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    miércoles 12 de junio de 2024

    TCA determinó que hubo “desviación de poder” en el proceso de desvinculación de una excoordinadora de Centros MEC en 2017

    La funcionaria denunció haber sido perjudicada por motivos “político-partidarios” en un concurso por quedar “presupuestada”; antes había sido removida sin motivos por María Julia Muñoz de la tarea que desempeñaba

    —¿Cuál es el argumento de ella (María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura) de que yo no esté más en Centros MEC?—, preguntó Mónica Botti, ex coordinadora departamental en Cerro Largo.

    —No hay argumento, (...) el argumento es ‘no la quiero más’”, respondió Fernando González, su superior, que era adjunto a la dirección.

    La conversación se dio en 2017 y en 2019 se hizo pública. Su contenido, que fue publicado entonces por El Observador, despertó discusiones sobre presiones políticas de Muñoz a funcionarios del ministerio. Botti tenía un contrato provisorio en el MEC. Luego de aquel episodio concursó para ser funcionaria pública efectiva sin éxito. Aunque tuvo excelentes resultados por su legajo personal y en la prueba de conocimientos, fue muy mal evaluada por sus superiores y también en la entrevista.

    Tanto la conversación entre Botti y González como el proceso que siguió forman parte de la argumentación de un fallo reciente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), al que accedió Búsqueda, que determinó que hubo “vicio en los motivos” y “desviación de poder” de parte de los jerarcas del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Para la mayoría de los ministros del tribunal, la evaluación a la que fue sometida la funcionaria fue “ilegítima”.

    “Surgen elementos de convicción suficientes para concluir que la calificación otorgada, específicamente en el ítem correspondiente a la evaluación de su superior, se apartó del fin debido; esto es, el juicio ponderado del desempeño de la funcionaria”, establece la sentencia.

    En su denuncia ante el TCA, Botti sitúa el inicio del proceso que derivó en esa evaluación en el 16 de junio de 2017. Ese día participó de una cena con la ministra María Julia Muñoz, la directora de Centros MEC Glenda Rondán y el diputado frenteamplista Alfredo Fratti. Según su relato, en ese ámbito le plantearon que pusiera a los Centros MEC de su departamento a militar a favor del Frente Amplio. Ella no aceptó el pedido y asegura que por eso fue cesada. Su versión es rechazada por los involucrados.

    En la sentencia se plantea que en la reunión “se generó una discusión” a partir de la cual Botti vio “afectado su vínculo funcional”. La funcionaria asegura que primero se le pidió que no asistiera a un Consejo de Ministros que se desarrollaría en Melo, luego fue informada de que dejaba de ser coordinadora de los Centros MEC, por orden de Muñoz, y más tarde fue notificada vía mail de que pasaba a ser “animadora”, un rol que desempeñaban funcionarios de las intendencias en Centros MEC.

    La denunciante había ingresado al MEC en 2008 como funcionaria contratada, luego de haber ganado un llamado público. Su contrato fue renovado hasta llegar al punto de inflexión en 2017.

    Para Botti, “el hecho de ejercer su labor separando sus ideas personales” y sin anteponer “sus convicciones político-partidarias” tuvo consecuencias en el concurso en el que intentó quedar efectiva, según recoge la sentencia. “Existieron cuestionamientos político-partidarios hacia su persona, cuando, en todo caso, debió primar la función pública”, argumenta.

    La conversación mencionada al inicio de la nota es bastante más extensa. La grabación fue aceptada como prueba por el tribunal que entendió que se trataba de una charla “profesional y no privada ni íntima”. En el diálogo Botti le expresa a su superior, González, su preocupación por una eventual evaluación discrecional en el proceso para quedar como presupuestada.

    —Si ella se maneja así, con estas órdenes, perfectamente puede manejar lo otro (en referencia a su evaluación). (...) Si a ustedes los mandan correrme de acá para allá y ustedes lo hacen, mañana te mandan a vos o a Glenda ‘la evaluación de ella tiene que ser negativa’... ¿Y vos qué hacés? La hacés negativa.

    —Veré. Veré qué es lo que hago. Veré cuáles son mis límites.

