Afgap en el comunicado advirtió que “en el MGAP la mitad de sus funcionarios tendrán causal jubilatoria entre 2020 y 2023 y solo se podrán proveer nuevos ingresos si se crean vacantes en el Presupuesto Nacional, lo que nos habilitaría recién en 2021 a realizar llamados de ingreso, los que por los tiempos administrativos que implican, en el mejor de los casos, nos permitirían contar con nuevos recursos humanos para 2022”.
Advertencias
Una de las advertencias realizadas por el sindicato de Ganadería causó preocupación entre los empresarios y productores del agro. Con los recortes de gastos de funcionamiento que propone el Poder Ejecutivo, de funcionarios contratados y la reducción de vacantes, “el MGAP pone en riesgo el cumplimiento de sus cometidos sustantivos y de apoyo, por lo que haría peligrar no solo el estatus sanitario y productivo del país, sino, además, pondría en riesgo la economía nacional”, alertó Afgap en su comunicado.
Señaló que “todos los servicios” que brinda ese ministerio “se encontrarían en riesgo de cumplimiento, desde la atención al público, controles sanitarios, barreras sanitarias, pasos de frontera, sanidad e industria animal”. Eso involucra los programas de combate y control de enfermedades como tuberculosis, sangrados de brucelosis, fiebre aftosa, ferias ganaderas, análisis de laboratorio, control de faenas en frigoríficos, control de exportaciones e importaciones, entre otras tareas, detalló el sindicato.
Consideró que la situación también pondría “en riesgo todas las políticas públicas que desde el MGAP se ejecutan para llegar a los productores familiares, como es el caso de las emergencias agropecuarias, la trazabilidad, los proyectos de tecnologías, los seguros, apícolas, granjeras, controles de suelo, agrotóxicos”, entre otros temas, “que no se podrían ejecutar sin funcionarios y funcionarias”.
“Las y los trabajadores en el Ministerio de Ganadería: no sobran, por el contrario, faltan”, advirtió Afgap.
En cuanto al recorte de gastos en contratos y el eventual impacto negativo en el funcionamiento del Estado, Arcuri declaró a Búsqueda que esa situación “no solo pasa en Ganadería sino también en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Presidencia de la República y otras dependencias de la administración central”.
“Igual, el Ministerio de Ganadería es el que está en la peor situación”, acotó.
Respecto a si una de las interrogantes planteadas por Afgap insinúa una posible presión de agremiaciones rurales sobre el ministro Uriarte, esa sindicalista comentó que “hay gremiales del agro que integran movimientos de origen ruralista que tomaron notoria relevancia política pública y reclamaron la disminución del gasto del Estado”. Eso dijo en alusión a la agrupación de autoconvocados denominada Un Solo Uruguay, reconoció.
Enfatizó que las acciones y planteos de Afgap no tienen la intención de “ir en contra de la administración”, “ni está pidiendo aumento de sueldos, sino que como funcionarios públicos señala la preocupación en cumplir con los cometidos” del MGAP.
Negociar
El sindicato “ha tenido y pretende seguir manteniendo instancias de negociación colectiva con la directora general del MGAP, Fernanda Maldonado, donde uno de los puntos principales que le presentamos sobre nuestras reivindicaciones y preocupaciones ha sido todo lo relacionado con el decreto 90/2020 promulgado por el Poder Ejecutivo, el que establece un recorte en los gastos de funcionamiento, la prohibición del llenado de vacantes y la reducción de funcionarios contratados”, indicó en el comunicado.
Precisó que “hasta el momento las autoridades solo nos han presentado posibles lineamientos de la administración en cuanto a la reducción y posible no renovación de los contratos”.
“Según la última reunión mantenida el pasado viernes 8 del corriente, nos encontramos esperando la convocatoria de la directora general al ámbito de negociación correspondiente como la organización que representa a las y los trabajadores del ministerio”, señaló la gremial.
Para el sindicato se torna “inviable” el cumplimiento del decreto en cuestión del Poder Ejecutivo en el MGAP y pidió al gobierno que Ganadería sea exceptuado.
“Se nos negó eso, pero sí se le otorgó la excepción de ese decreto al Ministerio de Defensa”, específicamente para el llenado de vacantes, se quejó Arcuri.
Explicó: Afgap tiene “algunos matices” con la actual administración, “porque es al universo de compañeros que los consideramos funcionarios del ministerio, pese a que tengan ese tipo de contratos, porque la mayoría tiene un promedio de ocho años de antigüedad de trabajo, siendo la cara visible del MGAP y desarrollando las políticas del mismo”.
Defendió a los contratados porque “no solamente están vinculados a un proyecto, como el de Desarrollo y Cambio Climático con el Banco Mundial, sino a otros programas”.
Actualmente hay 200 cargos contratados con vínculos directos con el MGAP o con otros organismos de la institucionalidad pública agropecuaria, de los cuales en su mayoría vencen a fines de junio, otros en agosto y algunos vencieron en los primeros meses y ya no fueron renovados, según supo Búsqueda.
Los contratados pretenden ser sumados a la plantilla del funcionariado de Ganadería e intentan, al haberse afiliado en años recientes a Afgap, que el sindicato logre ese objetivo. Varios de ellos fueron alertados de los recortes cuando recibieron una comunicación de las actuales autoridades de ese ministerio en la que les piden que firmen una declaración jurada dejando en claro que no son funcionarios.
Respecto a situaciones de contratados que reciben sueldos e ingresos que duplican o triplican el de algunos funcionarios que cumplen tareas de igual o mayor responsabilidad, que podrían ser consideradas injustas no solo por eso sino porque además tienen menos años de antigüedad, la secretaria general de Afgap dijo que en ese sindicato “son conscientes” de la situación.
“Entendemos las medidas que pueda adoptar la actual administración, que está en todo su derecho de tomarlas, pero como trabajadores del MGAP proponemos nuestra visión de cómo resolver este tema”, indicó. E insistió: “Queremos negociar, estamos abiertos y en ningún momento, por ahora, estamos planteando alguna acción de conflicto, pero sí estamos en alerta”.
“Los funcionarios contratados tienen sueldos diferentes a los públicos, pero también hay que considerar que los contratados tienen que pagar la tasa profesional, el aporte al Banco de Previsión Social, son unipersonales y no tienen aguinaldos”, comparó.
Y recordó que la decisión del gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 de reducir el salario a los funcionarios públicos que perciben más de $ 80.000 mensuales se aplicó a estos contratados.
