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El trabajo en el sector público sufrió varios cambios durante el 2020, en buena medida empujados por el coronavirus. Por un lado, se extendió la modalidad del trabajo a distancia que fue alentada por el Poder Ejecutivo para evitar las aglomeraciones en las oficinas. Por otro lado, los impactos en la economía llevaron a que el gobierno dispusiera ajustes que implican una pérdida de salario real para los funcionarios públicos.
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Ese nuevo escenario laboral, sumado a un viejo problema, motivó a los sindicatos del Ministerio de Transporte a promover una reducción de la carga horaria. El miércoles 24, la Coordinadora de Sindicatos del Ministerio de Transporte se reunió con el director general de Secretaría, Carlos Scirgalea, para plantearle la posibilidad de que todos los funcionarios pasen a un régimen de seis horas diarias.
Actualmente, en esa cartera conviven trabajadores con distintas cargas horarias. Según explicó a Búsqueda Joselo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), se trata de un problema que se repite en otros incisos de la administración central, pero que es más notorio en el Ministerio de Transporte: hay trabajadores que hacen 30 horas semanales, hay de 36, hay de 40 y hay de 48.
Con esos tres argumentos (teletrabajo, reducción de salario y corrección de inequidades), Lilián Macedonio, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Secretaría del Ministerio e integrante de la Coordinadora de Sindicatos, contó a Búsqueda que empezarán a dar la discusión. “El gobierno determinó que va a haber pérdida de salario por dos años. Todo aumenta menos nuestros sueldos. Reducir la jornada a seis horas es una forma de aumentar por vía indirecta el valor de la hora de trabajo”, defendió.
De acuerdo a la ley de presupuesto, la pérdida de salario real empezará a revertirse a partir de enero de 2022.
Por otro lado, para Macedonio el Covid-19 demostró que es posible organizar el trabajo de otra manera y que aplicando otros métodos, como el teletrabajo, se puede reducir la jornada a seis horas sin afectar el servicio. Argumentó que incluso para la administración podría implicar una reducción en los costos de limpieza y consumo eléctrico.
Consultada sobre el efecto que puede generar en la imagen de los funcionarios públicos el reclamo de reducir la jornada laboral, Macedonio se mostró confiada. “Lo importante es que se cumpla con el trabajo y con el servicio. Con una buena organización se va a llegar a buen puerto. Si la ciudadanía ve buenos resultados estoy segura de que no va a haber quejas. Al ciudadano le importa salir con una solución. Si le das una solución, nunca te va a preguntar si trabajás ocho o seis horas. Te va a agradecer”, opinó.
Con el eje de corregir las inequidades, la posibilidad de pasar jornadas de seis horas en distintas áreas de la administración pública es un punto que forma parte de la agenda de COFE. De hecho, lo plantearon en la serie de encuentros que tuvieron en 2019 con los candidatos a la presidencia y a fines de ese mismo año lograron un acuerdo en el Ministerio de Educación y Cultura para que un grupo de funcionarios que hacía 40 horas semanales pasara a 30.
También con el nuevo gobierno lograron dejar abierta una posibilidad de discusión. El convenio firmado por COFE y el Poder Ejecutivo para extender los beneficios extrasalariales y las condiciones de trabajo hasta 2021, prevé la creación de ámbitos entre los sindicatos y los jerarcas de los incisos para analizar correcciones relativas a los horarios de trabajo.
“La idea es corregir las inequidades que existen. El hecho de que se esté concretando una pérdida de salario es uno de los argumentos que va a estar arriba de la mesa. No va a ser fácil, porque el Poder Ejecutivo no está muy abierto”, dijo López a Búsqueda.
La Ley Nº 19.121, que contiene el estatuto del funcionario público aprobado en 2013, estableció que la jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios públicos que ingresaran a partir de su vigencia debía ser de ocho horas diarias efectivas de labor y 40 horas semanales. El Poder Ejecutivo solo puede establecer regímenes extraordinarios o especiales por razones de servicio “debidamente fundadas” y aprobadas por la Oficina Nacional de Servicio Civil.
La mayor parte de las inequidades señaladas obedecen a la aprobación de esa ley. Los funcionarios que entraron después de ese momento conviven con otros que desempeñan la misma tarea y cobran lo mismo, pero trabajan menos horas. En el Ministerio de Transporte sucede particularmente con los trabajadores de escalafón profesional o semitécnico, según explicó Macedonio, que antes de esa ley ellos tenían regímenes de seis horas.
De hecho, el desencadenante de la discusión en esa cartera fue la solicitud de un grupo de profesionales que ingresó después de 2013 de pasar a trabajar seis horas, igual que lo hacen sus compañeros por haber entrado antes. Al recibir una carta con ese pedido, el director general Scirgalea convocó a los sindicatos que ahora pretenden convertir ese reclamo particular en uno general.
El Ministerio de Transporte tiene unos 3.000 trabajadores. La coordinadora de sindicatos está integrada por la Asociación de Funcionarios de Secretaría, la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Arquitectura, la Asociación de Obreros de la Dirección Nacional de Arquitectura, la Asociación de Funcionarios de Topografía y la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte. Todos ellos integran COFE.
Otra negociación novedosa relacionada a los cambios laborales empujados por el coronavirus se dio en la Intendencia de Montevideo. La semana pasada las autoridades departamentales firmaron una resolución que aprueba un convenio con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales por el cual se otorgará una compensación de $ 2.000 por dos meses a los funcionarios que hayan trabajado al menos 10 días de forma remota.
La posibilidad de una reducción de la jornada laboral ha sido planteada más de vez por dirigentes del PIT-CNT como un camino a recorrer. El argumento es que la evolución científica y tecnológica debe redundar en un beneficio para la gente y no solo para quienes concentran la mayor parte de la riqueza.
