Suprema Corte investiga a una jueza por su actuación profesional en la compra de un centro de torturas durante la dictadura en 1977

La revelación sobre la participación de la actual magistrada en el negocio está contenida en el libro “Las caras del mal”, del periodista Raúl Ronzoni, que se presentará el martes 30 a las 19 horas en “La casa del autor”.

La pareja “vivía en el mismo barrio donde estaba ubicada ‘La Casona’”, agrega el autor.

Señala que la profesional ya fue interrogada por este hecho en el pasado, sin que tuviera consecuencias en su actividad. “La escribana declaró hace una década en el juzgado penal de 19º, turno ante el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze, que quien le solicitó su intervención para la escritura fue el general Amaury Prantl, director del SID”, relata el libro. Ronzoni recuerda que el militar sentenciado por violaciones a los derechos humanos José Nino Gavazzo era “la mano derecha de Prantl” en la época en la que se compró la casa.

“El comprador formal de la casa, según la escritura, fue un tal Virginio Emiliano Pomato Debrón a quien el juzgado nunca pudo ubicar ni figura en ningún registro oficial del Estado”, escribe Ronzoni. A todas luces, añade, se trata de “un nombre de paja”, porque el SID “no podía justificar el origen del dinero que había sido robado en Buenos Aires a militantes del Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) allí secuestrados y trasladados a Uruguay donde fueron asesinados”.

Según el periodista, quien se especializa en la cobertura de temas judiciales, “al dar por buena la información de ese comprador sin constatar su identidad ni documentación ni verlo firmar”, la actual jueza cometió el delito de “falsificación o alteración de certificados”, que tiene una pena de 2 a 18 meses de prisión y prescribe a los cuatro años.

Por su actuación en este caso la profesional “nunca fue sometida a una investigación administrativa de la Suprema Corte de Justicia y sigue administrando justicia en su juzgado de Canelones”.

Puig fue designada jueza de Paz el 8 de junio de 1978, al año siguiente de la “venta fraguada” del centro clandestino de tortura, cuando tenía 33 años. Seguirá en ese cargo hasta el 26 de julio de 2015 cuando cumpla 70 años y obligatoriamente deba jubilarse.

“Obvia referencia”.

En otro pasaje de su libro, Ronzoni describe algunas de las características de este inmueble. El periodista recoge el testimonio del ex soldado Julio Barboza, quien participó en la detención de Castro y aportó detalles a una nota del semanario “Brecha” y al juzgado que investigaba el caso. Barboza relató que Castro “fue forzado a salir de su camioneta Indio de color amarillo y negro y trasladado a una casa de la calle Millán 4269 casi Loreto Gomensoro”. Otros soldados —precisó— consideraban que la casona ubicada frente a la planta de Pepsi Cola “era ideal no solo por su amplitud sino también porque no tenía paredes medianeras”. Para Ronzoni esta es “una obvia referencia a que eventuales gritos o quejidos de los torturados no podían ser oídos por vecinos linderos”.

El ex soldado agregó que la casona tenía “un muro con rejas de cada lado de los portones que eran más bien altos”.

“El sótano por lo que me parece era tan grande como la casa principal. Se entraba también por detrás. Yo solo vi la primera pieza, recuerdo que tenía paredes amarillas y se veían caños que pasaban por el techo. Había dos puertas más de otras tantas piezas, supongo. Había una escalera que llevaba a la planta baja y en la primera pieza del sótano, bajo una luz fuerte que daba contra las paredes amarillas, dejamos al señor (en referencia a Castro) custodiado por un soldado”, relató Barboza.

Según Ronzoni, se trata de una “escenografía ideal” para “interrogatorios clandestinos” y también para “evitar que se oyeran los disparos”, como el que mató a Castro.