    —¿Y ahora no podés contestar tus límites?

    —No porque no me lo ha planteado.

    —¿Y si te lo plantea?

    —No sé qué voy a hacer, te soy sincero.

    En la valoración del MEC a la que fue sometida, Botti sacó puntaje perfecto en el ítem incidencias —compuesto por su legajo personal— y obtuvo 44 de 50 puntos en la prueba de conocimiento. En contraposición, en el informe de su superior tuvo una calificación de 9 sobre 30 y en la entrevista de 10 sobre 30. Se trata de “dos ítems donde la subjetividad juega un rol preponderante”, señaló la denunciante.

    A partir del marco normativo vigente, obtenía un puntaje satisfactorio si sacaba al menos el 50% en cada ítem y 70% del total.

    Botti sostiene que “lo que verdaderamente motivó la mala calificación (...) no respondió a su mal desempeño, sino a un actuar discriminatorio y abusivo por parte de los jerarcas del organismo, por razones de política partidaria que no guardan relación alguna con su actuar como funcionaria”, señala el fallo.

    Con base en esos argumentos los ministros resolvieron anular el acto administrativo del 14 de setiembre de 2017 que determinó que Botti perdiera el concurso para quedar presupuestada de Centros MEC.

    En esa instancia otros dos funcionarios con contratos provisorios tuvieron resultados insatisfactorios. Los ministros del TCA consideraron que el caso de Botti “debe valorarse considerando que su desempeño, según reflejan sus sucesivas recontrataciones, había sido satisfactorio hasta el momento; que no surge que se la hubiese sancionado en ninguna ocasión en su carrera administrativa y que en todos los demás ítems de la evaluación obtuvo puntajes más que satisfactorios”.

    Ahora el MEC deberá desaparecer los efectos de la resolución y buscar una alternativa que repare a la demandante tras lo ocurrido. En caso de que Botti continúe interesada en ser funcionaria presupuestada del ministerio, podría retornar en un provisoriato con derecho a acceder a uno, además de recibir una indemnización. De lo contrario, de no interesarle, la resolución implicaría una reparación económica.

    Consultado al respecto el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, aseguró a Búsqueda que asumen la sentencia del TCA y están dispuestos a recorrer el camino que sea viable y reparar el daño causado a la excoordinadora de Centros MEC. “Entendemos que efectivamente se cometió una injusticia”, afirmó.

    En el fallo, los ministros del TCA señalaron que Botti tuvo una “buena actuación” en lo que refiere al desarrollo de su trabajo, “la que no fue cuestionada durante casi nueve años, por lo que su superior debió explicitar en forma previa y fundada los motivos por los cuales resultó con tan baja calificación”. En ese punto se refirieron a lo sostenido en casos similares, en cuanto a que cuando se registra una variación significativa en comparación con calificaciones anteriores, se exige una fundamentación adicional del cambio.

    Los ministros incluyeron en el texto la declaración de Rondán como testigo ante el Tribunal, que sobre Botti destacó que “apoyó intensamente la gestión de los proyectos que venían de central”. Además, también se desprende que la directora de Centros MEC aludió, públicamente, a la “buena actuación de la actora”, según plantea la sentencia.

    González, que fue el responsable de asignarle el puntaje en la evaluación, expresó los motivos de la desvinculación e hizo referencia a “carencias y deficiencias” desarrolladas en el provisoriato, sobre el manejo del presupuesto asignado. Al respecto, la directora nacional de Centros MEC planteó que los gastos de Botti “jamás fueron ilegales” y que pasaron por los auditores y el Tribunal de Cuentas y que “eran gastos legales”.

    Los Centros MEC, que tenían como cometido principal la descentralización cultural, fueron eliminados por la Ley de Presupuesto, que transfirió los recursos y los funcionarios a la Dirección Nacional de Cultura. Desde el gobierno argumentaron que había un “mal uso de los fondos públicos”, que era una “especie de República independiente” que seguía políticas que “no coincidían” con lo que se planteaba desde la cartera, según dijo a mediados de 2021 en el Parlamento el ministro Da Silveira.

    Información Nacional
    2022-10-05T22:26:00