El maltrato infantil es un problema cuya extensión resulta difícil de calibrar. Una de las formas de abordarlo es a través de los registros oficiales. En 2022, se detectaron 7.473 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay, lo que representa unos 20 casos por día, según el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav). El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) informó que hubo un aumento de 6% con respecto a 2021 y de 500% en relación con la última década.
El fenómeno ya “forma parte de la cotidianidad” y es visible “especialmente en las escuelas”, aseguró la maestra Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), al participar de la charla sobre Violencias que afectan a las infancias, con referentes de instituciones ligadas a los cuidados de menores el viernes 17 en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Lo que ahora reflejan las cifras oficiales es desde hace años centro de advertencias de las maestras.
Si bien hay “muchas iniciativas” que procuran atender este flagelo, Pereira sostiene que hay “descoordinación” entre lasinstituciones estatales enfocadas en la protección de los niños. En el último gobierno de Tabaré Vázquez y en el actual de Luis Lacalle Pou, durante la pandemia, hubo mayor trabajo interinstitucional, pero no se le dio “continuidad” por “avatares políticos” que impidieron “consolidar” esas experiencias, explicó la docente y secretaria general de la central obrera PIT-CNT.
El problema trasciende el plano de la convivencia escolar. “Hoy nos afecta directamente como sociedad”, dijo Pereira, y la pandemia trajo consecuencias aún “más severas” para los niños que sufren violencia intrafamiliar porque la mayor vulneración de los derechos infantiles se da en los propios hogares.
Además de la secretaria general de la FUM, expusieron en la actividad Carina Sagrera, coordinadora adjunta del Programa Escuelas Disfrutables de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP); Dione Carrasco, pediatra de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE); la directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana; y la investigadora Verónica Habiaga, integrante del equipo que lidera la doctora Nilia Viscardi, referente en temas vinculados a la violencia escolar, por la Universidad de la República (Udelar).
Oferta insuficiente, demanda creciente
Las especialistas coincidieron en que al ser muchas veces los padres quienes maltratan a sus hijos se genera una ambivalencia afectiva: por un lado, son las figuras de referencia que deberían cuidarlos y, por otro, quienes les están haciendo daño. Eso provoca un “proceso de normalización” de la violencia que se convierte en una forma de resolver conflictos y problemas.
Esa normalización tiene entre sus efectos que las víctimas, con frecuencia, tardan en revelar lo que sucede, y muchas veces, cuando lo hacen, lo dicen en la escuela, explica la psicóloga Sagrera, responsable de Escuelas Disfrutables. El informe 2022 de ese programa señala que en el ámbito escolar se atendieron 1.772 situaciones de violencia hacia los menores. En orden de aparición: maltrato físico, maltrato emocional y abuso sexual infantil. La coordinadora del programa resalta que el maltrato en la infancia afecta a todo el desarrollo, tanto físico como emocional.
Primaria comprende a unas 2.300 escuelas en todo el país, y el Programa Escuelas Disfrutables cuenta con un total de 200 profesionales, entre psicólogos y trabajadores sociales. “Solamente con esa relación numérica ya estamos hablando, de base, de una oferta insuficiente a una demanda creciente en los centros educativos de todo el país”, apunta Sagrera.
En ese contexto, el Hospital Pereira Rossell emerge como el lugar identificado para abordar los casos más graves de agresión contra los niños, asegura la pediatra Carrasco, integrante del equipo de referentes en situaciones de violencia de ese centro hospitalario. Por su emergencia ingresa más del 99% de las consultas del hospital pediátrico en general y “casi la totalidad” de las situaciones de violencia en Montevideo y área metropolitana.
En 2022, el servicio de emergencia del Pereira Rossell atendió unos 1.300 casos de niños en situación de violencia, con un promedio superior al centenar de consultas mensuales. Esto varía de acuerdo a los meses del año, explica Carrasco. Durante el verano, el período de vacaciones de las escuelas, las consultas en el hospital “bajan significativamente”, y a partir de marzo se ve un incremento “muy notorio”, según apunta. Esto parece confirmar el rol de las instituciones educativas como canal para detectar y dar atención a las situaciones de violencia.
El equipo especializado que integra Carrasco comenzó a funcionar en diciembre de 2021 y está integrado por una trabajadora social, una psicóloga y una pediatra. Su rol principal es de asesoramiento en el proceso de atención a los menores, apoyo a los equipos asistenciales y participación en las situaciones de violencia de mayor complejidad. Las consultas que reciben son “muy diversas”. Hay “espontáneas”, de los padres y familiares que acuden al servicio derivados de otros sectores de ASSE, policlínicas, escuelas, juzgados, fiscalía, INAU, CAIF, clubes de niños, entre otros. El 30% son por solicitudes de informes de los jueces para la valoración de los casos.
“Ustedes imagínense las esperas de estos niños en estos servicios, que en general son muy concurridos por distintos problemas de salud y de personal médico y técnico, a las que se tienen que enfrentar como a un mundo tan ajeno”, dice la pediatra al describir este “escenario agregado” a la situación de violencia.
Actualmente, del centenar de consultas mensuales, entre 20 y 25 niños derivan en ingresos al hospital, por lo que la enorme mayoría de las consultas no se resuelven allí.
“Uruguay no está a la altura”
Otra mirada es la de las ONG que trabajan estos temas. “Muchas de las estrategias que tenemos que desarrollar están atadas con alambre, son artesanales, con mucha creatividad, y las escuelas muchas veces son nuestros ojos y la salud es lugar de protección”, dice Tuana, de la ONG El Paso.
Tras repasar la normativa vigente, Tuana concluye: “Uruguay no está a la altura de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia. Y no está a la altura de todas las infancias en cuanto a la prevención”.
Dice entender y estar de acuerdo con que el hospital no es solución a largo plazo para dar un contexto de protección a los niños y que no se pueden eternizar las internaciones, pero pidió que mientras no exista otra alternativa “esa siga siendo la puerta de entrada”. “Esto le salva la vida a los gurises”, afirma Tuana.
Entre los problemas que ve en el sistema, destaca la falta de formación docente. “No hay incorporación en la currícula de grado de las carreras profesionales de qué es la violencia, cómo se identifica, cómo debo entender lo que le está pasando a este niño…”, dice. Sostiene que “el abordaje de las violencias no puede quedar en el sentido común” de cada docente o director escolar.
En su opinión existe un vacío institucional que deja “absolutamente desprotegidos” a los maestros y médicos que detectan una situación de violencia. “Tenemos los mapas de ruta, pero después en las rutas no encontramos a nadie”, dice.
Desde el ámbito académico universitario, Habiaga explica que la escuela establece una relación que le permite ser “la cara visible del Estado” ante una comunidad “muchas veces” agredida y remite a casos de años atrás en que “muchas mamás les pegaban a las maestras”. Ese golpe a la escuela pública, dice, “esconde muchas veces un conjunto de derechos vulnerados”, vinculados a la pobreza de madres cabeza de familia que irrumpen en la escuela, donde luego se concentran los problemas y, más tarde, desbordan.
Pereira coincidió en que los docentes tienen “pocas herramientas de protección” para cumplir estas tareas y dijo que los “protocolos” y los “mapas de ruta” no son suficientes para combatir el problema. “¡Menuda responsabilidad!”, dice. Y sigue: “Un documento puede ayudar a guiar una situación, pero no puede garantizar nunca que no se vulneren derechos de niños y niñas. Mucho menos que seamos las maestras, las directoras y los funcionarios quienes tengamos a su cargo resolver estas situaciones”. Luego remata con una idea con tono de consigna: “¡La escuela sola no puede!”.
