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La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) se prepara para iniciar una campaña pública de oposición al Proyecto Neptuno, una de las grandes inversiones anunciadas e impulsadas por el gobierno. El eje central de la discusión que se avecina es la constitucionalidad de la nueva toma de agua y la planta potabilizadora a instalarse sobre el Río de la Plata, en la zona de Arazatí, San José.
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El gobierno ha manifestado su intención de otorgar no solo la construcción sino también la operación a largo plazo de esa infraestructura a un privado. Ese modelo económico para FFOSE implica una violación del artículo 47 de la Constitución y una “privatización” de una porción importante de la producción de agua potable.
El punto de partida de la campaña será en los primeros días de junio con una conferencia de prensa. “Hoy figuras del gobierno presentan el proyecto en entrevistas y eventos sin grandes cuestionamientos. No tienen debate”, dijo a Búsqueda el presidente de FFOSE, Federico Kreimerman.
Justamente esa es una de las principales metas que persiguen: que se consolide en la agenda una voz relevante de oposición. Para lograrlo, antes de junio iniciarán una serie de movimientos en busca de llegar con mayor peso. El primer paso se dio esta semana, cuando FFOSE fue recibida por el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.
Según Kreimerman, el planteo tuvo una buena recepción. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, les propuso trabajar en conjunto. Acordaron llevar un planteo a la próxima reunión de la Mesa Representativa, que se realizará el 2 de junio, para que ese órgano de dirección formalice el respaldo.
El presidente de FFOSE contó que pretenden que la oposición al Proyecto Neptuno pase a formar parte de la plataforma de reivindicaciones del PIT-CNT y se incorpore a los reclamos.
En paralelo, llevarán también el tema esta semana a la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, espacio que integran, en busca de respaldo. Los sindicatos públicos preparan para la segunda quincena de junio una movilización importante en el marco de la discusión salarial.
El proyecto Neptuno es una iniciativa privada de las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast para dar solución a los problemas de cantidad y calidad de agua para abastecer el área metropolitana. La propuesta, en términos generales, implica construir una nueva toma de agua bruta libre de salinidad sobre el Río de la Plata, en la zona de Arazatí; una planta potabilizadora convencional; y una tubería de aducción de 80 kilómetros que conecte la planta con el Sistema de Distribución de Montevideo. El costo estimado es de US$ 288 millones.
El 1º de abril el consorcio presentó la versión final de los estudios de factibilidad y en su última sesión de ese mismo mes el Directorio de OSE los aprobó (Búsqueda Nº 2.171).
El modelo financiero es todavía una decisión pendiente. OSE la trasladó al Poder Ejecutivo. Los encargados de tomar la definición son ahora el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Ambiente, Adrián Peña. A partir de la decisión, el gobierno deberá licitar el proyecto, llamado en el que el consorcio proponente tendrá entre un 5% y un 20% de ventaja.
Consultado por Búsqueda, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo que este viernes 27 se reunirá con el presidente y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, para decidir el modelo financiero.
Sobre ese punto, la iniciativa privada plantea cinco alternativas que van de una menor participación privada a una mayor. En la primera, OSE simplemente contrata la construcción de la obra; en la última, el privado no solo construye sino que financia y opera, y le cobra al Estado por la “disponibilidad” para el repago de la inversión que hizo. En varias declaraciones públicas el ministro Peña expresó su preferencia por esa última alternativa. En la misma línea se pronunció Alfie tiempo atrás en declaraciones a El País.
Kreimerman dijo a Búsqueda que la principal herramienta legal que tienen en el horizonte es un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de OSE que licite el proyecto.
El sindicato de OSE fue uno de los principales impulsores del llamado plebiscito del agua de 2004, que se aprobó con un 64% de apoyo. Desde entonces, el artículo 47 de la Constitución establece que el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y que esos servicios públicos deben ser prestados “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Kreimerman dijo que no se oponen a las inversiones en fortalecer el abastecimiento en agua potable. Por el contrario, coinciden en que son necesarias. Detrás del cuestionamiento principal a la constitucionalidad, FFOSE tiene otras dudas sobre el proyecto Neptuno. Por ejemplo, plantean que, aunque el gobierno defiende el mecanismo financiero porque permitiría no aumentar la deuda pública, al final del contrato el Estado habrá pagado mucho más que si solo licita la obra. Además, tienen dudas sobre la calidad del agua en la zona de Arazatí y sobre un posible encarecimiento de la tarifa en el mediano y largo plazo. También consideran problemático que el proyecto no haya sido analizado en profundidad por los técnicos de OSE.
