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Desde una perspectiva laboral, la pandemia del Covid-19 “ha dejado al descubierto zonas de desprotección muy amplias”, dijo a Búsqueda el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. En particular, destacó los 400.000 trabajadores informales y casi 100.000 monotributistas que, al ver reducida o suspendida su actividad durante la emergencia sanitaria vigente, “no tienen ningún tipo de cobertura”.
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La propagación del coronavirus y la imposibilidad de varios sectores de realizar trabajo remoto redundó en un pico histórico de solicitudes de “seguro de paro”, que llegó a 81.779 en marzo. Pero los trabajadores informales no tienen derecho a este subsidio al no realizar aportes a la seguridad social.
Además, para muchos el trabajo a distancia en el marco de esta pandemia no es una opción, ya sea porque la propia actividad requiere la presencia física u otras restricciones.
Según un índice de posibilidades de trabajo a distancia (IPTD) calculado por el Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), casi seis de cada 10 trabajadores en Uruguay se desempeñan en actividades que presentarían dificultades para desarrollarse de forma remota.
El IPTD, construido a partir de datos de la Encuesta Continua de Hogares de 2019, tiene niveles de 1 (trabajadores que se ven totalmente imposibilitados de cumplir con su trabajo de forma remota) a 5 (aquellos que no presentan dificultad alguna para el teletrabajo). El Observatorio propone la interpretación de que un valor del índice menor a 3, su valor medio, indica que menos de la mitad de las tareas habituales de cierta ocupación podría realizarse a distancia, y, por tanto, enfrentaría serias dificultades para ser desarrollada vía teletrabajo. Lo contrario se podría inferir cuando el índice es superior a 3, ya que las personas tendrían la posibilidad de hacer más de la mitad de las tareas requeridas a distancia y por tanto no se verían tan afectadas como las anteriores por las medidas de distanciamiento social.
El índice promedio para las ocupaciones laborales en Uruguay es de 2,98. El 50% de ellas presenta valores por debajo de 2,91.
La situación es más complicada en el caso de los trabajadores informales: el 72% tiene un IPTD menor a 3 (frente a 54% de los formales).
Además, particularmente en situaciones como las actuales, aquellos que presentan un IPTD menor a 3 podrían sufrir una interrupción en sus ingresos, al presentar grandes dificultades para realizar trabajo remoto. Las mismas consecuencias podrían sufrir los monotributistas con un índice similar; en un encuentro virtual organizado el martes 28 por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, Mieres aseguró que en la “agenda futura” de su ministerio “va a estudiar alguna forma de protección ante el cese de actividad para este conjunto de trabajadores”.
Un tercer grupo de alta vulnerabilidad, según el Observatorio del Cinve, es el de los trabajadores dependientes formales con un IPTD inferior a 3 y a los que el subsidio por desempleo (que cubre solo una parte de su salario) les ocasione problemas de suficiencia de ingresos. La actual situación, en algunos casos, podría llegar a ubicarlos bajo la línea de pobreza. Según el informe, unos 135.000 trabajadores asalariados se encuentran en este grupo.
Mieres dijo a Búsqueda que “todo indica que el teletrabajo va a expandirse” y hay un vacío legal que su cartera quiere llenar para que aquellos que realizan sus actividades laborales bajo esa modalidad “tengan las garantías propias de todo trabajador”. El ministro indicó que están “en sintonía” con el proyecto que al respecto presentó la semana pasada la senadora colorada Carmen Sanguinetti.
