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Miguel Ángel Toma, exsecretario de Presidencia durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, iniciará demandas civiles contra quienes lo “difamaron e injuriaron” en redes sociales y medios de comunicación luego de que se conociera que había realizado viajes oficiales a Washington y Roma junto con una funcionaria de la Secretaría Antilavado, presuntamente sin una debida justificación.
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Luego de que Búsqueda y el programa Así nos va publicaran información sobre los viajes y sobre una investigación de la Junta Anticorrupción, Presidencia de la República resolvió iniciar una investigación administrativa que derivó en un sumario a Toma con separación del cargo de fiscal de Gobierno por seis meses, por constatar presuntos “hechos irregulares” en su conducta.
El abogado de Toma, Daniel Ochs, confirmó a Búsqueda que el exjerarca tiene resuelto iniciar acciones civiles por daños y perjuicios debido a las difamaciones de las que considera que fue víctima, aunque no precisó quiénes serán las personas demandadas.
Toma también evaluó demandar al presidente Luis Lacalle Pou, informaron a Búsqueda fuentes políticas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia nacional consideran, mayoritariamente, que no es posible iniciar un reclamo directamente contra un funcionario público, sino que debe ser contra la oficina estatal que corresponda (la que luego puede repetir contra el funcionario si entiende que tuvo responsabilidad). Por eso, por el momento decidió no hacerlo y está evaluando alternativas, indicaron las fuentes.
Entre ellas, el jerarca estudia acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para demandar al Estado uruguayo por las presuntas violaciones al debido proceso cometidas en la investigación en su contra.
Por otra parte, el abogado Ochs informó que el miércoles 7 presentó un escrito en Presidencia reclamando que se cumpla el fallo emitido por el juez de lo Contencioso Administrativo Javier Gandini el lunes 5. En la sentencia, el magistrado hizo lugar a un recurso de amparo presentado por Toma debido a una “omisión manifiestamente ilegítima” de Presidencia en la tramitación de un pedido de recusación que el exjerarca presentó contra el presidente Lacalle Pou, según informó la diaria el martes 6.
El planteo de que el mandatario se abstenga de intervenir en el sumario administrativo —debido a que Toma entiende que lo “prejuzgó” en declaraciones públicas— fue desestimado por Presidencia. Según Toma, la decisión se tomó de forma ilegítima porque no se le dio vista previa ni tuvo derecho a proponer prueba y por eso acudió a la Justicia para que le ordene a Presidencia tramitar su pedido de forma ajustada al debido proceso.
El juez Gandini hizo lugar a ese planteo y ordenó a la oficina estatal suspender la resolución que desestimó el pedido de Toma e “instruir el incidente de recusación respetándose el debido procedimiento administrativo”, según indica el fallo.
Ochs dijo a Búsqueda que como se trata de un proceso de amparo —que prevé plazos rápidos— la sentencia debe cumplirse en 24 horas y que, sin embargo, Presidencia aún no lo hizo. Por eso presentó una petición reclamando el cumplimiento del fallo. El abogado indicó que si el Estado no acata acudirán nuevamente al juez para que intime a cumplirlo.
Mientras tanto, el gobierno decidió que apelará la decisión del juez Gandini, según informó el diario El País. La apelación, de todos modos, no tiene efecto suspensivo sobre la sentencia, precisó Ochs.
Por otra parte, el abogado informó que presentará un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la resolución de Presidencia que desestimó el pedido de Toma de investigar presuntas filtraciones a la prensa sobre la investigación administrativa.
