Subsidio a fábricas de vestimenta no sirvió; pedirán cambiar ley

Ahora, las tres partes plantearán al Parlamento un “paquete de medidas” complementarias que le otorgue “fondos frescos” al sector para sobrellevar este año y el próximo, mientras se logran mejores condiciones de competencia para las exportaciones a través de nuevos acuerdos comerciales, entre otras acciones, indicaron.

Cifras.

La producción de vestimenta, medida en volumen físico, bajó 27,7% el año pasado respecto al anterior. Y en enero-marzo pasado la caída fue todavía mayor (49,6%) frente a igual lapso de 2014, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El personal ocupado en ese sector fabril se contrajo 23% el año pasado.

Las ventas de prendas al exterior eran en el 2000 por U$S 70 millones y en 2014 no alcanzaron a U$S 17 millones, de acuerdo con datos de la Cámara de la Vestimenta. Una profundización de la caída en las exportaciones se dio en 2013 debido a las trabas impuestas por el gobierno argentino.

En tanto, las importaciones crecieron de U$S 52 millones en el 2000 a U$S 255 millones el año pasado. La mayoría de la vestimenta que ingresa al país es de origen chino.

Los empresarios consultados explicaron que el producto que Uruguay fabrica “no es el mismo” en términos de calidad y diseño porque se exporta a un valor de U$S 60 el kilo, frente a U$S 14 del que se importa.

Voluntad política.

Entre 2007 y 2009, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, las industrias que fabrican vestimenta recibieron apoyo estatal por U$S 6 millones, pero no lograron mejorar su situación ni abrir nuevos mercados de exportación (ver Búsqueda Nº 1.546).

Luego, en 2011, se aprobó la ley 18.846 que estableció un subsidio de U$S 27,5 millones para el sector a desembolsar en tramos durante siete años. Por entonces la cámara del sector sostenía que ese apoyo no cambiaría la situación.

La norma creó una “comisión asesora” que entre otras tareas debía “cuantificar los objetivos” que perseguía relativos a la sustentabilidad del sector, mejora de la competitividad y de las condiciones de trabajo, etcétera.

También estableció que el Poder Ejecutivo informe al Parlamento sobre los “resultados” de la aplicación del subsidio “al final de cada año”. Aunque eso no ocurrió en los últimos tres años, se prevé que se cumpla antes de que se trate la ley de Presupuesto, informaron las fuentes. Para ello, la comisión se reunió en las últimas semanas —pero sin la asistencia de representantes del Ministerio de Economía, que debe conformarla— y los delegados de las secretarías de Industria, de Trabajo, del sector empresarial y de los trabajadores aprobaron un informe sobre los resultados de la política industrial, que además propone una serie de medidas.

Según los informantes, la comisión constató el “incumplimiento” de los objetivos de la ley porque el sector sigue cayendo. Además, entiende que no se aplicaron los otros dos componentes de la norma relativos a la trazabilidad y al trabajo a domicilio.

Sin embargo, los empresarios de la vestimenta perciben que “hay voluntad política” de parte de las autoridades de Industria y de Trabajo para seguir apoyando a su sector, aunque dudan acerca de que Economía esté decidido a hacerlo.

Medidas.

La comisión elaboró un documento, que debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo para que luego sea enviado a modo de informe al Parlamento.

Allí se plantea algunas modificaciones a la ley. En relación a los montos de subsidio —de unos U$S 5 millones anuales— propone que el desembolso previsto para el séptimo y último año del apoyo se adelante para 2015 y 2016.

Otro cambio apunta a “distribuir ahora” los excedentes del componente de subsidio previsto específicamente para proyectos de inversión en actualización tecnológica o innovación, por ejemplo, puesto que no han sido utilizados totalmente dado el reducido nivel de actividad de las fábricas. Ese dinero se destinaría a la promoción y apertura de nuevos mercados, afirmaron las fuentes.

Agregaron que entre ambas medidas el subsidio aumentaría en U$S 3 millones (una mitad en 2015 y la otra en 2016). Los empresarios sostienen que se trata de cifras “casi absurdas para un sector completo”, porque “no (lo) salvan” sino que permiten compensar el tiempo en que se demora en tomar medidas “de fondo”, vinculadas a la competitividad comercial y a mejoras en los sistemas de fiscalización de Aduana.