Nº 2087 - 3 al 9 de Setiembre de 2020
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáMuchos de sus colegas policías los repudian y los señalan como traidores. Adecuado adjetivo calificativo, pero insuficiente para quienes deshonran el uniforme policial, fomentan la inseguridad y siembran desconfianza en el ciudadano. Es mucho más que una traición. Algunos por corporativismo o una promiscua solidaridad se hacen los distraídos y esconden bajo la alfombra las verdades corruptas. Temen que los señalen como chivatos o batidores y que ellos o sus familias sufran represalias.
Para calificar a esos corruptos hay diversos vocablos. Pero con sus acciones los desnuda con elocuencia uno breve y terminante: ratas. Así los señalan en algunos cuerpos de Asuntos Internos de varios países. Por indagar sin concesiones en busca de los corruptos se destaca Estados Unidos, donde se conoce a esos investigadores internos como equipo antirratas.
La historia de ratas en la policía uruguaya no es nueva y abarca desde coimas por hacer la vista gorda, falsificar órdenes de allanamiento, tráfico de drogas y armas, contrabando, abuso de poder, torturas, hasta encubrir homicidios. Algunos fueron imputados recientemente por la Justicia y otros han sido condenados en los últimos años, pero varios siguen en sus puestos. El actual sistema no tiene la eficacia necesaria.
Esta compleja cuestión ha ocasionado preocupación en el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Su presidenta, Patricia Rodríguez —con una trayectoria sindical de particular energía y profesionalismo—, y el abogado del sindicato, el penalista Andrés Ojeda —con argumentos legales de peso—, pretenden ampliar las garantías en la investigación. Para ello le plantearon al fiscal de Corte, Jorge Díaz, la necesidad de establecer una fiscalía policial que complemente o intervenga en los casos que investiguen otras dependencias del Ministerio del Interior o la Dirección de Asuntos Internos. Una propuesta sensata y necesaria para garantizar resultados. Un camino para evitar el corporativismo policial y que la gente confunda a las ratas con los buenos funcionarios.
“Como sindicato policial tenemos una responsabilidad extra que tiene que ver con denuncias que nos vienen de diferentes departamentos por parte de compañeros, que muchas veces tienen que ver con corrupción interna y que los buenos funcionarios policiales quieren evidenciar o tener un canal más objetivo y garantista para poder denunciar”, argumentó Rodríguez durante una conferencia de prensa posterior al encuentro con Díaz.
Fue reveladora: “En ocasiones ocurre un efecto boomerang al realizar las denuncias que terminan en acoso laboral contra aquellos que realizan la denuncia”. No lo dijo con todas las letras, pero está claro que el sindicato considera que el actual sistema no funciona bien y es necesario un camino más garantista por encima de su jerarcas o compañeros.
Ojeda me comentó que habrá que afinar para encontrar los mejores instrumentos para mejores resultados. “Hoy los policías no tienen dónde denunciar salvo en el Ministerio del Interior y en Asuntos Internos, que no funciona de la mejor manera. Si hubiese un canal seguro habría más denuncias y se podría golpear más fuerte a la corrupción policial”, dijo.
Por ahora, aparte de la severidad expresada por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para investigar a fondo esos casos la corrupción está en manos de la Dirección de Asuntos Internos, que se creó en 2008 con la Ley Nº 18.362. La intención fue buena. Transformó el cargo de fiscal de Policía en el de director de la nueva repartición, que depende directamente del ministro y tiene competencia nacional.
El fiscal de Corte se mostró receptivo al pedido de Rodríguez y Ojeda, aunque sin pronunciarse por el camino para darle más garantías a los denunciantes y a los policías honestos.
“Tenemos que ver cuáles son los instrumentos para conseguir el mejor resultado. Analizamos distintas posibilidades. Una es un canal de comunicación eficiente y seguro, la distribución de competencias de las fiscalías en las distintas investigaciones que tienen que ver con policías y ofrecer la posibilidad de un canal seguro y con garantías para hacer la denuncia”. La cuestión es tener un instrumento para “poder identificar si existen problemas y malos policías que sean investigados y aquel que es desleal, que usa su uniforme para cometer un delito, sea investigado y sancionado”, comentó Díaz en Radio Universal.
¡Eso mismo! Hay que buscar rápidamente ese canal garantista, porque el tiempo pasa y las ratas quedan y medran. Una gran ventaja de Díaz sobre esta cuestión es que antes de su actual cargo se desempeñó como juez penal y como juez de crimen organizado. Por esos antecedentes conoce de sobra las guaridas de las ratas y cómo operan quienes los protegen.
En las 19 jefaturas departamentales del Ministerio del Interior trabajan casi 15.000 policías ejecutivos. La mayoría, especialmente en Montevideo, por falta de recursos se ven forzados a vivir en zonas marginales rodeados de delincuentes. Sin embargo, comparativamente con el número total y ese hándicap habitacional, las ratas son pocas. Pero esas zonas son un caldo de cultivo para la corrupción. En consecuencia, además de fortalecer las investigaciones sobre los corruptos es necesario que esa amplia mayoría honesta disponga de viviendas en lugares adecuados. Es una responsabilidad del gobierno nacional.