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    Solo 3% de la población “ganaría” con el Sistema de Cuidados

    El Sistema Nacional de Cuidados (SNC), una de las apuestas fuertes del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, tendría un impacto redistributivo acotado en la sociedad uruguaya, según un estudio elaborado para el Instituto Mundial para la Investigación en Desarrollo Económico de la Universidad de Naciones Unidas.

    Solo 3% de la población “ganaría” con los programas de atención a la niñez y vejez que instalará este sistema, mientras que al menos 54% se vería perjudicado. Existen “algunas dudas” sobre el apoyo que puedan tener este tipo de políticas, donde la cantidad de hogares que “perderían” sube a medida que se asciende en la escala de ingresos, y alcanza a más del 80% de los hogares más ricos, señalan sus autoras, Verónica Amarante, Maira Colacce y Victoria Tenenbaum. “Esta es una característica bien documentada en los programas de asistencia: benefician a una pequeña, incluso marginal, proporción de la población aunque los niveles de gasto por persona son altos y suelen ser financiados por toda la sociedad o al menos una parte muy relevante”, agregan. Además, el impacto redistributivo es “muy limitado incluso cuando las políticas de asistencia a la niñez son enfocadas a los hogares más vulnerables”.

    El SNC —en fase de implementación— propone ampliar las políticas de asistencia a niños de hasta tres años y a las personas de la tercera edad, así como quienes sufran de una discapacidad, pero las investigadoras se enfocan en el impacto de los hogares de los primeros dos grupos hasta 2020.

    Estiman que si el gobierno decidiera brindar ese apoyo a un hogar basándose solo en la demanda (dejando que cada ciudadano solicitara la asistencia hasta llenar la cantidad de cupos existentes) los ganadores de la política no superarían el 3% para cada uno de los quintiles de la población. Sin embargo, si se incorpora un criterio de vulnerabilidad (priorizando a los hogares más necesitados), habría 9% de “ganadores” entre las personas más pobres, que concentrarían 13% de perdedores. En el quintil más rico no habría ganadores y casi 88% vería un impacto negativo.

    Restringiendo el análisis a los hogares con niños menores de cuatro años, los ganadores representarían casi 13% y ascenderían a casi 20% entre los hogares de más ingresos. Si las políticas fueran asignadas solo por el criterio de vulnerabilidad, casi 20% de los hogares más pobres ganarían.

    Considerando hogares con personas de la tercera edad, la mayoría de la población resultaría “indiferente” o perdería con las políticas.

    “En particular las diferencias se concentran en los hogares donde hay dos padres y en los hogares extendidos. Como estos suelen ser más pobres que el resto, un número más alto de ganadores se concentraría allí si las políticas fueran asignadas por el criterio de vulnerabilidad. Esto puede también señalar que existen diferentes demandas de cuidado externo según la cantidad de adultos que componen el hogar”, señalan las autoras.

    Afirman que aunque el SNC tendrá “poco” impacto en la distribución de ingresos, sí lograría reducir la inequidad mejorando el índice Gini (que mide la desigualdad de una población). El avance, además, es mayor si la asignación de las políticas toma en cuenta la vulnerabilidad de los hogares (que hace que la inequidad disminuya entre 0,16 y 0,29 puntos porcentuales).

    “Seguro contra la dependencia”.

    El estudio tomó un modelo de beneficio fiscal con el que asigna un valor monetario a los servicios públicos (entendiéndolos como transferencias) y deduce el costo en impuestos que el SNC implicará para los hogares. Al centrarse en los efectos inmediatos de la política, excluye los cambios a largo plazo que pueda conllevar en la estructura e ingresos de los hogares.

    De esa forma, en los hogares perjudicados por el SNC la pérdida alcanza a 0,3% de los ingresos, una cifra que aumenta a 0,5% en el quintil de mayores ingresos y llega a 0,2% entre los más pobres. Quienes ganan, por otro lado, terminan con un aumento de entre 16% y 22% de sus ingresos.

    “Parecería poco probable que los ciudadanos aprueben una política que hace que casi todos paguen pero beneficia solo a una parte marginal de la sociedad. Sin embargo, las características de la dependencia hacen que casi con certeza todos los individuos utilizarán el programa en algún punto de su vida. El pago debería entenderse como un seguro contra la dependencia y la aprobación de los individuos dependerá de su percepción sobre el riesgo de tener que utilizar el servicio”, apunta el informe.

    Según fue establecido en la ley de Presupuesto, el SNC demandará U$S 67 millones hasta 2017, de los cuales 36% se irá en políticas dirigidas hacia el cuidado de la niñez, 29% en asistencia para la vejez y 22% en la población con discapacidades. Para financiar los costos incrementales de expansión hasta 2020, las investigadoras proponen una suba de 5% en las tasas marginales de los impuestos a los ingresos (de rentas o a la seguridad social) que aportaría casi U$S 92 millones.

    Basado en los datos de la Encuesta Continua de Hogares, el estudio identificó para 2014 a más de 30.000 personas beneficiarias de algún tipo de sistema de cuidado (porque tienen hijos o cuidan a personas ancianas). También señala que existen 5.886 beneficiarios del servicio de atención a niños de un año, cuyo cuidado pueda ser proporcionado por los centros CAIF, y otros 7.886 para niños de dos años. También identifican 8.408 niños de tres años beneficiarios de políticas preescolares de la Administración Nacional de Educación Pública.

    Para las políticas de asistencia a la vejez estiman un total de 8.625 beneficiarios.

    El costo unitario y mensual del cuidado para niños de un año ascendería a U$S 462 al mes, otros U$S 241 para los de dos años y U$S 175 para los de tres años. En el caso de la población de edad avanzada, los costos varían de U$S 540 a U$S 178 mensuales, disminuyendo a medida que se sube en las franjas de ingresos.

    Mientras que la mayoría de la demanda de asistencia para el cuidado de la infancia proviene del 40% de la población más pobre, las políticas de asistencia a la vejez se concentrarían en los quintiles más altos, conforme con la investigación.

    “Al desarrollar políticas económicas de este tipo en Uruguay es importante considerar la necesidad de combinar estas nuevas intervenciones con políticas más tradicionales intrínsecas en la estructura de bienestar social, cuyo desarrollo es aún incompleto”, opinan las autoras.

    Economía
    2017-02-23T00:00:00