A fines de 2004 la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) creyó que había conseguido una victoria definitiva. El 64% de la población había votado por el sí en un plebiscito que proponía modificar artículos de la Constitución para dejar establecido ahí “que el agua es un recurso esencial para la vida”, que el acceso al agua potable y al saneamiento son “derechos humanos fundamentales” y que las aguas superficiales y subterráneas constituyen un “recurso unitario” que “forma parte del dominio público estatal”.
El sindicato lideró esa campaña y, entre las numerosas organizaciones que la apoyaron, encontró al aliado ideal en el Frente Amplio, que pasó además a ser gobierno. Con ese escenario, la reforma que pretendía poner freno al avance privado en la gestión del agua —Maldonado ya era el primer bastión— parecía sellada. Hasta la aprobación en octubre del año pasado de la ley de riego, una iniciativa del gobierno que reunió una amplia mayoría en el Parlamento.
“Nos extraña y nos duele que la fuerza política que nos acompañó en 2004 y fue uno de los pilares para que saliera esa reforma constitucional ahora apruebe una ley con estas características.(…) La ley de riego anterior permitía al Estado hacer embalses para almacenar agua con destino al riego. Esta nueva ley deroga en su totalidad esa posibilidad y la reserva únicamente a privados. Si una cuestión que era del Estado se le otorga a privados, ayer, hoy o mañana, e independientemente de quién esté en el gobierno, eso tiene un solo nombre: se llama privatización. Esta ley de riego privatiza claramente el agua”, dijo a Búsqueda Gustavo Ricci, presidente de Ffose e integrante del Partido Socialista.
Luego de fracasar en el intento de incidir en el trámite parlamentario, el sindicato decidió lanzar a fines del año pasado una campaña de recolección de firmas para promover un referéndum que derogue la ley. Para lograrlo deben llegar a cubrir el 25% del padrón electoral, que equivale a cerca de 650.000 firmas, antes del próximo 27 octubre.
Ricci contó que llevan repartidas unas 400.000 papeletas y que imprimieron 3 millones. Cerca de veinte sindicatos, asegura, ya le manifestaron a Ffose su adhesión a la campaña. También lo hicieron la Federeación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).
El próximo 28 de febrero habrá otro mojón importante en el camino de la que puede convertirse en la primera recolección de firmas del movimiento sindical contra una ley del Frente Amplio. Ese día se reunirá la Mesa Representativa del PIT-CNT y tomará una posición respecto al referéndum contra la ley de riego. Ricci cree que “hay ambiente” para obtener respaldo ese día. Sin embargo, hay dirigentes que no creen que ese sea el mejor camino.
El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo a Búsqueda que los cuestionamientos a la ley son compartidos. Él mismo dice estar convencido de que tiene “componentes privatizadores” y de que “hay que cambiarle un montón de cosas”. Sin embargo, también cree que la promoción de un referéndum no es el mejor camino.
El dirigente adelantó que en la Mesa Representativa habrá una “discusión táctica” de cuál es la mejor herramienta. Una de las dudas, explicó, es la viabilidad de alcanzar las firmas necesarias. Además, recordó que el PIT-CNT tendrá que dar “otros trancazos grandes” —este año se desarrollará la ronda de negociación colectiva más grande— y que habrá “mucha polarización de clase”.
“¿Conviene esa herramienta? ¿Ayuda un referéndum o es más bien una macana? Yo creo que hay que cambiar la ley pero de otra manera”, reflexionó.
Avance privatizador.
A mediados de mayo el PIT-CNT desarrollará su XIII Congreso. Los sindicatos de los entes ven con preocupación avances privados y Ricci cree que esa es la instancia propicia para poner el tema sobre la mesa.
“El PIT-CNT tiene que volver a poner como uno de los puntos prioritarios la defensa de las empresas públicas. La Mesa Sindical Coordinadora de Entes va a tener que llevar una postura clara al Congreso de que se está violentando lo que se defendió en el año 1992. Vamos a tener que justificar una a una las acciones que este gobierno de izquierda está haciendo para burlar un poco la autonomía y la decisión popular”, planteó.
