Suprema Corte de Justicia resolvió no otorgar libertad a ningún militar retirado preso por violaciones a los derechos humanos

Fuentes de la SCJ dijeron a Búsqueda que la corporación “no tiene competencia” para tratar este tema, porque el máximo órgano judicial entiende en los casos de libertad anticipada o libertad por gracia, pero no dispone prisiones domiciliarias, las que son tramitadas directamente por los jueces de Ejecución. Así lo entendieron los ministros de la Corte en uno de los últimos acuerdos del año en el que trataron este punto, señalaron los informantes.

La libertad por gracia se otorga en la visita de cárceles a aquellos procesados que registren buena conducta, entre otros requisitos. Esto también es imposible porque los presos de Domingo Arena ya tienen sentencia firme, por lo que no son procesados, añadieron las fuentes.

“Ventana”.

El único camino posible para los reclusos en esa condición es que el juez de Ejecución les otorgue prisión domiciliaria teniendo en cuenta su estado de salud, señalaron los informantes. Los jueces de Ejecución —un cargo recientemente creado por la Corte— son Martín Gesto y Gerardo Silva.

Si bien la ley prohíbe que se otorgue prisión domiciliaria a las personas que hayan sido procesadas por delitos de lesa humanidad, en los casos de los militares en cuestión puede presentarse “una ventana” debido a que la mayoría de estos reclusos fueron sentenciados por el delito de “homicidio muy especialmente agravado”, una figura típica del Código Penal que no es considerado delito de lesa humanidad.

De hecho, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, llamó directamente al juez Gesto para citarlo a la Torre Ejecutiva. En el encuentro le informó que el presidente Mujica era partidario de la prisión domiciliaria a los militares retirados e invocó el informe de la Cruz Roja, que le mostró pero no le entregó al magistrado.

Gesto informó esa situación a los ministros de la corporación, quienes consideraron que la actuación de Guerrero fue una “injerencia indebida”, por lo que le enviaron una carta con copia a Mujica.

En la misiva, los ministros de la corporación piden al secretario de la Presidencia que “como profesional del derecho, reflexione sobre la inconveniencia de actitudes como la expuesta, que comprometen el necesario respeto institucional en el sistema democrático que, formalmente, requiere que pretensiones o comentarios del tipo, se canalicen a través de los órganos correspondientes”.

“Como usted bien sabe, esta corporación ha estado —y estará— abierta a todo tipo de inquietudes que contribuyan al mejor relacionamiento entre los poderes del Estado, pero al mismo tiempo entiende que el relacionamiento directo de otro poder con los magistrados, sobre cuestiones que están o pudieran estar en su órbita de conocimiento es inadecuada, inconveniente y roza su independencia e imparcialidad” (Búsqueda N 1.795).

En declaraciones a la prensa, Guerrero negó haber tenido la intención de presionar al magistrado. “Lo que ocurrió en los hechos es que la Cruz Roja Internacional hizo llegar a la Presidencia de la República un informe de la condición sanitaria de los reclusos de Domingo Arena y del Hospital Militar. (...) El informe tiene un carácter reservado, es un informe más que nada sanitario, por lo tanto no lo puedo hacer llegar a los juzgados”, aseguró el secretario de la Presidencia. “Lo que sí puedo hacer yo es conversar con los magistrados, porque si ustedes estuvieran en mi lugar y el informe dice que hay algunas personas privadas de libertad a las que no les queda mucho tiempo de vida, yo lo que tengo que hacer es no guardarlo en un cajón, sino darlo a conocer simplemente”.

Según dijeron a Búsqueda fuentes oficiales, el informe de la Cruz Roja recomienda la prisión domiciliaria de cinco reclusos de Domingo Arena y el Hospital Militar por “estrictos motivos de salud”. El organismo internacional llegó a esa conclusión después de una inspección al centro de reclusión y de una revisión médica practicada a los internos. La Cruz Roja precisa en su informe que no cuestiona el proceso judicial que se siguió contra los militares retirados ni las garantías que tuvieron para su defensa, sino que basa su solicitud en la condición sanitaria de los reclusos.

Además de Dalmao, los presos que la organización internacional sugirió beneficiar con prisión domiciliaria son Gavazzo y Ramas. En la lista no se encuentra el ex dictador Gregorio Álvarez, quien goza de buena salud a pesar de su avanzada edad, dijeron las fuentes (Búsqueda N 1.788).

La posibilidad de que los militares presos en Domingo Arena gocen de prisión domiciliaria ha sido rechazada de plano por las organizaciones de derechos humanos.

“Si hablamos de sensibilidad y pobres viejitos también había que ver qué sensibilidad hay para pedirles a estos militares la información de dónde están nuestros familiares. Porque son ellos quienes los hicieron desaparecer y hay madres que se están muriendo sin poder enterrar a sus hijos”, afirmó al portal de noticias de “Subrayado” Ignacio Errandonea, integrante de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos.