencias con nuestros vecinos siempre han sido problemáticas, pero de la región no nos podemos mudar. Seguramente, mientras siga la desalineación en materia macroeconómica vamos a seguir sufriendo esos problemas. No olvidemos que el Mercosur, así como a veces nos ayuda, también nos puede perjudicar. Es una realidad que vivimos hace mucho tiempo.
Lo establecido en la hoja de ruta de los combustibles es la mirada de un ministerio y gobierno que tiene que hacer las cosas con responsabilidad y no por voluntarismos. Queremos que al final del proceso tengamos una cadena de combustibles eficiente auténticamente y no tomar hoy medidas aisladas que mañana pueden incidir negativamente. Ojalá se pueda avanzar más rápidamente. Hay que tomar algunos recaudos para que las modificaciones sean permanentes y no tengamos que dar pasos hacia atrás.
En materia de combustibles podemos alinearnos con la región y vamos a llegar a eso, pero no somos productores de petróleo y tomamos los precios internacionales. Hoy el mundo está saliendo de la pandemia y prácticamente todos los commodities están subiendo, el petróleo entre ellos. Miramos eso con preocupación, es difícil el equilibrio. El proceso es largo, pero estamos pensando en tomar algunas medidas que nos permitan bajar lo antes posible el precio del gasoil, que es el combustible de la producción. No mezclar más biodiesel nos va a permitir rápidamente bajar el precio del gasoil en $ 1,80. Lo otro que incide en el precio del gasoil es el fideicomiso del boleto, y ahí se está pensando en algunos cambios. No digo que sean medidas fáciles de realizar, pero pensamos que van a ir a un ritmo diferente al resto de la reestructura de la cadena que tiene otros componentes mucho más complejos y largos de resolver.
—¿Cree que este año pueda bajar el precio del gasoil?
—Esperamos que sí, que el mercado internacional no nos obligue a otra cosa; el deseo es que se pueda alinear con la región rápidamente. Y creo que el cambio del precio de paridad de importación (PPI), que es una modificación que ya introducimos en la ley de urgencia, quizás no se está aquilatando en su justa medida.
—Pero el PPI tendrá un plus o “X” que se prevé ir reduciendo de aquí a tres años y medio por las ineficiencias de Ancap en el cemento, en la gestión de Alur en el norte del país, etcétera. Marta Jara dijo la semana pasada en Búsqueda que habrá que ver si hay “voluntad política” para tomar las decisiones en esas áreas. ¿Usted qué contesta?
—Hay que ir bajando el “X”, pero en el tema del gasoil esperemos ir mucho más rápido.
Es cierto que Ancap tiene ineficiencias asociadas a varias de sus actividades productivas y hay voluntad política para hacer los cambios.
Con Alur se está trabajando en aumentar la eficiencia, sobre todo en las cosechas y en las plantas de producción de etanol a partir de la caña de Bella Unión. Allí hay un fuerte derrame social y no está en la decisión del gobierno tocarlo, sino mantenerlo. La planta de Paysandú es eficiente, tiene un derrame social mucho menor, pero se va a mantener.
En el cemento se va a mantener en la esfera 100% estatal la planta de Minas y la de logística de Manga, y se va a buscar un socio para la de Paysandú. Allí la voluntad política existe, debemos resolver tratando de no afectar las fuentes laborales. Lamentablemente, cuando se está afuera es fácil opinar, pero cuando se estuvo adentro no se hicieron esos cambios y se pudieron haber hecho.
—¿Las ineficiencias de gestión no esconden una sobredimensión en la plantilla del ente?
—El gobierno nacional tiene una decisión muy firme que ha cumplido y es la de llenar un tercio de las vacantes. Si hay readecuaciones e incentivos, puede ser un camino, pero el tema no pasa solo por la cantidad de funcionarios; muchas veces las decisiones equivocadas que tomó Ancap en el gobierno pasado no fueron culpa de los funcionarios.
El objetivo en cemento no es cerrar la planta de Paysandú, sino que haya un inversor que pueda continuar con las fuentes de trabajo allí, producir y dar ganancias para el país.
—¿Y en las plantas de abastecimiento?
—Esa es una decisión que le compete Ancap y que está estudiando para corregir su sobrecosto.
Creo que son excesivas las cinco plantas que tenemos en todo el país y seguramente con la mitad podamos resolverlo, por el estado de las rutas, la velocidad que desarrollan los camiones y la capacidad de carga. Mi opinión es que seguramente estamos sobredimensionados. Y si en la etapa (de la reforma) del año próximo el flete de la distribución secundaria va a quedar a cargo de las distribuidoras, se puede pensar que los sellos puedan invertir en arrendar la infraestructura de Ancap para abastecer zonas del país.
- Recuadro de la entrevista
“Hay decisiones políticas” que debe tomar el presidente
