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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidieron abstenerse de intervenir y conformar una nueva Corte para que estudie un recurso sobre una presunta filtración de información que buscó torcer una decisión de ese máximo tribunal. En el acuerdo del jueves 11, el presidente Tabaré Sosa y los ministros Bernadette Minvielle, Elena Martínez y John Pérez decidieron que en aras de una mayor transparencia no debían participar en la revisión del caso.
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La SCJ informó en su página web que resolvió crear dos expedientes, uno para analizar el recurso de revisión presentado contra el fallo de la Corte, y otro para investigar las eventuales irregularidades administrativas en las que habría incurrido la funcionaria acusada de filtrar información a uno de los abogados, con quién la une un vínculo sentimental (Búsqueda Nº 2.148). Ambos expedientes serán analizados por dos cortes integradas por ministros de los tribunales de apelaciones. La Corte que investigará la parte administrativa ya fue sorteada y la integran los ministros Beatriz Larrieu, Fernando Tovagliare, Mónica González, Gustavo Mirabal y Mónica Ivanovich. La segunda Corte, que revisará la actuación del máximo tribunal en el proceso, se integrará en los próximos días, ya que primero debe notificarse a los demandantes para que puedan presenciar el sorteo.
Aunque los abogados que presentaron el escrito también hicieron una denuncia penal, la Corte decidió de todos modos enviar el contenido a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe la eventual comisión de delitos. “Queremos dar absoluta transparencia a todo este proceso, porque lo que se denuncia es muy grave”, explicó una fuente de la Corte.
El recurso de revisión fue presentado el jueves 4 por los abogados Hebert Gatto y Pablo Donnángelo. El equipo también lo integra el abogado Renzo Gatto y el expresidente de la SCJ Leslie Van Rompaey, que firmó la denuncia penal. Según el recurso, la parte demanda en un litigio que dirimió la Corte conocía qué habían votado los ministros antes de que la sentencia estuviera redactada, y presuntamente usó esa información para pedir que dos de ellos —que se habían pronunciado en contra de sus intereses— se apartaran de la causa.
Como resultado de esa supuesta maniobra “dilatoria”, uno de los ministros llegó a la edad de jubilarse y la integración de la Corte cambió. Así, un fallo que iba a ser favorable para una de las partes terminó con el resultado opuesto, denunciaron los abogados, que calificaron lo sucedido de “estafa procesal” y reclamaron que se integre un nuevo tribunal para revisar el caso. Según el escrito, la funcionaria acusada de filtrar información es la abogada Sofía Feuer, asistente del presidente Sosa.
El Observador informó el sábado 13 que la mayoría de los ministros consideró oportuno apartar del cargo a la abogada mientras se investiga lo sucedido, pero Sosa se negó tajantemente.
En una carta enviada a Búsqueda, los abogados denunciados de realizar la presunta estafa procesal, Andrés Mariño (pareja de Fauer) y Giacomino Di Matteo, calificaron de “agraviantes” y “falsas” las acusaciones. Aseguraron que las recusaciones presentadas contra los ministros Minvielle y Eduardo Turell durante el proceso estaban “plenamente fundadas” y se presentaron “en cuanto se tuvo conocimiento” de los vínculos de ambos con abogados que intervinieron en el proceso. Respecto a la supuesta filtración, dijeron que “no hay un solo elemento que lo avale”. “Solo se pretende fundarla en una sospecha y en la vida privada de las personas, insinuando una deslealtad funcional sin ninguna base fáctica”.
A su vez, en declaraciones al diario El País el martes 16, anunciaron que Gatto y Donnángelo serán “denunciados penalmente por difamación e injurias y demandados civilmente por daños y perjuicios”.
Por su parte, Feuer negó a ese matutino haber filtrado información. “Sin perjuicio de las acciones legales que oportunamente sin dudas tomaré, afirmo ser completamente inocente de infidencia alguna”.
