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Un desvelo de la ministra Azucena Arbeleche y el resto del equipo económico cuando explotó la epidemia de Covid-19 fue evitar que las empresas, que verían resentidas sus ventas cuando se alentó al distanciamiento social, tuvieran problemas para abonar salarios, facturas o créditos. El temor era que si eso era algo generalizado, se produjera un corte en la cadena de pagos que ahogara la economía.
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Además de habilitar corrimientos de vencimientos tributarios y refinanciaciones de préstamos, el gobierno amplió el Sistema de Garantía (SiGa) estatal gestionado por la Agencia Nacional de Desarrollo. Dispuso una “recapitalización” de hasta US$ 500 millones, con lo que podría respaldar hasta US$ 2.500 millones en créditos, aunque no fue necesario tanto (Búsqueda N° 2.070).
Un análisis realizado por tres economistas del Banco Central (BCU) y otro de la Universitat Pompeu Fabra constataron que el reforzamiento del SiGa favoreció el aumento del crédito, en especial el garantizado, y que el financiamiento llegó efectivamente a las empresas más afectadas por la crisis del Covid. Previsiblemente —dado el diseño de este esquema de garantías—, las firmas con un comportamiento crediticio deficiente tuvieron menos probabilidades de recibir una garantía pública. También encontraron evidencia que sugiere un comportamiento oportunista, aunque “leve”, a través de la sustitución de garantías ilíquidas y sobre el papel de los bancos estatales en la provisión de crédito durante la pandemia.
El análisis fue realizado a partir de una muestra final de datos con frecuencia mensual de la Central de Riesgos Crediticios compuesta por 3 millones de observaciones referidas a los 11 bancos de la plaza uruguaya, que dejó de lado los préstamos personales y aquellos menores a $ 1.000. Abarcó a un promedio de aproximadamente 35.000 empresas diferentes por año entre 2015 y 2021 (un total de 60.347 aparecen al menos una vez durante todo el período considerado).
Titulada Covid-19 y garantías de crédito público: ¿qué tamaño de paracaídas se necesita?, la investigación será presentada hoy, jueves 9, en el marco de un evento académico organizado por el BCU, Ridge (Research Institute for Development, Growth and Economics) y el Banco Interamericano de Desarrollo.
En una versión preliminar el documento consigna que el sistema de garantías estatal, creado en 2009, tuvo variantes durante la crisis del coronavirus: el “SiGa Emergencia” respaldó el 27% del crédito a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su punto máximo, en agosto de 2020. Además, en el período de 14 meses entre abril de 2020 y junio de 2021, ese programa garantizó préstamos por el equivalente a alrededor de una vez y media todo el crédito respaldado por el esquema anterior en los 10 años, entre su inicio y 2019, destacan los autores.
“Los resultados indican que el esquema público de garantías de crédito tiene un efecto positivo en el crecimiento del crédito”. Específicamente, cuando los economistas restringieron la muestra al período de la pandemia de Covid-19 —a partir de abril de 2020— encontraron un mayor impacto como consecuencia de la expansión del SiGa: el aumento mensual fue tres puntos porcentuales más alto en el crédito respaldado por el Estado que en el crédito sin esta garantía. El aumento es mayor en los bancos públicos que en los privados.
Otros resultados sugieren que las relaciones bancarias anteriores de las empresas son importantes para aumentar la probabilidad de recibir un préstamo garantizado.
