Sumarios en el Estado rondaron los 2.000 al año, la mayoría a hombres y hubo funcionarios involucrados en hasta seis
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El exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma sumó a sus últimos viajes a una funcionaria de la oficina “antilavado” que él contrató poco antes y le atribuyó tareas en el exterior que su jefe desconocía, como indagar la “ruta de dineros” del Plan Cóndor. A ambos se los vio en imágenes televisivas como espectadores en un partido por la UEFA Champions League, en diciembre pasado, en una de esas misiones oficiales.
Aunque políticamente más notorio, el sumario en curso a Toma —iniciado luego que Búsqueda informó en setiembre sobre sus viajes y gastos investigados por la denominada “Junta Anticorrupción” (Nº 2.089)— es uno de los muchos que se sustancian cada año a funcionarios públicos. Los datos más nuevos aportados por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) no son muy actuales: en 2017 se iniciaron 2.080 procesos administrativos de ese tipo y en 2018 fueron 1.901, lo que hizo un total de 3.981 en el bienio. Esa información, basada en los reportes que la normativa obliga a trasmitir a la ONSC, abarca a la administración central (Presidencia y los ministerios), al Poder Judicial, los organismos de contralor (Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, etc.), así como a los entes autónomos y servicios descentralizados.
De las personas con sumarios en 2017 y 2018, 358 tenían más de uno: 320 eran objeto de dos, 32 acumulaban tres, mientras que cuatro funcionarios enfrentaban cuatro de estos procesos a la vez. Había, incluso, situaciones más extremas: una persona con cinco sumarios y otra con seis.
En proporción al tamaño de la plantilla pública, los casos aumentaron. Por ejemplo, pasaron de algo menos de 0,3% de los funcionarios presupuestados (los que pueden ser sumariados) en 2013-2014, a algo más de 0,6% en 2017-2018, analizó Búsqueda a partir de las estadísticas de la ONSC.
Perfiles. La caracterización de los sumariados a partir de los informes de esa repartición se acota a géneros y edades. Aproximadamente dos tercios de los procesos de ese tipo en el último bienio para el que se dispuso de datos correspondieron a hombres. A su vez, en promedio, los involucrados —tanto varones como mujeres— tenían 42 años.
Causas
El agrupamiento de las causas de los sumarios de 2017 y 2018 que hace la ONSC en su nuevo informe no se corresponde con categorías jurídicas de las faltas que son investigadas. Tres de cada cuatro las clasificó como “incumplimientos en el deber funcional” —principalmente en el Ministerio del Interior—, 18% fueron por “presunción de delito/condena ejecutoriada”, 2% por “irregularidades”, 1% por “acoso sexual” y 1% debido a “mala praxis”; para el restante 3% no dispuso de datos.
La causal más extendida, el “incumplimientos en el deber funcional”, refiere a inasistencias; negligencias; errores u omisiones en el cumplimiento de tareas; falta de controles; conductas reñidas con el respeto y la imagen pública; relacionamiento inadecuado con los compañeros, superiores o subordinados; extravíos de bienes o daños a bienes; hurto de equipos o armas; acoso laboral, ineptitud o incapacidad física, entre otras.
El análisis de la ONSC destaca que se sextuplicaron los casos relacionados con acoso sexual (hubo 25) en comparación con 2015-2016, lo que asocia a “mejores y más registros”, así como a la conformación de comisiones y protocolos especializados en los distintos organismos. Es la única de las causales por la cual los funcionarios sumariados son todos hombres.
Sanciones
De los sumarios iniciados entre el 1º de enero de 2017 y fin de 2018 concluyeron 2.190, es decir el 55% de los iniciados en el período.
Si se comprueba mediante la investigación administrativa que el funcionario efectivamente es responsable de una falta administrativa, el proceso da paso a sanciones disciplinarias de distinto grado. Los casos graves se castigan con la suspensión por más de 10 días y hasta seis meses, aunque también es posible llegar a la destitución por ineptitud, omisión o delito.
En 2017 y 2018 la suspensión fue el castigo más utilizado: 58%. La desvinculación resultó el desenlace en 11% de los casos, mientras que no hubo sanción —ante la “clausura” de la investigación— en 18% de los sumarios.
Sobre las destituciones sí se disponen de datos más actuales: en 2019 superaron las 700 y la comisión que debe considerarlas había tratado unas 70 hasta mediados de 2020 (Búsqueda Nº 2.079).
karen@magnolio.uy
Pablo de María 1015
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