Tensión creciente en Maldonado entre expansión inmobiliaria y ambiente pone de manifiesto un debate pendiente sobre la costa

Sin embargo, la bancada del Frente Amplio presentó un recurso de amparo basado en el artículo 303 de la Constitución de la República, que actualmente estudia la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. Asimismo, llevaron al Parlamento más de 6.000 firmas de ciudadanos para intentar impedir la resolución. Es así que días atrás comparecieron ediles y representantes del sector académico, quienes aseguran que la medida presenta decenas de incumplimientos a las normativas de ordenamiento territorial; también fueron recibidos la directora general de Urbanismo de la comuna, Soledad Laguarda, y el prosecretario general, Álvaro Villegas, quienes entre los diferentes argumentos planteados explicaron que se trata de terrenos privados.

El punto central de la discusión, mencionó Peña, refería a las distancias necesarias para el fraccionamiento. Con esta iniciativa, 150 metros de la faja costera entre el mar y la ruta pasarían al dominio público y había diferencias de cálculo: mientras que desde Ambiente entendían —en base a las imágenes satelitales— que se dejaba un área muy pequeña para hacer posibles fraccionamientos, el informe remitido por la IDM —basado en planos de la Dirección Nacional de Hidrografía— afirmaba que el espacio era más que suficiente para construir.

“Ese expediente iba y venía. Algunos de los argumentos que la intendencia esgrimía eran atendibles, entonces ante la duda decidimos contratar un estudio independiente para que definiera de acuerdo a la ley vigente si se podía autorizar, exactamente cuántos metros y con respecto a qué. Ese informe es el que respalda mi firma”, sostuvo Peña.

Hasta el momento el proyecto inmobiliario Marina Beach no fue presentado de manera formal ante el ministerio. Una vez que ingrese, se estudiará, se clasificará y se hará la evaluación ambiental correspondiente para ver si la iniciativa se aprueba o no, agregó el ministro.

Debate pendiente

Consultado respecto al crecimiento urbano que ha tenido Maldonado en la última década, Peña reconoció que el departamento “es una zona de mucha tensión entre el desarrollo inmobiliario y el ambiente”. En ese sentido, indicó que es uno de los lugares “donde más claro se ve ese conflicto”, por lo que el ministerio “obviamente tiene su preocupación” sobre estos temas.

Hoy en día, la mayor parte de la costa uruguaya ya está fraccionada y es propiedad privada. En ese marco, existen derechos de propiedad adquiridos “sobre zonas donde quizás no es lo ideal construir”, comentó el ministro. Y aunque existe una Ley de Ordenamiento Territorial y normativas ambientales, “no se puede prohibir la construcción en áreas donde hay un derecho de propiedad”, agregó.

“Claramente Uruguay se debe un debate sobre el desarrollo de las costas y sobre qué va a hacer con sus costas (…). El tema necesita de un debate con amplia base de discusión integrado por el ministerio, los legisladores, la academia y las intendencias, sobre todo en un marco de aumento del nivel medio del mar”, señaló.

Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo a Búsqueda que la ley actual “puede ser cuestionable”, en el sentido de que el derecho de propiedad se limita siempre que haya una “previa y justa compensación”. Peña compartió este punto y señaló que lo que debería pasar es que el Estado expropiara un terreno en esa situación.

Amarilla aseguró que se dan muchas situaciones similares en el país respecto a la construcción en predios costeros, desde Bella Unión hasta el Chuy. “En Río Negro cerca de Fray Bentos hay muchos líos parecidos”, mencionó, y aseguró que “hay tensiones de esta magnitud” en toda la costa.

Respecto al desarrollo urbanístico del departamento y las críticas recibidas, Laguarda dijo a Búsqueda que desde la intendencia siempre se ha dado “estricto cumplimiento” en lo que refiere al ordenamiento territorial. Y si bien se han “admitido ciertas excepciones o se han aprobado cosas que faltaban en algún punto a la ordenanza”, indicó que eso “no significa que no se hayan respetado o se hayan transgredido los planes de ordenamiento territorial”.

“Creo que eso es algo que se confunde, cuando lo que se está queriendo atacar son obras que se aprobaron con el visto bueno de la junta y en las que se han considerado todos los aspectos, como densidad, servicios de infraestructura, alturas en la zona, etc.”, argumentó.

Además, agregó la arquitecta, Maldonado ha sido históricamente uno de los departamentos “que más instrumentos” de ordenamiento territorial ha tenido, al ser un sitio “que crece permanentemente y donde se dado un crecimiento guiado, que no es casualidad”, explicó.

Consultada sobre Marina Beach, la directora se refirió a los cuatro lotes en discusión; afirmó que la asesoría jurídica de la IDM comprobó que, pese a no estar cercados, se trata de terrenos privados que van hasta el borde del agua, al igual que muchos otros donde ya se han realizado construcciones. Y por otro lado, dijo que los predios están entre dos urbanizaciones, no en una zona natural, donde además hay mucha vegetación exótica como consecuencia del bosque cercano.

“Los temas ambientales están todos explicados y no fueron observados por el Ministerio de Ambiente”, cerró.