Al margen de la ley de riego, Ricci sostiene que hay otros ejemplos de avances privados. Las tecerizaciones son uno de ellos. Según dijo, entre personal provisto por empresas contratadas y cooperativas sociales hay 1.500 trabajadores en OSE, que tiene otros 4.000 funcionarios propios.
Lo de las cooperativas sociales lo ven como una buena herramienta, aunque con el tiempo empezaron a notar un abuso del directorio, que comenzó a utilizarlas para sustituir tareas permanentes del organismo. De todas formas, la preocupación principal es la contratación de empresas proveedoras de personal, porque “fomenta que un privado se lleve la mayor parte de la ganancia y les pague a los trabajadores sueldos que no tienen nada que ver con la escala salarial de OSE”.
“Es lo más derechizante que puede haber en el mercado laboral y lo hace un gobierno de izquierda”, criticó.
Los sindicatos de UTE y de Ancap —que integran con Ffose la Mesa Sindical Coordinadora de Entes—denuncian situaciones similares e incluso más complejas.
En abril del año pasado la Agrupación de Funcionarios de la UTE (Aute) realizó un encuentro internacional de trabajadores de la energía en el que analizó en profundidad la situación uruguaya. “El cambio en la matriz energética que se impulsó durante los últimos años se hizo a través de un fuerte proceso de privatización, ya que la enorme mayoría de las energías renovables no convencionales (eólica, solar, etc.) están en manos privadas, gozando de abusivos contratos. Esta privatización encarece los costos, torna la gestión más ineficiente y significa una pérdida de soberanía energética”, denunciaban (Búsqueda Nº 1.914).
El sindicato de Ancap (Fancap) está en medio de un conflicto con el mismo tema de fondo. Los dirigentes entienden que el Directorio actual “viene a privatizar todo lo que pueda” con el objetivo de hacer rentable a la empresa “a como dé lugar”.
El ejemplo más reciente, según los dirigentes sindicales, es el llamado a licitación para contratar una empresa naviera que brinde el servicio de flete de combustibles desde la refinería de La Teja a los centros de distribución de Juan Lacaze y Paysandú. Actualmente ese servicio lo hace Ancap con una embarcación propia, el Ancap IX. Cuando la profundidad del río lo permite sube de Nueva Palmira hasta Paysandú. Si no hay profundidad suficiente, dos barcazas de Ancap llevan el combustible río arriba.
Para el Directorio, la mecánica actual es cara e ineficiente. Argumentan además, que el barco es viejo (tiene 40 años) y su vida útil está próxima al fin, dijeron fuentes del directorio consultadas por Búsqueda.
“Están buscando privatizar la distribución fluvial y para ello mienten diciendo que el área es ineficiente”, dijo a Búsqueda Edwin Villero, presidente de Fancap.
Para Rodrigo Marichal y Ricardo Chackelson, miembros de la comisión marítima del sindicato, esto es una “intentona privatizadora” del nuevo Directorio, que “con mentiras” busca “hacerle creer a la gente que la flota no es eficiente”.
“Le estamos cerrando los caminos de la mentira al Directorio. En octubre tuvimos una reunión donde se acordaron varias propuestas, todas tendientes a mantener el servicio y mejorarlo. ¿Qué hicieron luego? Pasaron esas propuestas al pliego de licitación para llamar a un privado”, dijo Chackelson.
“Buscan privatizar, no queda duda.(…) Nosotros aportamos ideas y tenemos claro que no hay argumentos reales para parar el barco”, añadió Marichal.
Si bien sabe que no es el único tema ni el más urgente para el PIT-CNT, Ricci cree que esos avances privados son la prueba de que la defensa de las empresas públicas tiene que “estar en la agenda como un tema prioritario” y que no está resuelto. “Lo estamos viviendo con la ley de riego: en 2004 pensamos que era una batalla ganada y ahora la estamos peleando de nuevo”.
Información Nacional
2018-02-22T00:00:00
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